En el caso de que el gobernador Alfredo Cornejo dé luz verde a la reglamentación de la normativa, todos los procedimientos en los que el Estado Provincial deba intervenir para garantizar sus derechos fundamentales a niños, niñas y adolescentes tendrán una impronta más acorde a las necesidades actuales, pero además se buscará “reordenar” el sistema priorizando el interés superior de las personas menores de 18 años. Este jueves, de hecho, la Legislatura Provincial aprobó la ley que establece el Sistema Integral de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con el cual se busca, entre otros aspectos, efectivizar el funcionamiento de todas las áreas involucradas en la temática infantojuvenil.

La nueva norma, además, viene a sentar las bases para que la provincia esté en sintonía con las leyes, tratados y convenciones internacionales establecidas a nivel nacional e internacional para proteger a los niños, niñas y adolescentes.

Luego de al menos 67 modificaciones realizadas al texto que llegó desde la Cámara de Diputados hace dos meses y medio, Senadores aprobó el proyecto de ley con 33 votos a favor y dos abstenciones. Una vez que el Gobierno provincial reglamente la normativa, el plazo para la aplicación efectiva es de 30 días.

“En Mendoza no había un régimen. A partir de ahora, se quiere integrar derechos y dejar en claro tanto los procedimientos como las medidas de protección para cuidar que se respeten los derechos de todos/as los menores de edad”, aseguró a Unidiversidad Claudia Salas, presidenta de la Comisión Bicameral de Familia, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Senadores. Salas detalló que desde hace tiempo se viene trabajando con todas las áreas, instituciones y entidades relacionadas con la niñez y la adolescencia para lograr la nueva legislación. “Se busca lograr una reestructuración del sistema, de manera que se seguirá trabajando con los mismos profesionales.

En este sentido, la normativa establece que el Estado provincial tendrá la obligación de priorizar sus recursos humanos, materiales y financieros para proteger y auxiliar a niños, niñas y adolescentes frente a cualquier circunstancia. Por otra parte, se deberá establecer un presupuesto destinado a niñez en forma anual que no podrá nunca ser inferior al año anterior al que se esté cursando.

Cambio estructural

Los nombres y configuración de los órganos intervinientes en los casos en los que se vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes también se modificarán. La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) se transformará en la Dirección General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Esta dependencia deberá estar descentralizada y quedará a cargo de un/una director/a con experiencia y conocimientos en materia de niñez y adolescencia. Estará en la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social.

A su vez, esta área estará conformada por tres entes más: la Dirección de Protección y Restitución de Derechos, la Dirección de Cuidados Alternativos (que deberá brindar alojamiento a los niños y niñas que por medidas excepcionales fueron alejados de sus familias) y el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia (cuerpo consultivo en la materia). Todos, en conjunto, tendrán la obligación de aplicar, diseñar y ejecutar las políticas públicas relacionadas con la infancia en Mendoza.

Por otra parte, se establece la creación de Centros de Desarrollo Infantil y Familiar y Centros de Desarrollo Infantil (destinados a niños y niñas de hasta doce años que viven en zonas vulnerables), a los que se sumará un Centro de Primera Infancia y los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, que deberán intervenir en todas las situaciones de maltrato, negligencia y vulneración de derechos.

Estos últimos deberán trabajar las 24 horas los 365 días del año, en tanto que todas las áreas deberán funcionar de manera coordinada y ágil para resolver los hechos en los cuales se vean vulnerados los derechos de los/las menores. En todos los casos, las áreas involucradas tendrán la obligación de crear protocolos de actuación interna para tomar las medidas más acordes a las necesidades de la infancia. En todos los casos, las actividades en estos centros deberán atender a las premisas relativas al cuidado de la salud, la estimulación temprana y la alimentación saludable.