El plan de lucha contra la corrupción es un proceso largo, arduo y desgastante que requiere cambios sociales e institucionales estructurales. Por ello, la participación de sectores que funcionan por fuera del gobierno es uno de los puntos clave para avanzar hacia la transparencia. 

En este contexto, Mendoza aparece en posición privilegiada en relación al resto de las provincias en materia de acceso a la información. Después de la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza tiene la mayor calidad normativa del país, según el análisis del Banco Mundial sobre los marcos legales provinciales que regulan el acceso a la información.

De hecho, la provincia cuenta desde el año pasado con una ley de Acceso a la Información, que contempla la idea de transparencia activa al obligar a los organismos del Estado Provincial a publicar grandes cantidades de información más allá de que existan o no pedidos de concretos. La Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de la provincia es el organismo encargado de controlar la información.

El rol de las OSC

El papel que ejecutan las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) juegan un rol fundamental en la lucha anticorrupción, ya que influyen directamente sobre la opinión pública.

A su vez, las OSC de nuestro país han demostrado una amplia capacidad de coordinación respecto a la promoción de las ideas de buen gobierno y transparencia, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Este impulso se vio cristalizado en 2017 con la conformación de la Red de Organizaciones Contra la Corrupción (ROCC), en la cual participan ocho OSC que de cinco provincias: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y Mendoza.

Los datos del Índice de Acceso a la Información Pública de cada provincia.  Foto: Captura de Twitter.

El informe