Los abogados de 200 víctimas del terrorismo de Estado en Mendoza solicitaron prisión perpetua para los exjueces federales Otilio Roque Romano, Luis Miret, Guillermo Petra y Rolando Carrizo por haber sido partícipes primarios en los crímenes, torturas y desapariciones forzadas, y por haber posibilitado una “zona judicial liberada que propició la impunidad”.

Los cuatro exmagistrados forman parte del grupo de 34 imputados en la denominada Megacausa, que comenzó el 17 de febrero de 2014 y en la que se acumularon 20 causas por delitos de lesa humanidad. Son juzgados por las detenciones ilegales, desapariciones, asesinatos, torturas y por la apropiación de un menor.

La Megacausa tiene gran relevancia a nivel nacional e internacional, ya que se juzga la complicidad de los civiles en los delitos de lesa humanidad, incluyendo a los jueces federales. Ayer (lunes 7 de marzo) estuvo en el tribunal el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, lo que significó el apoyo explícito del gobierno nacional a la continuidad de los juicios.

Zona de impunidad

En una sala colmada (el juicio es público), los jueces del Tribunal Oral N.º 2 y los acusados escucharon los alegatos de los defensores de las víctimas, Pablo Salinas, Viviana Beigel, Diego Lavado y Carlos Varela, todos del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

Beigel aseguró que la Justicia Federal de Mendoza fue parte del régimen ilegal, cuyo objetivo fue aniquilar a quienes denominaron subversivos. Dijo que los magistrados impulsaron las causas contra los detenidos y que no investigaron ninguna de las detenciones ilegales, lo que, señaló, produjo una verdadera zona liberada que generó impunidad.

Para demostrar la participación que tuvieron los cuatro magistrados acusados, la abogada enumeró las causas en las que no investigaron las detenciones y rechazaron los Habeas corpus presentados por las familias de las víctimas: Francisco Alfredo Escamez, Daniel Romero y Víctor Hugo Herrera, Pedro Giuliani, Juan Carlos Nievas, Mario Gaitán, Edith Arito, Alberto Scafatti, Héctor Eduardo Mur, Elena Bustos de Mur y Ángel Bustelo, todos detenidos en forma ilegal. Beigel resaltó la figura de Bustelo, abogado, escritor, quien fue detenido en forma ilegal, torturado y a quien el juez Romano le inició una causa por haber encontrado en su estudio folletos de solidaridad contra el golpe de Estado en Chile.

Beigel pidió además que el tribunal solicite a los medios de comunicación –especialmente a diario Los Andes– un acto de reparación histórica por las crónicas de las detenciones, donde se tergiversaron los motivos o las circunstancias de las mismas.

Minutos después, Diego Lavado hizo una síntesis de los delitos que se imputan a los jueces, siempre en carácter de participación criminal primaria, ya que entendió que se ocultó un delito para propiciar la impunidad de quienes lo perpetraron. Todos enfrentan cargos por homicidios agravados, privaciones ilegítimas de la libertad, algunas agravadas por las torturas y por realizarse durante más de un mes, y tormentos agravados por la condición de presos políticos de los detenidos. Algunos enfrentan también penas por robos y violaciones.

Luego, Salinas aseguró que los jueces acusados propiciaron una zona judicial liberada, que jamás investigaban las detenciones ilegales ni las torturas y que garantizaron la impunidad. Además, recalcó que los magistrados adhirieron libremente a la Doctrina de la Seguridad Nacional.

El encargado de concluir el alegato fue Lavado. Hizo un repaso de cómo se sucedieron los juicios, tras la llegada de la democracia en 1983. Dijo que desde ese momento, las causas –más allá de los vaivenes políticos– siempre fueron impulsadas por la decisión innegociable de la sociedad de buscar justicia y castigo para los culpables, tantos de las fuerzas de seguridad como de los civiles.

El abogado se preguntó ante los jueces cuál es la función de una sentencia contra los cómplices de los delitos de lesa humanaidad. Compartió las reflexiones de especialistas del derecho y de escritores y concluyó que las condenas evitan que los hechos se repitan, prueban –con todos los pasos judiciales– los delitos que se imputan y cumplen una función de purificación institucional, ya que no todos son responsables en el Poder Judicial o las Fuerzas Armadas, sino que brindan certeza sobre las personas que permitieron la impunidad.

Lavado aseguró que los juicios significan un reconocimiento de los derechos de las víctimas, pero que también le devuelven humanidad a los victimarios, ya que a diferencia de lo que ellos propiciaron, son juzgados en el marco de los ley y del respeto por sus derechos. El abogado solicitó finalmente la pena de prisión perpetua para los cuatro jueces imputados: Otilio Roque Romano, Luis Miret, Guillermo Petra y Rolando Carrizo, a quienes consideró como piezas clave para lograr una zona liberada judicial en Mendoza, que garantizó la impunidad.