El presidente Mauricio Macri tendrá la última palabra acerca de la construcción de la presa Portezuelo del Viento, ya que debe decidir respecto del arbitraje que solicitó la provincia de La Pampa en el seno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco). Así lo confirmó el diputado Gustavo Villegas (UCR), hombre de confianza del gobernador Alfredo Cornejo en este tema.

Villegas participó como representante del Ejecutivo en una nueva reunión del Coirco, en la que se dio un paso más para avanzar en la concreción de la obra que se emplazará en Malargüe. Por cuatro votos a favor y uno en contra (de La Pampa), se aprobó el plan de manejo del dique, lo que se sumó al visto bueno del plan de llenado de la presa, que se obtuvo en el anterior encuentro.

El Coirco reúne a los cinco gobernadores de las provincias que conforman la cuenca del Río Colorado: Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro. El comité tiene injerencia en las obras que se realicen en cualquier punto del río. Es por esto que están analizando el proyecto de Portezuelo, ya que la obra se emplazará sobre el río Grande, principal afluente del Colorado.

Villegas explicó que Mendoza mantiene la jurisdicción sobre el dique, mientras que el Coirco controlará, entre otros aspectos, que se respete el caudal mínimo de agua que deberá recibir cada provincia.

El diputado aseguró que la aprobación de estos planes es un paso administrativo esencial para la concreción de la obra, pero advirtió que la última palabra la tiene el Presidente. Esto, debido a que el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, pidió un arbitraje respecto de la Resolución 70 del Coirco, que, entre otros aspectos, plantea que cuando se reúnen los gobernadores en el comité Ejecutivo de ese ente, sólo se necesita mayoría simple para aprobar una resolución.

Villegas comentó que La Pampa solicitó el arbitraje presidencial con base en dos puntos: que Mendoza incumplió con todos los tratados que firmó con su provincia –entre ellos se nombra el conflicto por el río Atuel–, y cuestiona la forma en que se aprueba una resolución en el comité ejecutivo –que es el que forman los gobernadores–.

Si Macri le da el visto bueno a la Resolución 70, que es la que cuestiona La Pampa, el proceso de la obra seguirá adelante con dos pasos: llamar a licitación, la aprobación del estudio de impacto ambiental de la obra por parte de la Legislatura mendocina, además de un informe sobre ese impacto que se concretará en el seno del Coirco.
 

La obra, en manos de la Nación

Hace años que los distintos gobiernos mendocinos prometen la realización de esta obra, que prevé optimizar la utilización del agua, la generación de energía y la creación de un polo turístico.

En 2007 el expresidente Néstor Kirchner y el exgobernador Julio Cobos firmaron un acuerdo extrajudicial para la construcción de la presa, en compensación por los perjuicios ocasionados por la promoción industrial otorgada a San Luis, por los que Mendoza demandó judicialmente a la Nación. Ese acuerdo vencía en 2017, pero meses antes ambas partes rubricaron uno nuevo, cuyos puntos centrales fueron que la Nación se haría cargo de la obra, es decir, del llamado a licitación y del aporte de fondos, mientras la Provincia debería aportar toda la documentación necesaria sobre el proyecto.

Villegas aseguró que esperan el visto bueno de Macri para continuar con el proceso y lograr la realización de una obra que aportará gran cantidad de energía al sistema interconectado. Pero advirtió que si el arbitraje fuera desfavorable, sería un enorme paso atrás, no sólo para Mendoza, sino para las cinco provincias que se podrán beneficiar con la instalación de la presa.

El río Colorado pasa por cinco provincias: Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Nequén y Río Negro. Imagen: Coirco.