"Fue a la mañana, tempranito me levantaron de ese hogar de menores. A mí me trajeron en una combi de niños, entonces no parecía un movimiento de seguridad. Entramos, subimos por el ascensor, salimos; tengo la idea de que inmediatamente vi a mis compañeros. Había bancos de madera y estaban todos sentados acá. No quise mirarlos mucho, fue doloroso verles las caras. Prudencio Mochi tenía la pierna herida. Estaban también Eduardo Glogowski, Susana Liggera, Raquel Miranda. Y había otra gente, padres, lo que decía Miret el otro día, que no tenían nada que ver y fueron dejados en libertad en ese momento. Mi madre también los vio. Me llevaron hasta ahí, entré por acá… este pasillo lo he hecho como un túnel. Entré derecho y adentro me empezó a gritar de una Miret. Ahí estaba el escritorio con el secretario y, claro, mis padres han entrado a mis espaldas, porque esa puerta estaba cerrada":

De a retazos, a medida que recorría las habitaciones y pasillos, firme, segura y espontánea fue la reconstrucción que Luz Amanda Faingold, víctima del terrorismo de Estado, hizo del sitio y momento donde 38 años y medio atrás –cuando tenía 17– fue indagada por el juez que ordenó su detención, avaló que fuera torturada y violada por efectivos del D2, la mantuvo incomunicada de sus padres y omitió investigar la denuncia de esos hechos. El antiguo Juzgado Federal está abandonado desde hace años y no posee luz artificial; la inspección se hizo entre la penumbra y el atardecer que dejaban entrever las numerosas ventanas de la docena de salas del edificio. Polvo y huellas de estrados, y de pesados escritorios, fueron la impronta del recorrido, en tanto que en el ala que da a calle 9 de Julio –que era por entonces la del acceso público a través de un ascensor–el abandono añadió detalles macabros, con el piso cubierto de excrementos y cuerpos de palomas. Allí, Luz, en el centro de una vacía habitación a media luz, parada, curiosa, sensible, con el recuerdo vívido de “mis padres, mis compañeros, el juez”, se encontró con la memoria física, palpable, de hechos que incidieron para siempre en su vida, como la detención por tres semanas en las mazmorras del terrorismo estatal y el consiguiente exilio siendo una niña. Luz, en el centro de una habitación, en la Secretaría Penal A del Juzgado Federal de Mendoza, donde hace 38 años y medio fue indagada por el hoy acusado exjuez Miret.

Mirta Paglioco y Edgardo García ingresaron en 1974 y 1975, respectivamente, al Juzgado Federal. Durante décadas continuaron como empleados y, dados sus conocimientos del ámbito y del edificio en el que trabajaron hasta 1982 cuando se mudaron a dependencias de la Cámara Federal, fueron las personas elegidas por el TOF 1 para orientar la inspección ocular. Así, con la participación de la víctima, de otros testigos y de las partes, sobre todo a través de los doctores Dante Vega, de la Fiscalía; de Sergio Salinas, querellante por el MEDH; y de los magistrados Alejandro Piña, Raúl Fourcade y Juan González Macías, se obtuvo una cabal reconstrucción de la dinámica y los actores del antiguo Juzgado, así como detalles sobre las indagatorias que se le hacían a las personas detenidas y trasladadas desde el D2. El juzgado ocupaba todo el segundo piso y estructuralmente consistía en una "L", cuya ala norte pertenecía a la “parte civil”, en tanto que el ala este correspondía a la “parte penal”. “Habilitación” se llamaba el paso que comunicaba a las dos alas, donde se encontraban por un lado la Secretaría Administrativa, la Secretaría del Juzgado, Fiscalía, Defensoría y el despacho del juez; y por el otro, las secretarías penales A y B, con sus respectivas prosecretarías y mesa de entradas.

El doctor Alejandro Piña, presidente del Tribunal, junto a testigos, funcionarios y representantes de las partes.

Miret indaga

El 28 de agosto de 1975 fueron detenidos por la Policía de Mendoza León Eduardo Glogowski, Ismael Esteban Calvo, Blas Armando Yanzón y María Susana Liggera, en el marco de la persecución a un grupo de militantes de la Organización Comunista Poder Obrero –OCPO–, en lo que se conoce como causa “Fiscal contra Mochi, Prudencio, por infracción a la ley 20840”. La detención de Luz Amanda Faingold, de 17 años de edad, al día siguiente, fue el extremo de una serie de operativos promovidos desde la Justicia Federal, en ese caso por el juez Miret, y ejecutados por personal del D2, centro clandestino donde encerraron por aquellos días a decenas de personas y que por entonces comenzó a adquirir el grado de ilegalidad, organización y articulación para la represión que se desataría del todo meses después con el golpe de Estado. En el D2 fueron salvajemente torturados, e inclusive Luz Faingold fue abusada sexualmente, mientras permanecía incomunicada de sus desesperados padres.

Días después, ese grupo ya más numeroso fue trasladado en un fortísimo operativo de seguridad, a plena luz y a media mañana, al edificio céntrico donde funcionaba el Juzgado Federal, sobre calle Las Heras esquina 9 de Julio, vereda sur. Esposados y con visibles signos de las torturas recibidas, fueron indagados por el mismo Miret. Luz Faingold fue la primera y aún recuerda impresionada cómo el juez la maltrató, se mofó e ignoró la denuncia sobre su situación y las golpizas. En esa indagatoria, la mayoría denunció torturas y robos por parte de los policías del D2; inclusive León Glogowski confirmó los ataques sexuales a Luz, quien era su novia. El accionar de los funcionarios federales fue conjunto y lapidario: no investigar, prolongar las detenciones y archivar las causas. Hoy, Gabriel Fernando Guzzo, apartado del debate por motivos de salud; Rolando Evaristo Carrizo; Otilio Roque Romano y Luis Francisco Miret, están acusados de ser partícipes necesarios de las privaciones ilegítimas de la libertad y aplicación de torturas a ese grupo de militantes, indagados e indagadas en el antiguo Juzgado los primeros días de septiembre de 1975.

En el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de mayo de 2011, que resolvió ante apelaciones presentadas el procesamiento de los ex jueces federales Guzzo, Carrizo, Romano, Miret y Guillermo Petra Recabarren por sus responsabilidades en crímenes contra la humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar, se evalúan contundentemente los hechos investigados y se describe la indagatoria que recordó Luz Faingold al recorrer el antiguo Juzgado:

“… Indagatoria a partir de la cual Miret, en su carácter de juez federal, tomó conocimiento de la comisión de delitos en perjuicio de los detenidos pese a lo cual no promovió la investigación. El imputado Miret contaba con la versión directa de los testigos y los informes médicos que indicaban lesiones en los mismos. Además las víctimas puntualizaron que habían sido tabicadas desde el momento de su detención, permaneciendo así desde el momento de su traslado, encierro y tormentos. Inexplicablemente, el juez Miret los interrogó sobre si podían identificar a los autores, cuando sabía que habían estado privados de la visión por el tabicamiento. No obstante lo cual el imputado en su carácter de juez federal sabía o podía saber que los autores de tales tormentos eran integrantes del D2. Por otro lado, la versión del imputado de que por proteger a los detenidos de alguna represalia por parte de aquellos que los torturaron, “postergó” las investigaciones, es una confesión de que sabía de la existencia de los delitos cometidos en perjuicio de Glogowski, Liggera, Calvo y Yanzón, no obstante lo cual nunca subsanó dicha postergación, sencillamente porque nunca investigó. Por lo demás, tenía un claro conocimiento de a qué fuerza y funcionarios debía investigar, ya que los detenidos le informaron que eran policías del D2, y frente a ello, dolosamente infringió su deber de investigar”.

Respecto a la situación de Faingold, se pronuncia en el fallo: “La versión del imputado Miret de que, como en el caso anterior, no omitió investigar sino que postergó, resulta pueril e inaceptable. Ello, por cuanto en ningún momento posterior y mientras se desempeñó como juez federal procuró la investigación de estos hechos. Por el contrario, con un marcado activismo judicial que lo caracterizaba en su actuación contra los imputados en las causas por supuestas infracciones a la Ley 20840 –de represión de actividades subversivas–, ordenó el encierro de la joven Faingold, privándola del cuidado de sus padres, como consta en la causa principal, no realizando de su parte ni un solo acto jurisdiccional tendiente a la investigación de los delitos denunciados. A punto tal, que la restricción de la libertad que dispusiera sobre la joven Faingold fuera revocada por la Cámara Federal de aquella época, al ordenar la entrega de la menor de edad a sus padres, valorando los distintos informes psicológicos y psiquiátricos que recomendaban la entrega a sus progenitores, así como descartó por insustancial la circunstancia de que sus padres se encontrasen separados.”

Luminosa memoria

La cita del fallo también corrobora la falsedad de lo declarado por los exjueces en el marco del megajuicio. Tanto a través de la lectura de la indagatoria a Romano como por la extensa y reciente indagatoria a Miret, además del señalamiento que hicieron de la víctima por su “espíritu revolucionario” y su condición de “joven politizada”, hubo expresas y agraviantes consideraciones respecto de la particular y prejuiciosa interpretación que los funcionarios hacían de la situación familiar de la menor. “¿No se acuerda de mi mamá haciendo lío –porque no la dejaban entrar–, de mi mamá golpeando la puerta de esta oficina?”, preguntó Luz a Edgardo García una vez que confirmó cuál había sido la sala donde agresivamente Miret la interrogó, de pie y esposada, con sus padres sentados sufriendo detrás. “¿Usted se acuerda de la señora Tesoro Baeza?. Pariente de un juez, gracias a ella mis padres pudieron entrar acá, ella fue la única que nos ayudó”, dijo Luz unos minutos después a Mirta Paglioco.

Si bien mostraron incomodidad cuando el fiscal Dante Vega los inquirió acerca de si habían sido testigos de malos tratos a las víctimas en el Juzgado, el empleado y la empleada judicial ofrecieron muy buena voluntad, memoria y disposición para orientar el recorrido. Así, fueron aflorando nombres: “Acá estaba el secretario Parrellada”; “Allá, el señor Palumbo”; “Acá, el doctor Díaz, Plá, los secretarios Guiñazú y Rodríguez”; “Sayanca, el escribiente preferido del juez Guzzo”; y anécdotas tales como que “si uno llegaba tarde había que firmar el libro en el despacho delante del juez, era terrible”, que “para todo había que hacerse anunciar”, y que en una ocasión “la jefa de mesa de entradas le dijo al juez que vistieran adecuadamente a un joven detenido, porque lo habían traído descalzo y muy deteriorado, no se podía admitir recibir a una persona en esas condiciones”. Además, los eventuales testigos dieron clara cuenta de la dimensión y el despliegue de los dispositivos de seguridad que se realizaban cuando llevaban al Juzgado a declarar a contingentes de detenidas y detenidos políticos: se cortaba el tránsito, las sirenas atronaban durante toda la jornada, “había policías en el ascensor, en los accesos, en los pasillos, en la cocina, en el baño”;“mucha convulsión, soldados y armas”, y “la sensación era de temor; los chicos, que eran muy jovencitos, estaban apuntados y sentados en bancos, muy asustados”.

El mismo García situó definitivamente a Luz sobre el lugar exacto de su interrogatorio, en duda entre dos habitaciones contiguas y comunicadas que ocupan el ala este con ventanales hacia el oeste, es decir, hacia el interior de la manzana. “Esta es la Secretaría Penal A, acá se tomaban todas las indagatorias, al lado estaba la Prosecretaría, con muchos escritorios y personal. Sin dudas fue acá. Se lo digo además porque yo estuve en la audiencia principal, nosotros pasábamos, transitábamos, ahora recuerdo lo suyo. Incluso esa indagatoria la tomó el prosecretario Domingo Maurín, un señor gordito que está vivo. Él fue el escribiente”, aportó. “Claro, un señor gordito”, ratificó Luz.