Los sacerdotes Nicola Corradi (82) y Horacio Corbacho (56) sólo dejaron la cárcel de Boulogne Sur Mer por unas horas, ya que la Justicia les negó el pedido de prisión domiciliaria. Es decir que los curas acusados de abusar de niñas y niños hipoacúsicos en el Instituto Próvolo seguirán el proceso en su contra tras las rejas.

A las 9.15 y en medio de una fuerte custodia policial, ambos detenidos llegaron al Palacio Judicial. Corradi lo hizo en silla de ruedas, ya que argumentó problemas de salud.

Los imputados –que ya fueron señalados por 26 víctimas como autores de los abusos– ingresaron a la sala de debate oral. Allí los aguardaba la titular del 4.º Juzgado de Garantías, Alejandra Alonso; sus abogados, los de la querella y el fiscal Fabricio Sidoti, que hasta ese momento lideraba la causa, ya que al mediodía el Jury de Enjuiciamiento decidió aceptar la apertura del proceso en su contra por su actuación en el caso de Ayelén Arroyo.

La jueza escuchó a las partes, ya que se utilizó la modalidad de audiencia oral. Los abogados defensores pidieron la prisión domiciliaria con distintos fundamentos: en el caso de Corradi, por su edad y su estado de salud (tiene 82 años y la ley prevé esta posibilidad para los mayores de 70 años), y en el caso de Corbacho, porque entendieron que no había pruebas suficientes para que continúe detenido.

Por el otro lado, tanto el fiscal Sidoti como los abogados querellantes, –representados por el vicepresidente de la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Xumek), Sergio Salinas– pidieron que los curas permanezcan detenidos. Sus fundamentos para el caso de Corradi fueron que los informes médicos oficiales dan cuenta de que está en buen estado de salud, que existe el peligro de que amenace a las víctimas, de que se ponga en contacto con las autoridades de la Congregación y se fugue. En cuando a Corbacho, adujeron que la acusación está bien fundamentada y con suficientes pruebas.

Durante las exposiciones, los curas guardaron silencio y se mantuvieron con la cabeza gacha, según contaron los abogados querellantes, ya que la prensa no ingresó a la sala.

Los defensores de los sacerdotes ofrecieron como lugar para que cumplieran la detención domiciliaria el edificio del Instituto Próvolo, en Luján, justamente el mismo sitio donde están acusados de cometer abusos reiterados contras los pequeños.

Luego de escuchar a las partes, la jueza pidió un cuarto intermedio hasta el mediodía para tomar su decisión. A las 13.30 todos volvieron a la sala, aunque Corradi lo hizo caminando y no en silla de ruedas como llegó. Los acusados permanecieron en silencio, aun cuando les preguntaron si querían decir algo. Poco después, la jueza dio a conocer su decisión de negarles la prisión domiciliaria. Su fundamento fue el riesgo de que amedrenten de algún modo a las víctimas y a sus familias.

Minutos más tarde, ambos sacerdotes salieron de la sala fuertemente custodiados y fueron trasladados nuevamente al penal, desde donde seguirán el proceso en su contra.

Sergio Salinas, abogado querellante, dijo que el pedido que hicieron y la resolución de la jueza están dentro de la legalidad, al tiempo que destacó que siguen abogando por contar con una prisión digna para cualquier interno, sean los sacerdotes o cualquier otro.

El fiscal adjunto, Fernando Guzzo, confirmó que los abogados defensores de los curas dijeron que apelarán ante la Cámara la medida que tomó la jueza de Garantías.
 

Sidoti suspendido

Mientras en el segundo piso de Tribunales la jueza denegó el pedido a los curas, en el cuarto piso los miembros del Jury de Enjuiciamiento decidieron suspender al fiscal Sidoti, ya que entendieron que existen razones suficientes para iniciar un proceso en su contra por su actuación en el caso de Ayelén Arroyo, la chica que acusó a su padre de abuso y que hoy es el principal acusado de su asesinato. Los abogados querellantes deslizaron su temor de que la suspensión de Sidoti signifique retrasos en la causa por los abusos en el Próvolo, ya que el hombre lideró la investigación desde su inicio.

Quizás por estos temores que muchos comentaron en Tribunales, poco después de conocer la decisión del Jury, el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, dejó en claro que la causa del Próvolo no tendrá ningún atraso y que quedará en manos del fiscal Gustavo Stroppiana, con la colaboración de Guzzo. Dijo que ambos conocen la causa, ya que trabajaron junto con Sidoti desde el inicio.

Gullé se mostró molesto, ya que aseguró que algunas personas dijeron que manipularon la causa del Próvolo al poner al frente a Sidoti cuando enfrentaba un pedido de Jury. “Nosotros no manipulamos nada, Sidoti estaba de turno y tenía competencia territorial”, fueron los dichos del jefe de los fiscales.

En cuanto a la decisión del Jury, se excusó de dar una opinión y recalcó que seguirá adelante el proceso que puede resultar con el sobreseimiento o la destitución de Sidoti. Aseguró que si la Legislatura aprueba el proyecto que prevé penas intermedias, se podrá optar también por esas sanciones.

Stroppiana lleva años de trabajo en el Poder Judicial y es fiscal en la Unidad Luján-Maipú, donde ingresó la denuncia del Próvolo. Ahora deberá liderar una investigación en la que hay cinco imputados y detenidos (los curas y Jorge Bordón, José Luis Ojeda y Armando Gómez) a los que 26 víctimas ya señalaron ante la Justicia como autores de las vejaciones.

Sidoti será suspendido y enjuiciado