Después de siete años de implementación en Mendoza de la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, los integrantes de la Comisión Bicameral de Niñez, Adolescencia y Familia elaboran un proyecto para adecuar la norma provincial a la nacional. La modificación no es un mero formalismo, sino que determinará las competencias y responsabilidades de cada uno de los organismos que forman parte del sistema que debe velar por los derechos de la niñez.

La titular de la Comisión, la diputada Sonia Carmona (FPV), dijo que la intención era presentar el borrador del proyecto durante el transcurso del mes, con el objetivo de que los integrantes de los órganos intervinientes, tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo y de las organizaciones de la sociedad civil, pudieran realizar los aportes que creyeran convenientes.

Un grupo de diputadas que conforman la comisión (los y las senadores/as faltaron a la cita) se reunieron con autoridades para analizar distintos aspectos del proyecto, específicamente con Andrea Lazo, inspectora de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia; Milagros Noli, directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, y Marianela Ripa, del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos.

En el encuentro discutieron diversos aspectos relacionados con la adecuación de la Ley Provincial de Niñez (6354) a la norma nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (26061). Analizaron las dificultades que tenía el sistema que debía velar por los pequeños, la falta de coordinación entre las áreas y de determinación de competencias, así como la inclusión de la figura del defensor de niños y niñas.

Dos paradigmas

La Ley Provincial de Niñez, con la que Mendoza fue pionera en el país en esta materia, responde a un paradigma distinto al de la nueva ley. Por eso es necesario adecuarla a la norma nacional y determinar las responsabilidades de cada actor del sistema. 

La Ley 26061 fue aprobada por el Congreso a fines del 2005 y puede ser considerada como la reglamentación de los postulados previstos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a la que Argentina adhirió e incorporó al bloque constitucional en 1994.

La ley intentó dejar atrás cien años de patronato y cambiar la idea del niño o niña como objeto de tutela del Estado para pasar a verlo como un sujeto de derechos. Uno de sus aspectos significativos es la “desjudicialización” de la infancia, teniendo en cuenta que la mayoría de los problemas que la aquejan son económicos, sociales y culturales y que los mismos no son competencia del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo, quien debe poner en marcha políticas públicas para solucionarlos. Es decir, que a partir de la nueva norma, un pequeño no puede ser judicializado porque está en situación de pobreza, porque no tiene casa o no va a la escuela, sino que es el Poder Ejecutivo el que debe poner en marcha mecanismos que le restituyan esos derechos. Además, no debe ser judicializado porque no hizo nada malo, él es la víctima.

En Mendoza, la aplicación se hizo en forma paulatina, ya que la Suprema Corte de Justicia sacó una acordada que suspendió su aplicación hasta tanto se pusieran en marcha los mecanismos procedimentales para hacerla efectiva. El cambio era sustancial: la problemática ya no dependería de los jueces –que sólo intervendrían en algunos casos, como en controlar la legalidad de medidas excepcionales, como la separación de un niño de su hogar–, sino del Ejecutivo.

Luego de la decisión de la Corte, comenzó a trabajar una comisión de expertos que fijó los lineamientos de la implementación de la ley, que se efectivizó en 2008 con la firma de un protocolo entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

Desde ese momento se puso en marcha un sistema articulado por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), cuya cabeza es el Órgano Administrador Local (OAL), y los servicios de protección de derechos ubicados en los departamentos. A ese entramado se suman las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y la comunidad, ya que la norma plantea que todos somos responsables de velar por los derechos de los niños: los vecinos, los maestros y maestras, o cualquiera que detecte un problema.

Las falencias del sistema

A lo largo de los años fueron múltiples las críticas y las denuncias por las falencias del sistema, cuya comprobación irreparable fue la muerte de niños y niñas, aún cuando se realizaron intervenciones para protegerlos.

El 7 de enero de 2014 murió la pequeña Luciana Rodríguez debido a múltiples lesiones, según los resultados de la autopsia. Pocas horas después fueron detenidos su madre y su padrastro, y seis trabajadores de la Dinaf fueron imputados por la fiscal de Delitos Complejos, Claudio Ríos, quien actúa en la causa.

Unos días después, la Justicia comprobó que existían más de diez denuncias por los maltratos que sufría la pequeña.

Frente a esta comprobación irrefutable, el gobernador Francisco Pérez firmó el decreto 105/14, en el que instó a todos los integrantes del sistema de protección a trabajar en forma articulada y a revisar sus prácticas. 

En ese momento también aseguró que el sistema estaba saturado. A lo largo de 2013 la OAL realizó 27 600 intervenciones, 30 por ciento más que en 2012, relacionadas con múltiples conflictos familiares y, en los adolescentes, con el consumo de sustancias prohibidas.

El resultado de la revisión de esas prácticas se plasmó en un Pacto por la Niñez, firmado por la mayoría de los integrantes del sistema de protección. Algunos de los puntos incluidos fueron: trabajar con un legajo único, ya que se confeccionaba uno por cada ministerio, con lo cual era imposible tener una visión completa del problema; pasar la línea 102 desde la órbita del Ministerio de Salud a Desarrollo Social, y reforzar el sistema de protección con personal especializado, además de extenderlo a toda la provincia, ya que en ese momento no tenía presencia en San Carlos, Rivadavia, Junín y La Paz.

Otro de los puntos de ese pacto fue la firma de un acuerdo con el Poder Legislativo para que debatiera y aprobara un proyecto que permitiera adecuar la ley provincia a la nacional, ya que otra vez quedaron al descubierto las zonas grises del sistema y la falta de determinación clara de las responsabilidades que le competían a cada uno.

Esto generó la conformación de la Comisión Bicameral de Niñez, que comenzó nuevamente con el estudio de los proyectos existentes, con el objetivo de delinear uno nuevo y tratarlo en breve. Ese es el proceso que continúa hasta hoy.

Desde que la ley se puso en marcha en Mendoza, hubo muchos pedidos e intentos de adecuar ambas leyes para determinar competencias y responsabilidades. Incluso en 2011, el entonces ministro de Desarrollo y actual vicegobernador, Carlos Ciurca, presentó en la Legislatura junto con la exministra de la Suprema Corte, Aída Kemelmajer de Carlucci, un proyecto que se trabajó desde la cátedra de Familia de la Facultad de Derecho de la UNCUYO y que fue consensuado con diversos actores. Otra iniciativa que nunca se trató y quedó cajoneada.

Ahora, los integrantes de la Comisión Bicameral de Niñez y Adolescencia trabajan en un nuevo proyecto. Adecuar ambas leyes no resolverá todos los inconvenientes del sistema, pero permitirá determinar claramente su funcionamiento, las competencias de cada organismo y sobre todo sus responsabilidades. Una deuda que, a siete años de la implementación de la ley, los legisladores aún no saldan.