Hace un mes y medio, comenzó a regir en Argentina la Ley Nº 27 452 que establece, en líneas generales, una reparación económica destinada a los hijos e hijas de mujeres que fueron asesinadas en manos de la violencia machista. La normativa, más conocida como “Ley Brisa”, viene a dar una respuesta económica de base que consiste en asegurar una suma mensual que ronda los 8600 pesos que las víctimas indirectas de femicidio podrán cobrar a través de sus responsables directos todos los meses.

Lo cierto es que si bien la normativa estableció un plazo de 30 días hábiles para ser aplicada en todo el territorio nacional, hasta la fecha no hay confirmaciones precisas sobre la fecha en que las familias afectadas por el femicidio ocurrido contra una mamá podrán percibir efectivamente el beneficio.

Sin embargo, desde la Dirección de Género y Diversidad, su titular, Silvina Anfuso destacó que es importante iniciar los trámites ante los organismos correspondientes para que una vez que esté disponible el presupuesto, los y las beneficiarios puedan percibirlo sin obstáculos.

Uno de los pasos que se concretaron desde ésta área dedicada a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, tiene que ver con intervenir ante el Órgano Administrativo Local (OAL) para conocer cuántos niños, niñas y adolescentes han quedado bajo la guarda provisoria del Estado tras el asesinato de su madre y mientras su padre se encuentra preso.

“Es importante que las solicitudes comiencen a tramitarse en Anses. Para las familias que necesiten ser guiadas hemos puesto a disposición a una trabadora social que podrá asesorar y acompañar en el trámite a las tías y abuelas de los niños y niñas que quedaron sin su mamá”, explicó Anfuso.

Para solicitar el asesoramiento necesario, las personas interesadas podrán dirigirse a calle España 16, Barrio Bombal de Ciudad o llamar al 4242281 (Dirección de Género y Diversidad).

De acuerdo a los datos del Instituto de la Mujer, al menos 3 mil niños, niñas y adolescentes en el país necesitan cobrar este beneficio, tras perder a su madre en manos de un femicida. En Mendoza, la problemática de la violencia de género llevada al extremo dejó a 86 niños y niñas sin su mamá en los útimos seis años, tal como lo publicó diario Los Andes en su informe del 5 de noviembre, en base a los datos de la Casa del Encuentro. Allí también se señala que 39 mujeres fueron asesinadas por sus parejas, padres o hermanos en el mismo período, en un marco de violencia de género.

Un caso precursor, a nivel país

Lorena Fernández (40) es una de las mujeres que a nivel Nacional buscó el apoyo necesario para el Congreso volviera a poner el foco en la situación de desamparo y vulnerabilidad en la que viven los niños y niñas que quedaron sin sus progenitores como consecuencia de este grave delito. El 7 de septiembre de 2016 su hermana, Mariela del Carmen Fernández fue asesinada por su pareja justo en el día de su cumpleaños. Ella vivía en Chile desde hacía cuatro junto al asesino y padre de sus tres pequeños hijos. Hacía tan sólo un mes había nacido su última hija. Fue acribillada mientras dormía.

Tras el nuevo hecho que como tantos otros conmocionó al país, Lorena decidió ir en busca de sus tres sobrinos para darles protección y alivio. Los llevó a Buenos Aires, a vivir con ella y sus dos hijos. Ahora tiene cinco pequeños que alimentar, darles techo, vestir y llevar a la escuela.

“Estuve haciendo trámites durante un año para que el Tribunal de Concepción me diera la tutela”, cuenta la mujer a Unidiversidad y agrega que por el homicidio de su hermana el asesino está cumpliendo una condena de 17 años. Pero nada alivia semejante dolor. “Los niños se quedaron sin su mamá y a mi hermana no la veo más”, dice por teléfono con la voz entrecortada.

Lo cierto es que su situación personal tampoco es sencilla. Está sola con los cinco niños, sin trabajo y sin lugar para vivir. “Por eso nos contactamos con familiares que estaban en la misma situación y decidimos pedir audiencias con legisladores para que avanzaran con la Ley”.

Y así fue. Así y todo, a los niños por los que Lorena a luchado no les corresponde el beneficio mensual debido a que sólo uno de ellos nació en Argentina. “Vamos a seguir buscando alternativas para saber qué pueden hacer al respecto. De todos modos, estoy satisfecha si todo el camino emprendido sirve para que otros niños y niñas en el país puedan tener al menos una salida económica”, reflexiona Lorena.

El beneficio

El Régimen de Reparación Económica para niños, niñas y adolescentes hijos/as de víctimas de femicidios (Ley 27 452) fue efectivizado por el Gobierno Nacional el 1 de octubre pasado a través del decreto reglamentario 871/2018.

La iniciativa fue aprobada por el Congreso en julio de este año luego de que la Asociación Nacional Casa del Encuentro, junto a las familias que en todo el territorio resultaran gravemente afectadas por un femicidio, lograra “sacar de los cajones”, el proyecto legislativo que había quedado en la nada.

El beneficio está destinado a niñas y niños menores de 21 años o personas con discapacidad (sin límite de edad), cuya situación (madre asesinada y padre preso) esté probada por un órgano competente.

Los titulares, en el caso que los y las afectados sean menores de 18 años, podrán ser tutores, guardadores o adoptantes. En tanto que las personas con discapacidad no tienen límite de edad para poder cobrar el beneficio.

Entre los requisitos para recibir el aporte mensual también figura ser argentino/a o bien contar con dos años de residencia comprobada en el país.

Si el femicidio ocurrió antes de la sanción de la Ley, su cobro se percibirá a partir de su puesta en marcha, mientras que si los niños y niñas quedaron sin sus progenitores como consecuencia de esta cruel problemática después de la puesta en marcha de la norma, su cobro se percibirá a partir de la fecha que ocurrió el hecho. El incremento es ajustable y actualizable. En septiembre correspondía cobrar un monto de 8.637 pesos.

De acuerdo a las disposiciones vigentes, si un área del Estado (Nacional, Provincial o Municipal) ya se encuentra otorgando un beneficio de la misma índole a los y las cuidadores, se deberá optar por el que más beneficie a las personas que quedaron en el desamparo.

Los órganos que deberán implementar la Ley para hacer llegar el beneficio a los/las niños, niñas y adolescentes que han atravesado por esta vulneración extrema a sus derechos son: la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Justamente, ante ésta última es importante realizar el trámite correspondiente con el formulario vigente.

Entre la documentación a presentar, debe figurar el DNI del/la titular del beneficio (original y copia), el certificado único de discapacidad vigente, emitido por una autoridad competente y ser residentes argentinos con una residencia mínima de dos años.

A estos papeles se tiene que sumar una partida de nacimiento o documentación que acredite el vínculo con la madre, el certificado de defunción de ella y la copia de la condena o procesamiento del femicida. Por último, se debe adjuntar el certificado bancario con datos del número de cuenta y CBU para que Anses acredite los pagos mensuales.

Este es el modelo de formulario para presentar ante Anses