La discusión pública ya está planteada y es difícil soslayarla. El debate por la minería a gran escala en Mendoza está latente. La última novedad fue el rechazo de la UNCUYO a los fondos de la explotación minera.

Por estos días, los ministros de la Suprema Corte de Justicia se sienten incómodos porque deben responder formalmente a un pedido del Procurador del Alto Tribunal, Rodolfo González, para que haya audiencia pública convocada por la Justicia.

La inquietud es discutida reservadamente en el cuarto piso del Palacio de Justicia pero comenzó a trascender después de que varios portales de noticias comenzaran a apuntar al Tribunal y sus tiempos para resolver las causas acumuladas desde hace ya dos años contra la ley 7722. Por lo que se pudo conocer a través de información deslizada desde Tribunales, la mayoría de los jueces de la Corte no quieren que haya una convocatoria pública para analizar la norma cuestionada con los sectores involucrados.

La ley, recordemos, establece restricciones en el uso de sustancias contaminantes y peligrosas para la salud pública en los procesos de extracción de minerales metalíferos en todo el territorio provincial. Esto generó la reacción de los sectores mineros y ya se produjeron diez presentaciones de inconstitucionalidad contra la regla.

Ahora la Corte deberá primero responder la solicitud del procurador González y, de acuerdo con lo proyectado, lo hará tras la feria judicial. La resistencia de los jueces a la posibilidad de una audiencia pública es producto del temor a exponerse públicamente a un debate que a esta altura parece necesario, más allá de los resquemores de los ministros de Corte.

Hay una minoría dentro del cuerpo de jueces que está dispuesta a abrir el juego para mejorar el criterio resolutivo que, en definitiva, deberán aplicar los integrantes de la Corte. Si se produjera esta instancia, sería el primer hito en el país donde un órgano de justicia pondría en la mesa de discusión a todos los actores que confrontan en torno a la minería metalífera.

De todos modos, los jueces saben que no pueden dilatar más allá de fin de año el fallo sobre los planteos de inconstitucionalidad contra la ley aprobada durante la gobernación de Julio Cobos. Es decir que la norma impulsada por el radical será ratificada o derogada por un pronunciamiento judicial y las consecuencias de este fallo se harán sentir al inicio del gobierno de otra administración radical, encabezada esta vez por Alfredo Cornejo. 

Notas vinculadas: Por qué Pizzi no quiso el dinero minero y Palos y flores al rechazo de la UNCuyo a los fondos mineros.