La oposición ejecutó en la madrugada de este jueves la ofensiva final contra Cambiemos y logró aprobar, con 37 votos contra 30, el proyecto que pone un límite a los incrementos en las tarifas de los servicios públicos. Sin embargo, el presidente Mauricio Macri vetó esta mañana la ley.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, realizó el anunció oficial en una conferencia de prensa realizada este jueves, a las 8.40, en Casa Rosada. "La ley está vetada. El fundamento conceptual de lo que se votó anoche es la política tarifaria del kirchnerismo, que fue una mentira y nos llevó a los problemas que hoy estamos enfrentando", aseguró el Ministro. "Nosotros ratificamos plenamente el rumbo del cambio, creemos que la mayoría de los argentinos quiere seguir por este rumbo. No vamos a negociar la verdad, la transparencia y la vuelta al pasado", agregó Peña.

El peronismo liderado por Miguel Pichetto, el kirchnerismo y otros bloques le habían enviado una señal al Gobierno, que no consiguió imponer su iniciativa para rebajar el IVA de las facturas. No obstante, cinco horas después de la votación en el Senado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunciaba que Macri había hecho uso de su "facultad constitucional" de rechazar la norma impulsada por el peronismo.

La iniciativa había sido sancionada tras un debate agitado que se extendió durante 12 horas. Si bien circuló durante la jornada la posibilidad de que el texto sufriera cambios y volviera a la Cámara de Diputados, la amenaza se disipó cuando se acordó votar el proyecto en general junto al articulado. Senadores peronistas del interior del país cuestionaron que la ley sólo sea apicable en el AMBA, donde prestan servicio Edenor y Edesur.

El proyecto, nacido de las usinas económicas del bloque Justicialista y el Frente Renovador, retrotrae las tarifas a los niveles de noviembre pasado y establece una actualización de acuerdo al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) para los usuarios residenciales y al Índice de Precios Mayoristas para las pymes.

El oficialismo advirtió que el costo fiscal ronda los 75 mil millones de pesos. “Nadie dice de dónde van a salir esos fondos”, advirtió Esteban Bullrich, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y agregó: “Entre hacer las cosas bien y hacerlas para la tribuna hay más o menos 50 mil millones de pesos” de diferencia.

En su dictamen de minoría, Cambiemos proponía reducir el IVA a la mitad para usuarios residenciales (el 10,5 %) y en seis puntos para las pymes (el 21 %), con un costo que orilla los 26 mil millones de pesos, compartido entre Nación y provincias. La propuesta había surgido de los gobernadores peronistas Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba). Pero la oposición la consideró insuficiente y las presiones de Casa Rosada no surtieron efecto.  

La flamante ley –ya vetada por Macri– tenía los votos del interbloque Argentina Federal, con Carlos Menem incluido; el Frente para la Victoria-PJ, referenciado en la expresidenta Cristina Kirchner; la puntana Eugenia Catalfamo; el porteño Fernando “Pino” Solanas; la rionegrina Magdalena Odarda; el neuquino Guillermo Pereyra y dos de los tres senadores por Santiago del Estero –Ada Itúrrez y Gerardo Montenegro–. El de Pereyra fue un caso particular. El senador –que preside la Comisión de Energía y Minería y también el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa– había visitado este martes Casa Rosada junto a sus colegas del interbloque Parlamentario Federal, y se presumía votaría en contra. Finalmente lo hizo a favor, aunque reconoció que el texto “tiene un montón de imperfecciones”. En el seno del bloque Justicialista se consumó la “minirrebelión” del salteño Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador Juan Manuel Urtubey, que tal como había anunciado votó en contra del proyecto del peronismo, sin emitir palabra en el recinto. Su primo, el senador por Catamarca Dalmacio Mera, se pronunció a favor: “Están dadas las condiciones para declarar la emergencia”, puntualizó.

De este modo, al rechazo de Cambiemos se habían sumado los de Urtubey y sus comprovincianos Juan Carlos Romero y Cristina Fiore, además de Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino) y el santafesino Carlos Reutemann. Crexell había revelado, en plena sesión, que negoció su voto en contra ante el propio Macri a cambio de un compromiso del Gobierno para prorrogar la ley de emergencia frutícola, que vence este año. Otra perlita de la extensa jornada de debate fue la de Adolfo Rodríguez Saá, que en pleno debate regresó a San Luis. En el entorno del legislador omitieron detalles de su intempestiva partida. La compañera de bloque del exgobernador, Eugenia Catalfamo, había defendido en su discurso la necesidad de la ley.

Al final del debate en el Congreso, el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, se había enfrentado abiertamente con el kirchnerismo: “Ustedes eligieron otro camino, y tienen que hacerse cargo de la disciplina y el silencio. De los 12 años del colapso energético tienen que hacerse cargo, porque ustedes sabían las consecuencias de pisar tarifas, de subsidiar indiscriminadamente, de perder el autoabastecimiento energético”. El radical criticó que se haya llegado a esta instancia para “enviar un mensaje” al Gobierno, y sugirió: “Los mensajes en Argentina del 83 a la fecha tienen otra connotación. Cuando la mirada es apocalíptica y un gobierno comienza a transitar los dos años y medio de su mandato y es una coalición opositora que no tiene una raíz peronista, es una señal de alerta”.