Como un bombero que apaga incendios: así corren las leyes y las políticas públicas detrás de la urbanización del piedemonte, que crece sin claridad ni controles. Con la intención de intentar modificar esta lógica, el Ejecutivo realizará un estudio que busca determinar en cinco meses los riesgos aluvionales y los impactos de las actividades existentes en la zona, así como acciones concretas para mitigarlos y pautas claras para el asentamiento poblacional.

El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, anunció la realización del estudio a través de las agencias de Ordenamiento Territorial y Cambio Climático, junto al Instituto Nacional del Agua (INA). El mismo será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un aporte de 690 mil pesos.

El informe, denominado “Evaluación de Amenazas Aluvionales en el Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza”, abarcará 1242 km2 del piedemonte, ubicados en los departamentos de Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

Tanto Mingorance como la vocal por el Ejecutivo en la Agencia de Ordenamiento, Nadia Rapali, subrayaron la necesidad de terminar con años de indefiniciones y de contar con normas claras que establezcan los riesgos del sector, las zonas que se pueden urbanizar y las que no. Mingorance y Rapali también reconocieron que existen innumerables estudios e investigaciones sobre el piedemonte, pero recalcaron que es necesario unificar la información con un objetivo claro y lograr que esté disponible para todos los organismos que tienen alguna injerencia en el área. Incluso, en 2015, la máxima autoridad de la Agencia de Ordenamiento presentó un informe que determinó que 11 áreas del piedemonte se podrían urbanizar.

El informe

Víctor Burgos, profesional del INA y quien coordinará el trabajo, fue el encargado de explicar los aspectos centrales del mismo a representantes de las comunas y de diversos organismos que trabajan en la zona; por ejemplo, la Dirección de Hidráulica, Aguas Mendocinas y el Ente Provincial del Agua y el Saneamiento (EPAS), entre otros.

Burgos señaló que el informe buscará determinar riesgos aluvionales, hídricos, la vulnerabilidad de los diferentes sectores e incluirá características morfológicas, así como la identificación de zonas críticas. La intención –especificó– es plantear también acciones de mitigación de los riesgos y pautas para la urbanización, todo acompañado por mapas que aporten claridad. El profesional explicó que en la elaboración del informe será clave el aporte de las cuatro comunas del Gran Mendoza, que tienen en sus territorios parte del piedemonte, ya que son además quienes advierten en forma inmediata las problemáticas del sector.

Definieron 11 áreas del piedemonte que se podrían urbanizar

Once áreas del piedemonte mendocino tienen aptitud para el asentamiento humano, según un informe de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (Apot), aunque en el mismo documento los profesionales advirtieron sobre la necesidad de realizar obras para mitigar las múltiples amenazas naturales existentes, así como la de contar con un poder de policía real en la zona que evite la instalación de emprendimientos sin las condiciones adecuadas.

Sin reglas claras

Luego de la explicación sobre cómo se realizará el informe, aportaron su punto de vista profesionales de las comunas y de las empresas de servicios. Coincidieron en asegurar que no existen reglas claras para la preservación de la zona ni para la urbanización del piedemonte, y que las leyes siempre van detrás de la instalación de nuevos emprendimientos.

La primera en plantear el problema fue Nelly Gray de Cerdán, referente de Ordenamiento de la comuna de Luján de Cuyo. La profesional dijo que existen leyes que se contraponen, pidió que se abra la consulta a los vecinos que habitan en esas zonas y que tienen predisposición a resolver sus problemas, especialmente la falta de servicios. Además, solicitó que se incluya en el informe la zona de Ugarteche (que no estaba contemplada), porque la consideró de altísima vulnerabilidad, teniendo en cuenta todo lo que está en juego en el lugar: explotación de cebolla y ajo, emprendimientos vitivinícolas y actividad petrolera, además del asentamiento poblacional.

También expusieron su punto de vista los representantes del EPAS y Aguas Mendocinas, Carlos Morán y Osvaldo Banille, respectivamente. El primero explicó que en el imaginario de los emprendedores inmobiliarios y de los ciudadanos no existe el riesgo aluvional, por lo que están convencidos de que esas obras las debe pagar el Estado, y que siguen avanzando sobre la zona, lo que luego obliga a proveerles servicios. En tanto, dejó en claro que solo los emprendedores formales cumplen con las normas, pero que existen otros que venden terrenos en el piedemonte y que avanzan sin control de una semana a la otra.

Ambos profesionales plantearon la inexistencia de un organismo que tenga el poder de policía en la zona, así como de una norma clara que determine en qué zonas se pueden instalar los ciudadanos y en cuáles no, tanto por los riesgos existentes o por la imposibilidad de llevarles servicios. “¿Quién tiene el poder de policía en la zona? Porque hemos ido fracasando con los límites que hemos puesto, por ejemplo, en la zona de El Mirador, en el Challao”, especificó Morán.

Una visión similar compartió el representante de Hidráulica, Marcelo Arias. Explicó que los ciudadanos incorporaron el riesgo de sismo, pero no el aluvional, y que ese concepto de riesgo se modifica a medida que la urbanización invade zonas vulnerables. Por eso, recalcó la necesidad de que la Provincia cuenta con un Código Hidráulico, del mismo modo que tiene uno para construcciones sismorresistentes.