El Senado convirtió en ley el plan Mendoza Activa, el programa del Gobierno provincial que instrumenta una serie de acciones para reactivar la economía en el contexto de la pandemia. El programa busca impulsar la inversión del sector privado, afectado por las medidas de aislamiento y el desplome de sectores productivos en Argentina, e inyectar movimiento a toda la cadena productiva mendocina, que es la que finalmente aporta al Estado para que pueda dar sus prestaciones a los ciudadanos.

La propuesta, que salió con el consenso de todo el arco opositor, menos por el senador Lautaro Jiménez, que anunció que la no acompañaría, fue aprobada por 36 votos positivos y uno negativo. Pasó al Poder Ejecutivo para que sea promulgada.

El senador radical Diego Costarelli, como miembro informante de las tres propuestas que componen el paquete: Banco de Vino, Ley Provincial de Empleabilidad y, justamente, Mendoza Activa, afirmó: “Es ahora cuando el Estado decide intervenir y desarrollar herramientas a la hora de enfrentar esta pandemia. Son tres leyes que tienen un hilo conductor y una coherencia. Mendoza Activa busca amortiguar las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en los sectores de la construcción, la industria, el comercio, la agricultura, los servicios, la cultura y la producción primaria, ante una crisis sanitaria y social sin precedentes en la historia reciente”. El senador explicó que los tres ejes del plan son sostener el funcionamiento de las pymes locales, cuidar el empleo privado y garantizar los servicios públicos provinciales para dinamizar la economía.

Por su lado, el legislador Alejandro Abraham subrayó: “Es necesario hacer algunas aclaraciones previas. La crisis de Mendoza no es producto solamente de la pandemia, acá hay una situación por la aplicación de políticas neoliberales. Hay que asumir las responsabilidades que tenemos. Me parece bueno lo que se está haciendo en este momento con estos tres proyectos”.

El presidente del bloque del Frente de Todos, Lucas Illardo, resaltó: “No creo que sea un plan de reactivación económica de la provincia, sino que es un plan de contingencia de crisis. En estas tres leyes sí hubo voluntad de diálogo. Usted, vicegobernador (al hablarle en el recinto a Mario Abed), recorrió territorio provincial y se reunió con intendentes, legisladores, concejales, para hablar de estas iniciativas. Yo entiendo que las ideas se trabajan y se militan. Es algo oportuno para el momento en el que vivimos”.

Precisamente, uno de los puntos planteados en este Programa es el reintegro de hasta el 40 % de la inversión efectivamente realizada, neta de IVA, utilizando como medios de reintegro el dinero en efectivo, la provisión de una tarjeta de consumo (para uso en actividades turísticas, gastronómicas, sociales, culturales, recreativas, deportivas y de interés local, entre otras) y/o el otorgamiento de un crédito fiscal. Las actividades incluidas son: agricultura, en cuanto a inversiones en riego, malla antigranizo, maquinarias para el sector agroindustrial, insumos, máquinas, herramientas y servicios destinados a la producción frutícola, hortícola, de cereales, forrajes y pasturas; industria, en lo referente a insumos, servicios técnicos y maquinaria preferentemente producida en la provincia de Mendoza; construcción, en lo concerniente a materiales, servicios técnicos, mano de obra y obras llave en mano afectados a la construcción, ampliación y refacción de unidades habitacionales y locales comerciales; y comercio y servicios, para mercadería, servicios técnicos y equipamiento preferentemente producido en Mendoza.

Requisitos

Para ser beneficiarios del Programa, las personas humanas, jurídicas o fideicomisos deberán cumplir con algunos requisitos, como por ejemplo, que no superen los límites de facturación y cantidad de empleados fijados por la Resolución General 220/2019 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación; además, estar inscriptas como contribuyentes en Mendoza y desarrollar sus propuestas de inversión en la provincia. Estos requisitos no corren para el caso de personas humanas con motivo de las inversiones que se realicen en el rubro de la construcción.

También deberán presentar una propuesta de inversión categorizada a las actividades económicas mencionadas, y tener resolución aprobatoria emitida por el Comité de Evaluación del Programa Mendoza Activa.

Quiénes no podrán ser beneficiarios de Mendoza Activa

No podrán ser beneficiarios de este régimen las entidades gubernamentales; las sociedades extranjeras y de otras jurisdicciones –excepto las que tengan sucursal radicada en la Provincia–; los contratistas del Estado, siempre que la propuesta esté relacionada con la relación contractual con el Estado provincial; las personas humanas o jurídicas que incurran en incumplimiento injustificado de sus obligaciones respecto de cualquier otro régimen de promoción provincial o están inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios.

Inversión

Se autoriza al Poder Ejecutivo a invertir en el programa Mendoza Activa hasta la suma de $ 4450 millones. La distribución de la inversión se realizará sobre las actividades contempladas de acuerdo a los siguientes montos: Agricultura,  $ 1300 millones; Industria, $ 430 millones; Construcción, $ 2000 millones, y Comercio y Servicios, $ 720 millones.

Por otra parte, deja establecido que, “en caso de que los proyectos presentados no permitan cubrir los cupos planificados, se encuentra facultada la autoridad de aplicación a reasignar entre las distintas actividades económicas, a efectos de un mayor aprovechamiento de los montos asignados al programa”.

Para financiar Mendoza Activa, el Poder Ejecutivo incorporará en el Presupuesto vigente y en el Presupuesto del Ejercicio 2021 las partidas correspondientes: $ 1150 millones en el presupuesto 2020 y $ 1440 millones para el Presupuesto 2021. Además, dispone como costo tributario total la suma de $ 1860 millones.

En tal sentido, y relacionado con este último punto, la normativa indica que los beneficiarios del Programa Mendoza Activa que inicien las inversiones correspondientes podrán acceder al beneficio de un certificado de crédito fiscal por hasta el monto del 40 % de la inversión total, para cancelación del impuesto a los Ingresos Brutos. El otorgamiento del crédito fiscal será implementado en la entrega de certificados, el mecanismo de billetera digital u otras modalidades idóneas, y deberá contar con resolución aprobatoria emitida por los Ministerios de Hacienda y Finanzas y de Economía y Energía. La utilización de este certificado podrá efectuarse hasta el 31 de diciembre de 2023, prorrogable por el Poder Ejecutivo por un mismo período, y el beneficiario original y los sucesivos cesionarios podrán transferirlo de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.