Mario Juliano es juez, docente, fundador de la revista digital Pensamiento Penal, director de la Asociación Civil “Pensamiento Penal” y autor de múltiples publicaciones en la materia. Recientemente visitó nuestra Provincia para participar del Congreso de Derecho Penal que se desarrolló en la Facultad de Derecho.

Foto: gentileza Diario Contexto.

¿Cómo calificaría el modelo penitenciario argentino?

En nuestra sociedad, el Derecho penal es prisión, y la prisión, tal cual la conocemos ahora, es un modelo absolutamente agotado y fracasado que no le da frutos a nadie. Ni a los imputados, que en términos generales salen de las cárceles en peores condiciones que cuando ingresaron, ni a la sociedad, que con sus impuestos mantiene estructuras costosísimas  que prácticamente no cumplen ninguna función.

En mi opinión, en lugar de tener más cantidad de juicios, debemos tener más vías de solución de los conflictos reales. Por eso proponemos un sistema penitenciario alternativo. Hay una necesidad imperiosa de nuestras democracias de salir del círculo vicioso de las prisiones.

¿Qué modelo plantean desde la Asociación Pensamiento Penal?

Nosotros proponemos un modelo penitenciario alternativo que básicamente trabaja sobre tres ejes centrales: la necesidad de pacificar la vida penitenciaria, la recuperación de derechos –porque estamos convencidos de que los derechos no se pierden solos– y la implementación de políticas postpenitenciarias.

¿En qué consiste cada uno de esos ejes?

La pacificación de la vida carcelaria consiste en desplazar de los establecimientos penitenciarios al gobierno de la seguridad para pasar al gobierno político de las comunidades. En este momento, el modelo de la República Argentina, y de la región en general, es un gobierno intramuros caracterizado generalmente por el control de personas que, se supone, son peligrosas. Nosotros, en términos generales, pensamos que estos son modelos que tienden a generar más violencia.

La idea es tratar de establecer un diálogo distinto con las personas privadas de su libertad que no implique el mero control, sino tratar de crear intramuros comunidades constructivas, productivas y edificantes para los internos.

Sabemos que esta transformación no es sencilla. Hay que pensar en desmontar progresivamente la megalópolis carcelaria que impide conocer las realidades individuales. Hay que pensar en establecimientos más pequeños. La realidad argentina demuestra que los establecimientos con menor cantidad de población permiten tener un trato distinto y obtener resultados más favorables.

En cuanto a la recuperación de derechos, el Estado tiene que ingresar a los establecimientos con trabajo digno, con educación, con salud. Esta es la única forma de lograr que las personas privadas de la libertad se constituyan en protagonistas de estos procesos, que puedan pensar en tener oportunidades que antes no tuvieron, que dejen de ser un número y pasen a tener, dentro del perímetro, derechos, porque el único derecho que tienen restringido es el de la libertad ambulatoria.

Es fundamental abandonar el modelo del patronato de control y de seguimiento, para crear organismos de verdadero apoyo a la persona que egresa y que sufre muchísimas dificultades para reinsertarse en la vida cotidiana. Desde nuestra asociación, aconsejamos la formación de agencias de empleo por parte del Estado para promover la contratación del liberado, ofreciendo algún tipo de beneficio impositivo a aquellas empresas o comerciantes que los empleen, porque los hombres y mujeres que sale en libertad llevan un estigma que no se sacan nunca.

¿No es una idea utópica?

No. Para nosotros es absolutamente posible y viable. De hecho, desde nuestra asociación, junto con otras organizaciones de la sociedad civil y personas destacadas, hemos elaborado una propuesta –que presentamos el 4 de junio en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación– porque creemos que se puede modificar la realidad penitenciaria.

Uruguay, por ejemplo, está desarrollando una transformación impresionante del sistema penitenciario en la cárcel Punta de Rieles. Inaugurada en 2010 en las afueras de Montevideo, alberga a casi 600 personas condenadas. Su director es un maestro de escuela. Esto es lo que yo llamo el gobierno político de la comunidad carcelaria. Este establecimiento tiene una reincidencia del 2 %, contra el 50 % para el resto del sistema penitenciario. Funciona como un barrio en el que los presos se mueven como ciudadanos libres por la calle. Hay una confitería, una peluquería, un almacén, una radio, un gimnasio, una biblioteca, una policlínica y una sala de informática. El 85 % de los internos trabaja en los 22 emprendimientos que existen allí. No tienen custodia, los operadores penitenciarios no están armados y la Policía sólo interviene cuando las peleas entre internos u otras situaciones violentas amenazan la seguridad. Hay cero violencia porque los principales garantes de ese sistema son los propios privados de la libertad. Aunque parezca paradójico, es un ámbito de libertad dentro de un contexto de encierro.

Para hacer posible todo esto, el Estado tiene que involucrarse. Es una decisión política. No necesitamos sancionar leyes sino hombres y mujeres dispuestos a llevar adelante los cambios.

Por Maribel Gil, becaria de Prensa de la Facultad de Derecho.