Donald Trump continúa enfrentando protestas masivas tras su controvertido decreto para cerrar las fronteras de Estados Unidos a los refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes. La medida recibió críticas de aliados, generó confusión sobre su implementación y galvanizó a la oposición demócrata, que busca formas de derrotarlo. También había una creciente inquietud dentro del Partido Republicano.

Paralelamente, los detractores de la medida han apelado a la Justicia. Los abogados de los afectados por el veto del presidente Trump anticipan un conflicto largo y tortuoso por la confusión reinante en la aplicación concreta de la orden ejecutiva. Y es que la misma Casa Blanca contradice el texto y ahora asegura que se permitirá la entrada a quien tenga una green card o permiso permanente de residencia.

Según el abogado especializado en inmigración Michael Wildes, es muy probable que para resolver el conflicto se deba llegar al tribunal supremo. “Creo que esto empeorará antes de mejorar, no lo necesitábamos. Los que más se arriesgan son nuestros emprendedores. La esencia moral de Estados Unidos se apoya en su inmigración. ¿Cómo podemos dar la espalda a estas personas?”, sostuvo.

Ajeno al debate legal, el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que seguirá implementando la acción ejecutiva del Presidente a pesar de que cuatro cortes federales dictaminaron la prohibición temporal de una medida que, según los magistrados, conduce a la indefensión de los afectados.