Las personas con discapacidad tienen mayor riesgo de contraer el coronavirus, según un informe que sugiere "una acción urgente para garantizar que sean incluidas explícitamente en la planificación de emergencias públicas", realizado por el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (IIGG-UBA); la Comisión de Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Martín y la Organización Nacional sobre Discapacidad en Argentina (ONDA). El objetivo del trabajo fue "relevar la experiencia de las personas con discapacidad durante la pandemia para determinar las necesidades que requieran acciones de intervención social prioritarias", indicó Claudio Bernárdez, de la organización ONDA a Télam.

“Hay una necesidad de reconstrucción, históricamente el mayor problema de este sector es la visibilización de sus problemáticas. También quisiéramos que se concrete una 'Ley Micaela' sobre la discapacidad”, explicó Bernárdez. El representante de ONDA insistió en la “visibilización” del sector porque “la rueda empezaría a girar de otro modo”, y destacó: “Esto tiene dos caras: por un lado, generar la sensibilidad y concientización de la población y, por el otro, que las personas con discapacidad sepan de sus derechos”.

“Si no sabés que tenés un derecho, no vas a reclamar nada”, subrayó Bernárdez.

“Según la ley, el número de personas con alguna discapacidad que deberían estar insertas en el mundo laboral debería ser del 4 %, y la realidad es que no llega al 1 % en el sector público y en el privado representa tan sólo el 0,5 %”, explicó el referente. “Tiene mucho que ver con una lógica incorporada en la población, que resulta natural ver a una persona con una discapacidad pidiendo limosna, pero te impacta encontrarte con alguno que te atienda tras un mostrador”, agregó Bernárdez. “Por todas estas razones, nosotros y las instituciones afines –que estamos trabajando con este problema social– vemos la necesidad de una campaña a nivel nacional para favorecer políticas de Estado hacia este segmento de la sociedad tan invisibilizado”, aseguró.

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Una enorme columna de humo negro puso en alerta a los mendocinos la tarde del viernes pasado. Se trató de un incendio más en la playa de secuestro de vehículos San Agustín, ubicada en el piedemonte.

Menos acceso a la información, menos acceso a la salud

Sobre la encuesta en sí, los autores destacaron que los ciudadanos con discapacidad "durante la pandemia se enfrentan a diferencias en el acceso a la atención de la salud por la falta de accesibilidad a la información y la escasa comunicación", y se interrogan si las autoridades tuvieron en cuenta a las personas con discapacidad (PCD), ya que "esta situación provocaría una mayor desigualdad y vulnerabilidad en ellas, que ven afectadas sus necesidades más vitales". El informe se plantea "si estas personas pudieron tener acceso a estas medidas, en qué situación viven la cuarentena, si obtuvieron información accesible y ajustada a sus necesidades, qué estrategias se elaboraron, y si se las consultó sobre el particular".

Las instituciones autoras de la investigación realizaron una encuesta con un total de 411 personas entrevistadas.

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Una diseñadora argentina que se especializa en realizar prendas inclusivas elaboró barbijos con transparencia y materiales especiales pensados para quienes conviven con sordera o hipoacusia e inscripciones en braille para aportar a la autonomía de las personas con discapacidad.

Algunos resultados de la encuesta

El 56 % fueron mujeres y el 43 % fueron hombres, en un rango etario de entre 18 y 54 años de edad, siendo el de 35 a 54 años el de mayor participación, que "se trata de población económicamente activa". Aproximadamente el 86 % de quienes respondieron tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el 39 % desconoce la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad y más de la mitad de los participantes no tienen pensión por discapacidad (el 64,8 %).

De los que viven solos, en su mayoría tienen más de 55 años. El alto porcentaje de los que viven acompañados se debe principalmente a un problema económico, pero también influye que las viviendas no están adaptadas y a falta de acompañantes terapéuticos o asistentes personales. El estudio sugiere "analizar la inclusión de dicho apoyo en la Ley 428/1999 del Nomenclador de Prestaciones Básicas para las PCD (tales como prestaciones de acompañante terapéutico y/o cuidador/a)".

De los entrevistados, el 77 % necesita apoyo o asistencia para la vida diaria. De estos, el 29 % pudo continuar con su apoyo durante la cuarentena, mientras que la mitad de los que requieren apoyo no disponen de reemplazo para esta persona.

Sobre los que requieren tratamientos de salud, el 43 % de los encuestados aludió a que no pudo continuarlo durante el aislamiento. En lo que respecta a contar con alimentos suficientes para abastecerse, el 82 % afirmó que sí tuvo acceso, el 17,9 % no contó con alimentos básicos y el 45 % no pudo acceder a ningún beneficio para resolver la situación.

De quienes estudian (el 47 %), el 74 % garantizó la continuidad de sus estudios durante la cuarentena en forma virtual, y el 25 % tuvo que interrumpir sus estudios.

La encuesta reveló, además, que el 73 % de PCD no estaba trabajando, incluso antes de la pandemia, y de los que sí trabajaban, sólo el 56 % pudo continuar bajo modalidad online.

Otro punto que destaca el informe da cuenta que la mayoría de las personas con discapacidad desconoce la existencia de medidas, programas o iniciativas del gobierno para las PCD en materia de salud, educación y trabajo. "La accesibilidad a los contenidos informativos sobre la epidemia debe ser garantizada porque en general los mensajes de salud pública no están llegando a todos al no ser, en su mayoría, universalmente accesibles", advirtió el informe.

A partir de los resultados del relevamiento, las instituciones autoras del informe sugirieron recomendaciones para mejorar la situación de las personas con discapacidad.

Entre ellas, propusieron "focalizar la priorización en la selección, planificación y gestión de políticas, programas, planes y proyectos sociales en articulación con las PCD; asegurarles la realización de los tratamientos médicos obligatorios que necesitan y garantizar el derecho a la educación superior a través de la accesibilidad física, comunicacional y académica". También sugirieron mejorar "las condiciones de acceso de las personas con discapacidad al empleo formal; incrementar los recursos económicos destinados a PCD que se encuentran en sectores sociales vulnerables, y generar comunicación accesible sobre programas, planes y/o proyectos destinados a ellos y, específicamente, los dirigidos a paliar los efectos de la pandemia". Por último, propusieron "impulsar la investigación y el relevamiento de datos estadísticos en salud, educación y trabajo de las PCD.