El femicidio de Ayelén Arroyo sacudió a Mendoza y dejó ver que el sistema judicial avanza, en muchos casos, en una dirección contraria a las realidades de las víctimas. En su caso, Ayelén hizo la denuncia, los estudios psicológicos avalaron su testimonio y aún así murió apuñalada por su padre en la mañana del 28 de septiembre. Por este caso, el Gobierno iniciará una investigación al fiscal Fabricio Sidoti por mal desempeño de sus funciones.

En el mismo momento en que el Gobierno anunciaba que denunciará a Sidoti, la hermana de Ayelén viajó a nuestra provincia desde Salta y ratificó la denuncia contra su padre, Roque Arroyo. Según indicó la fiscal Claudia Ríos, se formuló el avoque –es decir, realizó un acta– donde definió que lo acusará por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. La orden de imputación se dispondrá mañana, viernes 30 de setiembre, a las 10.00.

El ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, y el subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, Marcelo D'Agostino, explicaron que denunciarán ante el jury de enjuiciamiento al funcionario del Ministerio Público porque cometió errores en su accionar. El 14 de septiembre el fiscal recibió la denuncia de Ayelén, le pidió un estudio psicológico a la víctima -en lugar de pedírselo también a Rubén Arroyo- y notificó al agresor de la orden de restricción domiciliaria a unas cuadras de su casa, en lugar de imputarlo y detenerlo.

Marcelo D´Agostino explicó que la Policía notificó sobre la situación. Foto: Prensa de Gobierno Mendoza. 

Según indicaron desde el Gobierno provincial, el fiscal tuvo varias instancias para imputar al acusado. El testimonio de la denuncia y el peritaje psicológico determinaron que Ayelén no era fabuladora y coincidía –al mismo tiempo– con la versión que había dado el hermano. La mujer hizo la denuncia y quedó archivada como intento de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa agravado por el vínculo.

Garay explicó que en el procedimiento Sidoti no obró de la manera correcta. Para el Ministro, la joven había recurrido a la OAL, donde sí se realizaron las acciones correctas, convencieron a la víctima de hacer la denuncia ante la Justicia y la acompañaron a la fiscalía. “Vimos el expediente judicial, la declaración de Ayelén, la ratificación de los hechos realizada por su hermano y la declaración espontánea del personal de la OAL”, explicó el Ministro.

Una muerte evitable

Para el Ministro, la de Ayelén fue una muerte evitable y existió mal desempeño del fiscal. Incluso no realizó los estudios para la protección de la víctima cuando del expediente surgió que la mujer vivía situaciones de violencia intrafamiliar. “El Estado tiene que interactuar más”, replicó Garay.

Para los funcionarios hubo una falta de criterio de Sidoti a la hora de evaluar la gravedad del delito, por la importancia en las pruebas y por la falta de instrucción necesaria. En este sentido, aseguraron que la denuncia era desgarradora, que Ayelén temía por la integridad de su hija y pidió ayuda para sus familiares.

Según explicó el Ministro, la OAL hizo bien su trabajo y tienen claro cómo fue su accionar con los menores de la familia. De todas maneras, Garay aclaró que continuarán con la investigación. "Estos elementos hacen meritoria la apertura del pedido de investigación de enjuiciamiento, porque creemos que esta muerte era evitable", concluyó Garay.