Desde este jueves 2, el gobernador Alfredo Cornejo tendrá sobre su escritorio uno de sus proyectos más anhelados y que lo tiene en ascuas desde fines de diciembre, a pocos días de comenzar su gestión. Se trata de la ley para protocolizar el proceso de prisión preventiva, tipificar las razones por las que es factible dictarla y colocar plazos perentorios a cada uno de los pasos de esta etapa.

La iniciativa de Cornejo tuvo como objetivo llenar una serie de vacíos o “grises” legales en los que, a falta de coordenadas definidas, un imputado podía permanecer meses e incluso años esperando su condena en la cárcel sin ser juzgado, o bien, caer en lo que el oficialismo denomina “la puerta giratoria”, un sistema por el cual los sospechosos de cometer delitos entran a la cárcel, salen a los pocos días y, según esta teoría, vuelven a delinquir.

El Gobernador buscaba darle un corte definitivo a esta situación, sobre todo porque, a pocos días de asumir en su cargo, se encontró con una desagradable sorpresa: la Corte local le había dado lugar a un Habeas corpus colocado por la fundación Xumek, que permitía la excarcelación de cerca de 800 presos sin condena efectiva. Ante esta decisión del máximo tribunal local, el procurador general Rodolfo González se interpuso, apelando la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, apoyado por el gobierno de Mendoza. El fallo local fue suspendido, esperando la decisión de la Corte Nacional.

Pero desde hoy Mendoza tiene una ley que le dice al juez cuándo, cómo y cuáles son los plazos de la prisión preventiva, además de darle participación a la víctima en este procedimiento. Según los radicales que defendieron el proyecto –Jorge Albarracín, Gabriel Miró, César Biffi y Emiliano Campos–, éste viene a aclarar y a colaborar con aspectos de la tarea del juez, que será desde ahora el único responsable de dictar la prisión preventiva.

Las modificaciones sustanciales se hicieron en los artículos 293, 294, 295, 345 y 348 del Código Procesal Penal (CPP). La primera de ellas tipifica las circunstancias en las que un juez puede pedir la prisión preventiva. En el texto figuran paso por paso los motivos por los que el magistrado puede ordenar el inmediato alojamiento de un sospechoso en la cárcel, si las condiciones encajan en esta tipificación y siempre y cuando tenga una pena superior a los tres años el delito por el que se lo acusa.

A este artículo se opusieron los peronistas Lucas Ilardo y Patricia Galván, además del peronista azul Gustavo Majstruk. El motivo de objetar tal artículo es que no se puede pasar por encima de la interpretación de un juez, quien debe ponderar entre algunos factores para dictar prisión preventiva. En el caso de la Ley Cornejo, no le hace falta ponderar nada al juez, se puede apoyar en la aparición de uno de estos factores para pedir la prisión preventiva. Los factores son: casos de flagrancia, casos en los que no corresponda la libertad condicional (delitos o faltas excarcelables) y, por último, el peligro procesal (que intente o haya intentado fugarse, que amenace a una víctima, que destruya pruebas) y que incurra en la reiterancia (reitera delitos sin ser juzgados por los anteriores).

El artículo 3, al que se opuso el bloque peronista a pleno, versa sobre los plazos de la Justicia en materia de prisión preventiva. El artículo modificado dice que una vez vencido el plazo de prisión preventiva (que no puede sobrepasar los tres años), el juez puede extender este pedido con el fin de que comience el debate (sin poner una fecha de caducidad de la medida). En cambio, el PJ quería plazos precisos.

Al igual que en el Senado, el FpV se opuso a muchos de los puntos de esta idea de Cornejo, aunque también rescataron los aspectos positivos, como la fatalidad de los plazos, la oralidad de los procesos y la participación de la víctima en esta etapa. De todas maneras, la terminaron aprobando.

Uno de los principales cuestionamientos de la oposición fue la falta de predisposición para convocar a las organizaciones y especialistas que querían participar, aportar conocimientos y aclarar puntos para que la legislación no pudiera ser tachada de inconstitucional. Pero no hubo tiempo: la ley salió de Diputados al mes exacto de que fuera presentada en sociedad.

Otra gran duda es acerca del estado de la infraestructura carcelaria, que ya está sobrepasada. A este punto se refirieron los diputados del FIT Héctor Fresina y Cecilia Soria, la diputada kirchnerista Patricia Galván y hasta un aliado de Cornejo: Marcos Niven (PD). Al respecto, el oficialismo, en la figura de Marcelo D’Agostino, subsecretario de Justicia y Relaciones con la Comunidad, prometió ocuparse y dijo que están prontos a anunciar que retoman la obra de la cárcel federal; esto sumaría 600 plazas al sistema penitenciario.