La Justicia le negó la garantía de libertad a la monja Kosaka Kumiko, quien fue señalada por exalumnos de someterlos a maltratos físicos y facilitar los abusos en el Instituto Antonio Próvolo, al que asistían niños y niñas hipoacúsicas. Por esto, continúa prófuga y se mantiene el pedido de captura internacional.

El fiscal que lidera la investigación, Gustavo Stroppiana, confirmó a Unidiversidad que rechazó el pedido del defensor de la monja y que ahora deberá decidir este aspecto la cámara del crimen que corresponda, según los turnos.

El planteo del abogado de la monja es básicamente que la mujer se presentará ante la Justicia mendocina, pero siempre que el fiscal le garantice que mantendrá su libertad. Esta posibilidad fue la que rechazó Stroppiana con dos fundamentos centrales: la gravedad de los delitos por los que la imputará cuando se presente y que hasta el momento nunca se sometió al proceso, ya que se encuentra prófuga y con pedido de captura internacional.

De acuerdo a una nota publicada por el periodista Ignacio De La Rosa en diario Los Andes, el abogado defensor de la monja de origen japonés es Carlos Varela Álvarez. El letrado dijo a Unidiversidad que, por el momento, no hará declaraciones a la prensa.

Stroppiana también confirmó que la defensa de la religiosa, que pertenece a la Congregación Hijas de María Santísima del Huerto, propuso que tome declaración a otra religiosa: Asunción Martínez, quien trabajó en el Próvolo con Kumiko. El objetivo de la defensa es contar cuál era su desempeño e intentar desligarla de las acusaciones que pesan sobre ella.

La investigación por el caso Próvolo se inició a fines de 2016 y permanecen imputados y en prisión, acusados de abuso, los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, y los empleados José Luis Ojeda, José Bordón y Armando Gómez. El único que cumple prisión preventiva domiciliaria es Corradi, por su edad (tiene 82 años) y porque desmejoró su estado de salud cuando permaneció en la cárcel de Boulogne Sur Mer.

En el curso de esa investigación, algunas de las víctimas declararon, a través del sistema de Cámara Gesell, que la monja Kumiko los sometía a castigos físicos y facilitaba los abusos sexuales. Fue con base en esta declaración que el fiscal intentó dar con la religiosa para comunicarle su imputación, pero Kumiko nunca se presentó ante la Justicia mendocina, por lo que permanece en calidad de prófuga y con pedido de captura internacional.

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Así lo determinó la Octava Cámara del Crimen. Advirtieron que el Estado tiene responsabilidad por no investigar una denuncia judicial de 2008.

El avance de la causa

Stroppiana explicó que sigue el proceso de la investigación: continuará tomando declaración a los exalumnos del Instituto Próvolo, mientras que los peritos judiciales están analizando la documentación que secuestraron en el último allanamiento en el instituto de Luján, como CD, fotos y los datos de algunas computadoras.

El fiscal aseguró que su objetivo es elevar lo antes posible la causa a juicio y, si es necesario, abrir otras investigaciones para analizar nuevos implicados en los delitos. En este sentido, el fiscal de Maipú-Luján, Hernán Ríos, tiene en sus manos la investigación por la presunta responsabilidad de siete trabajadores de la escuela, entre ellos, docentes y directivos, ya que la Justicia presume que sabían de los abusos y no hicieron nada para proteger a los chicos y chicas.