Nota del Editor: El siguiente es un caso que pretende comprender lo difícil que es para muchos ciudadanos vivir con libertad plena cuando el Estado se vuelve en contra de sus integrantes. Son actos-gérmenes de terrorismo de Estado. Son los pequeños y particulares “golpes de Estado” ejercidos por agentes públicos que sufren muchos habitantes de este país que, por ser pobres de conocimiento y de recursos, además de ignorantes de las leyes y de sus derechos, terminan siendo “datos útiles” para llenar registros oficiales y justificar la existencia del aparato estatal cooptado por inhumanos tecnócratas.

Son los mismos que, para satisfacer la demanda por seguridad de la ciudadanía con un "costo social y administrativo bajo" y para sostener sus espacios de micropoder, son capaces de violar los derechos civiles de otros.

Esta historia, investigada y descrita minuciosamente por un joven periodista, señala las peripecias de una persona acusada de robo a mano armada sin pruebas suficientes que lo incriminen y que, al buscar ayuda de defensa oficial, es rechazado o ninguneado, y advertido de que será mejor que se declare culpable para atenuar una condena que ya está sellada porque nadie hará nada en su defensa si no tiene el dinero suficiente para pagar un abogado.

Por eso hacemos esta nota. Para mostrar con esta historia que lo que se dice de que “la cárcel está llena de pobres” no es sólo un enunciado sino una certeza confirmada con los hechos.  

El martes 14 de junio ya Radio Universidad del sistema de medios de la UNCUYO dio a conocer el caso. 

Jorge Fernández Rojas 

"Lo tratan como un delincuente pero él no hizo nada"

Los proyectos para recibir endeudamiento para construir más cárceles o la ley que endurece las prisiones preventivas, temas que circulan por la casa de Gobierno, no alcanzan o no visibilizan una situación que es aún más compleja y se vive en las calles: el abuso de poder policial y la discriminación. Esas dos palabras son las aristas del caso de Walter Villca, acusado de robo a mano armada y que, como muchos otros, pasó 5 días detenido por un hecho que, él asegura, no cometió.

La historia comienza el 5 de mayo de 2016, tres jornadas antes del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional. Según relató Villca (42) a Unidiversidad, Marisol Calustro –su esposa– tendía la ropa en el patio de la casa ubicada en el Barrio Virgen del Rosario en Guaymallén. Cerca de las 23, la mujer vio en el techo a una persona que le dijo que era un policía.

Calustro ingresó al domicilio e informó a su esposo. Le llamó la atención que el policía no tenía el uniforme reglamentario, además del modo altanero con el que la trató. A los pocos minutos golpearon la puerta y les pidieron que abrieran. Cuando entraron, los policías rociaron a la familia con gas pimienta y golpearon a uno de los hijos de Villca de 16 años.

Según indicaron las víctimas, eran seis efectivos los que entraron de manera intempestiva al lugar: cinco hombres y una mujer. Entraron sin una orden de allanamiento. El comprobante judicial llegó 40 minutos después de que ellos ingresaron al domicilio.

Una de las hijas de Villca exigió el papel y la oficial contestó: “Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Ustedes no pueden preguntar nada”, al tiempo que indicó que tenía testigos del hecho, del que no sabían. La joven, estudiante del profesorado de nivel inicial en la escuela Normal, insistió y le preguntó a la mujer policía de dónde era el testigo y qué quería saber. La policía respondió: “Usted cállese la boca porque si no, le hago un acta por preguntar”.

En medio del desconcierto, los efectivos argumentaron que durante la tarde de ese día, cerca de las 19.40, un hombre había robado un auto a una mujer, la obligó a salir del vehículo y escapó en una camioneta Berlingo igual a la de Villca. La familia de la víctima no entendía qué pasaba, puesto que el hombre es albañil desde hace 20 años, ese día trabajó en Las Heras y estuvo en la casa, según indicó, desde las 18.45.

Les llamó la atención que los efectivos tampoco llevaban guantes e incluso pidieron los que la mujer utiliza para cortar fiambre en el negocio familiar. Los efectivos sacaron todas las herramientas de trabajo de la camioneta, tomaron los celulares de la familia, le hicieron firmar a Walter el acta sin leérsela y lo trasladaron junto con el utilitario a la Comisaría N.º 27 de Godoy Cruz, lugar donde pasó la noche.
 

De abogados y dinero

El viernes 6, a Villca le pintaron los dedos, lo hicieron declarar y lo trasladaron a Contraventores. Al mismo tiempo, en medio de la desesperación, la familia consiguió un abogado que les cobró 7000 pesos para dejarlo en libertad, aunque les dijo que era difícil. Además les pidió $ 40 mil más para sacar la camioneta. Dado que la familia no tenía esa suma de dinero, buscaron un abogado del Estado.

En la Defensoría N.º 13 de Pobres y Ausentes, Franco Fausti fue el letrado designado para el caso. El hombre, según contó Calustro, no sólo no los ayudó sino que dudó de la inocencia de Villca. Según contó Marisol, el funcionario público le dijo que él no podía hacer nada, porque se encargaba de la parte burocrática, por lo que no podía buscar cámaras o testigos y sugirió que se declarara culpable para disminuir la pena.

“Si me declaraba culpable, la pena bajaba a tres años. Si no me declaraba culpable, la pena es de 10 años”, afirmó Villca. “Él esperaba que yo dijera que presté la camioneta, que no la tuve yo o esperaba que yo le dijera que la vendí”, explicó la víctima, al tiempo que especificó que, como no dijo eso, el abogado le refutó: “Lo que vos me decís ni yo te creo. Andá a decírselo al juez a ver si te cree”.

Después de un fin de semana en la cárcel, el lunes 9 de mayo se produjo la ronda de reconocimiento, donde la víctima del robo no identificó al hombre. Según dice el acta, el asaltante tenía 50 años, medía 1,80 m, era canoso y de tez blanca. Villca es un hombre de 1,65 m, tez morena y pelo negro. La víctima del robo no lo reconoció, pero retuvieron su camioneta y celulares hasta que se determinen las causas del hecho. El acusado sostiene que se trata de un caso de abuso, dado que el hombre es boliviano, de origen humilde y desconoce el accionar judicial.

Villca está acusado de robo de un vehículo cometido a mano armada, hecho que él dice hasta el cansancio que no cometió. A pesar de estar en libertad, tiene que presentarse a firmar los primeros y los 15 de cada mes esperando un juicio que jamás imaginó. Su historia pasó a formar parte de la lista de personas culpadas por delitos que no cometieron. El  caso quedó a cargo de la fiscal especial Claudia Ríos. “Quieren que se declare culpable. Me da impotencia porque lo tratan como si fuera un delincuente, pero él no hizo nada”, concluyó Calustro entre lágrimas.

Desde el 5 de mayo, la familia del acusado vive con miedo. Ese sentimiento no es el único: también se suma el daño moral que les quedó luego del accionar policial.
 

Un caso más de violencia institucional

El abogado Lucas Lecour, especialista en derechos humanos y presidente de la organización Xumek, explicó que se está frente a un caso de violencia institucional. El abogado es reconocido por ser defensor en casos de abuso policial, indicó que las autoridades policiales y judiciales actuaron mal.

En este sentido, el especialista aseguró que se puede avanzar en un juicio penal. “La gente no denuncia estos hechos. Tienen que filmar los hechos porque si no, la policía se aprovecha de la situación”, argumentó.
 

La situación judicial

La fiscal Claudia Ríos aseguró que se sigue investigando para saber quiénes son los presuntos responsables. En este sentido, Ríos aseguró que si no hay mérito para averiguar si es el señor, se procederá a su sobreseimiento. El vehículo quedará retenido. Si alguien considera que corresponde la entrega del vehículo, tienen que presentarse, acreditar la titularidad y seguirá como cualquier otra causa.

El caso de Villca muestra que muchas veces el desconocimiento judicial puede derivar en una situación no imaginada. Desde la fiscalía admiten que si la víctima cree que se ha obrado mal, tiene que hacer la denuncia correspondiente para que se inicien las investigaciones. Lo que pueda pasar con el acusado en adelante ya es otro procedimiento judicial.

Lo que no tiene en cuenta la fiscalía es que dificilmente un habitante común de este país tiene ese conocimiento jurídico específico incorporado en su formación básica por lo cual se ve obligado a la consulta profesional y si para colmo un letrado, empleado por el Estado, le sugiere que se declare culpable aún cuando no cometió ningún crimen ¿qué camino le queda, sino sentirse perseguido por el mismo sistema? 

 

Producción y texto: Juan Stagnoli