Sonia Romero es la primera gobernadora de la tierra de Mendoza. La arquitecta, de 49 años, se convirtió en la directora de la Agencia de Ordenamiento Territorial, organismo cuya misión es velar para que se cumpla la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, aprobada en 1999 y cuyo objetivo es lograr un crecimiento sustentable, equilibrado y equitativo de la Provincia.

En su oficina de la comuna de Maipú, donde es empleada de planta y actualmente se desempeña como titular de la Dirección de Desarrollo Territorial y Ambiente, recibe la noticia de que el Senado aprobó su pliego de postulación al cargo que ocupará durante cinco años. Su teléfono no deja de sonar y del otro lado de la línea son sus dos hijas, sus compañeros y hasta el intendente de Maipú, Alejandro Bermejo, quienes la felicitan por su logro.

Ella asegura que el nombramiento es un desafío personal y profesional. Aunque reconoce que no tiene ninguna especialización en ordenamiento territorial, está convencida de que podrá asumir esta responsabilidad, utilizando su capacidad de trabajo y la experiencia de gestión que fue cosechando a lo largo de su carrera y que la llevó a trabajar en diferentes municipalidades.

Para la profesional, el ordenamiento territorial es un tema muy amplio, que no se puede enfocar únicamente desde la ciencia y la técnica ni solo desde lo político, sino que la clave está en complementar esos dos aspectos y en consolidar un gran trabajo de gestión y de participación.

Romero se define como una militante justicialista, una militancia que comenzó cuando ingresó a trabajar en la municipalidad de Tupungato en 1991. Su actual pertenencia a la corriente Azul –que lideran los hermanos Adolfo y Alejandro Bermejo–, comenzó cuando ingresó en la comuna de Lavalle y conoció al exintendente Carlos Masoero, que falleció en un accidente automovilístico.

Después de ese primer acercamiento con los azules, en 2003 tomó contacto con Adolfo Bermejo y trabajó en la comuna dos años. Luego regresó al Valle de Uco de donde es oriunda, pero volvió a la municipalidad que hoy lidera Alejandro Bermejo, donde se desempeña actualmente.

El nombramiento de Romero cumplió con los pasos estipulados por la ley: el Consejo de Ordenamiento Territorial seleccionó y votó el año pasado por tres candidatos para dirigir la Agencia de Ordenamiento Territorial; luego, el gobernador Francisco Pérez decidió enviar el pliego de Romero a la Legislatura, ya que su cargo requiere aprobación legislativa, visto bueno que el Senado le dio la semana pasada.

La tarea de la Agencia de Ordenamiento Territorial será clave para que se cumpla la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, aprobada en 1999 después de 10 años de discusiones. La comunidad científica tuvo un papel fundamental, porque alzó la voz para impedir que los legisladores aprobaran un proyecto hecho a la medida del sector privado, y fue la responsable de elaborar la iniciativa que finalmente se aprobó.

La ley marca una serie de pasos a cumplir y que se concretaron en los últimos años: la conformación del Consejo y la Agencia de Ordenamiento Territorial y la elaboración del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, documento que el gobernador Francisco Pérez presentará el 1.º de mayo en la Legislatura, durante la apertura de las sesiones ordinarias.

La Agencia de Ordenamiento Territorial fue conformada hace tiempo, aunque hasta ahora no tenía un titular. El organismo está integrado por dos representantes de las comunas –uno por las oficialistas y otro por la oposición–, dos representantes de las universidades –uno por la pública y uno por la privada–, uno por los organismos técnicos y uno por el Ejecutivo. Actualmente está en marcha una modificación de la ley para incluir un representante del Departamento General de Irrigación.

Con la aprobación del pliego de Romero, la conformación de la Agencia está completa. Ahora solo resta que la Legislatura remita el expediente al Ejecutivo y que el gobernador firme el decreto, que permitirá a la arquitecta asumir efectivamente el cargo. El mismo tiene rango jerárquico, aunque depende presupuestariamente del Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, que lidera Guillermo Elizalde.

Un desafío

La flamante titular de la Agencia de Ordenamiento Territorial está orgullosa del proceso que llevó adelante Mendoza en esta materia y que hoy es ejemplo a nivel nacional. Si bien reconoció que la aprobación de la ley llevó tiempo, cree que no es tarde para controlar las desviaciones que el crecimiento desordenado causó, para potenciar los aspectos positivos y para proteger aquellas zonas que lo requieran.

Según su óptica, dentro de las problemáticas que causó este crecimiento desordenado, la optimización del recurso hídrico es uno de los parámetros en los que se debe trabajar con más fuerza, ya que este factor es crucial para cualquier proyecto que se plantee. Consideró también que es esencial tener en claro cuál es el camino que se pretende seguir en los próximos 20 años, lo que obliga a discutir si las ciudades deben tener un desarrollo expandido o concentrado y atender al ámbito rural, históricamente relegado en los lineamientos de zonificación.

En su charla con EDICIÓN UNCUYO, Romero habló sobre las etapas que se deben cumplir según estipula la ley, sobre la relación que tendrá con las comunas y los empresarios, y sobre la necesidad de comunicar a la población la importancia del ordenamiento territorial.

Con la Agencia conformada en su totalidad, ¿cuáles son las etapas a seguir?

Ya corre el plazo que establece la ley para presentar el plan de ordenamiento territorial. La Agencia ha estado trabajando junto con el Programa de Investigación y Desarrollo (PID) de la UNCUYO para lograr el plan. Esa es la primera meta a cumplir.

El gobernador anunció que lo presentará el 1.º de mayo.

Sí. Hay instancias previas a esa presentación que son terminar el documento del plan, presentarlo a consideración del Consejo de Ordenamiento, llamar a audiencia pública (será el 27 de marzo), hacer los cambios necesarios, para que, después sí, el gobernador tenga un documento validado para presentar en la legislatura.

¿Qué información incluye el plan?

El plan está formado por tres elementos sustanciales: una fotografía de la realidad de hoy, un modelo actual, con un sustento importantísimo de trabajos que se han desarrollado en distintos niveles por varios organismos e instituciones. Hay mucha información y lo que procuró la Agencia fue recopilarla, darle el valor que esa información tiene y plasmarla como la fotografía actual de lo que es hoy Mendoza. Luego tiene una instancia de analizar hacia dónde vamos, lo que implica estudiar cuál es la tendencia de Mendoza si no tuviéramos plan y seguimos como hasta ahora, si se quiere fragmentados, disgregados, sin la suficiente comunicación; eso te muestra otra fotografía, de una Mendoza a 10, 15, 20 años, siguiendo la misma tendencia. Luego, lo opuesto: apliquemos todo lo que se pretende hacer e imaginemos un modelo deseado. Entre estos dos esquemas está el posible o el objetivo, el realizable. Toda esta gran carpeta de información debe estar encauzada en una sola meta: una Mendoza más equilibrada, más equitativa y sustentable.

¿Cuáles son los pasos a seguir después de la presentación del plan?

Una vez validado, transformado en ley, los municipios tienen un año para desarrollar sus propios planes, que tendrán como sustento el provincial, el que marca lineamiento para que los municipales sigan esos mismos criterios, entonces vamos a estar hablando territorialmente todos el mismo idioma.

¿Qué avance tienen hoy los planes municipales?

Hay varios departamentos que, con la ayuda económica que distribuyó la provincia, avanzaron bastante con la creación de las áreas de ordenamiento territorial y con los planes, pero son los menos; los más son los que todavía no tienen esta conformación de área como se pretende. De todos modos, es una obligación de la Agencia acompañar esos procesos. Hay un fondo creado por la ley para ayudar a los municipios y conformar estar áreas para que todos tengamos un nivel de equidad. La Agencia es la encargada de seguir ese proceso, por supuesto, sin avasallar las autarquías.

Algunos investigadores pidieron que se pusieran mecanismos en marcha, entre tanto están listos los planes comunales, para que no siga adelante este proceso de crecimiento desordenado, ni las excepciones que a veces hacen los concejos deliberantes a emprendimientos inmobiliarios.

La ley 8051 marca esa restricción, de que no se deberían hacer excepciones a las normativas vigentes.

Pero eso no se cumple.

Efectivamente. Lo que pasa es que, a lo mejor, las normativas de zonificación establecen restricciones a la ocupación del suelo, pero los emprendedores, al no encuadrarse en esta normativa, piden una excepción. Eso también es una autonomía de los municipios y es una autoridad de los concejos deliberantes, pero la ley está y está hecha para que se cumpla. Una vez que esté aprobado el plan provincial y que marque los lineamientos generales para que los municipios podamos coordinar los planes municipales, esto no debería suceder.

¿Pero la idea es esperar a que tengan los planes comunales o ir implementando algunas medidas mientras tanto?

No, la Agencia tiene poder de policía y va a poder hacer estas intervenciones. En realidad, lo que ha venido haciendo este año es un trabajo arduo de poder equilibrar con los municipios, de llevar adelante la aprobación del plan. Es una tarea importante explicar en todos los ámbitos, especialmente el legislativo, qué se busca con esta propuesta, pero siempre el acompañamiento y la disposición para trabajar en conjunto con los municipios va a estar.

¿Cuál es el poder de policía que tendrá la Agencia?

En realidad, la Agencia va a tener el poder de controlar que no se produzcan desviaciones como las que estamos hablando. No va a poder actuar sobre el emprendedor, pero sí va a poder aconsejar a quien toma la decisión, municipalidad o concejo deliberante, de que esa instancia no debería permitirse y que puede haber sanciones.

Hay un crecimiento exponencial de barrios privados, con un avance sobre el llamado cinturón verde. ¿La Agencia va a tener el poder de policía para controlar este crecimiento?

Te hablo por Maipú, que es lo que conozco. En realidad, hay zonas que han sido productivas y que hoy están como reservas urbanas. Es una norma del Concejo Deliberante, no son excepciones. Estaba previsto que la Ciudad creciera para ese lugar; es cierto que por ahí es perjudicial desde el punto de vista productivo o de riego, pero también es cierto que ha habido política de ordenamiento del territorio desde el municipio, de poder avanzar en esos sectores. Maipú, por ejemplo, es operador del servicio de agua potable e hizo, hace cuatro años una planta potabilizadora en el punto óptimo que es el sur, en Lunlunta, entonces el mayor crecimiento en los próximos años va a estar ahí, en la primera zona productiva. Hay una superposición de posibilidades técnicas de abastecer de agua potable, con la de seguir produciendo uva en esa zona. En el mientras tanto, en la transición, se están desarrollando emprendimientos inmobiliarios, la norma lo permite y lo sustenta.

Más allá de este ejemplo puntual de Maipú, a uno como ciudadano le da la impresión de que los proyectos se aprueban, no porque exista un plan, sino porque quieren que se construya en su territorio.

Es cierto que se avanzó mucho sobre el cinturón verde, pero también es cierto que hay situaciones que escaparon a los municipios, hay leyes que permiten que se fraccione en lo rural sin la intervención municipal, por ejemplo la Ley de Loteos. Son discusiones que nos tenemos que dar para adelante, de esos grises que existen desde hace años. Es bueno tener la ley, el consejo, la participación, que todos opinemos e intervengamos, tratar de coordinar lo académico, lo social, lo político, lo gubernamental, porque en realidad todos tenemos que opinar acerca de hacia dónde queremos ir y que no se produzcan estas disociaciones. Es cierto que falta comunicación con la sociedad, aceitar los caminos de participación, a lo mejor explicándoselo a la gente la opinión que tenga sobre algunos temas no sea negativa.

¿La Agencia tiene previsto hacer campañas de comunicación para explicar a los vecinos la importancia del ordenamiento territorial?

Absolutamente, tiene obligación de hacerlo.

Si tuvieras que explicarle a un ciudadano qué es el ordenamiento territorial, ¿cuál sería la importancia de que la provincia tuviera una ley, qué le diría?

El ordenamiento sirve para equilibrar y buscar sostenibilidad y sustentabilidad en el sistema. A lo mejor son términos técnicos, pero si cualquier vecino me pregunta para qué sirve y me dice que es vecino de Tunuyán, que vive en una finca, que este año produjo menos y está pensando en vender su finca para lotearla, yo le explicaría que el ordenamiento territorial le sirve para que, mediante distintos mecanismos, pueda tener ayuda en cuanto a lo agroindustrial con algún programa del gobierno para que optimice su tierra. Entonces, en lugar de transformar su finca en un barrio, porque es difícil conseguir agua para el consumo humano, es preferible buscar otros caminos coordinados donde no superpongamos esfuerzos, para que usted siga siendo un productor en mejores condiciones. La ciudad no le va a invadir su territorio, porque va a seguir produciendo con sustentabilidad y rentabilidad, y la ciudad va a crecer en otro lugar. Para eso sirve el ordenamiento, para no avanzar en situaciones en las que no tenemos que avanzar, para proteger lo que tengamos que proteger y para potenciar y favorecer a los que vinieron haciendo las cosas ordenadas.

Empresarios y contradicciones

¿Cuál será la relación con los empresarios, que tienen mucho poder en este tema, tanto que en algunos casos se les aprobaron obras incluso en terrenos que no eran propios, como pasó en el caso de Dalvian?

No fue el único caso. Uno tiene que saber escuchar y hablar en el momento apropiado y frente a los actores que corresponda. Lo que buscaron todos los que participaron en este proceso es lograr equilibrar y buscar la solución óptima o la mejor solución dentro de lo que se puede, aquí hay que buscar el bien común. Sí creo que el avance injustificado e injusto de algunos señores avasallando derechos no me parece, hay que respetar los derechos de todos, de propiedades. En esas instancias donde los intereses son muy fuertes habrá que buscar el camino para que los perjuicios sean los menos.

¿Cómo será en estos casos la intervención de la Agencia, si, por ejemplo, un municipio está en vías de aprobar un emprendimiento importante?

En los grandes proyectos, que abarcan grandes inversiones, hay una instancia en la evaluación de impacto ambiental que debe tener una vista de la Agencia y ahí puede actuar opinando.

¿Cuál es el parámetro que marca la ley para que opine?

La ley establece cuáles son los límites sobre los que hay que hacer diversos estudios, el parámetro son los metros cuadrados.

¿Cómo combinará en su gestión lo político y lo Ejecutivo, teniendo en cuenta que incluso dentro del oficialismo la ley produce algunos tironeos?. Un ejemplo de esto fue la opinión del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, que en una entrevista publicada en diario El Sol, dijo que la implementación de la ley era inviable.

Justamente, va a ser difícil, una tarea ardua. Creo que es importantísima en cualquier gestión la comunicación, y más en este tema. De hecho, la Agencia está conformada por vocales que tienen representación de distintas instituciones y sectores, hay que potenciar que esa representación sea fuerte y el hecho de que la Agencia tenga una validación legislativa le da otro peso, no es lo mismo pararse en la Legislatura para explicar el plan siendo un funcionario común que teniendo acuerdo. Lo fundamental es la comunicación; después, quien esté en la Agencia tiene que tener respaldo total del gobierno municipal como del provincial, esto es un sistema y lo hacemos entre todos. Por eso, dentro del consejo se discutió mucho el tema de la representación en las cámaras. No todos los municipios tienen legisladores, pero es importante involucrar a todos los actores. Creo que una de las tareas a darnos es la comunicación, la información, llegar a cada legislador, a cada ministro, a cada director, a cada intendente, a los concejos deliberantes y a la sociedad civil, porque es importante la opinión.

En este mismo sentido, ¿cuál será su postura y la de la Agencia frente a proyectos como el de la Ley de Loteos, que están en la Legislatura y en la que muchos de sus puntos están en abierta contradicción con la Ley de Ordenamiento Territorial?

Creo que falta coordinación, de comunicación. Nadie duda de la representatividad que tienen las cámaras, pero creo que la tarea a darnos es profundizar más en la información, acercar las opiniones de la Agencia y del Consejo.