La fiscal correccional Anabel Orozco enfrentará al tribunal del Jury de Enjuiciamiento y mientras dure el proceso permanecerá suspendida en su cargo y cobrará la mitad de su sueldo. La magistrada fue acusada de incumplimiento de los deberes de funcionario público por estar de viaje en Brasil mientras tenía licencia por enfermedad.

La decisión de continuar con el proceso contra Orozco la tomaron por unanimidad los miembros del Jury, formado por siete diputados, siete senadores y los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. En el tercer encuentro que mantuvieron por este caso participaron todos los integrantes del cuerpo, aunque el supremo Jorge Nanclares fue reemplazado por la camarista Silvina Furlotti y Eduardo Ginner tomó el lugar de Juan Carlos Jaliff, quien fue recusado sin causa por la acusada, algo que le permite la ley.

El proceso que se inicia contra la magistrada es similar a cualquier juicio. Es decir que el tribunal –en este caso presidido por el titular de la Corte, Pedro Llorente- analizará las pruebas que presente la acusada y el acusador que es el procurador, Alejandro Gullé. Se escucharán a testigos y finalmente dictarán sentencia. De ello puede resultar que la jueza siga en su cargo como titular de la Segunda Fiscalía Correccional, que se le aplique una sanción intermedia -lo que es posible gracias a un cambio en la legislación- o que sea destituida.

Ahora, Orozco tiene 30 días hábiles para ofrecer pruebas a su favor. Luego de este lapso, los miembros del tribunal tienen un período de 10 a 30 días para analizar los documentos presentados por la defensa y por la parte acusadora y luego determinar una fecha para iniciar el proceso.

A la magistrada se la acusa de incumplir sus deberes de funcionario público. Y las pruebas que presentó la parte acusadora para solicitar el inicio del proceso son: que la letrada pidió licencia por enfermedad, que presentó dos certificados médicos por diez días cada uno, que se fue a Brasil, que subió las fotos a su cuenta de Facebook y que Cancillería informó que la mujer efectivamente salió del país y luego volvió en el mismo lapso en que debía estar en recuperación.

En el seno del Jury se trató tres veces el caso de Orozco, ya que en la primera etapa la jueza no se dio por notificada y los integrantes del cuerpo decidieron notificarla por segunda vez en el domicilio que constituyó en el escrito que presentó su abogado, para evitar que a futuro alegara que violaron su derecho de defensa.

La causa penal

Además de la decisión de iniciar el proceso de juicio contra Orozco, que es una causa administrativa, los miembros del Jury decidieron respecto de un pedido de desafuero contra la magistrada, aunque en este tema se solicitó que se fundamente la solicitud y se aclare si la mujer invocó sus fueros. Esto porque el fiscal, Fernando Guzzo, impulsó una causa penal contra la jueza por falsedad de documento público, aduciendo que presentó certificados médicos cuando en realidad estaba de vacaciones y que incluso uno de los escritos fue firmado cuando la mujer estaba de viaje.

El pedido de desafuero también fue analizado por el Jury, porque esta es una condición para que pueda seguir su curso la causa impulsada por Guzzo y que ahora está en manos de la fiscal de Capital, Mercedes Moya.

Últimas causas

El último funcionario que enfrentó un Jury de Enjuiciamiento y fue destituido fue el exfiscal de Estado, Joaquín de Rosas, quien fue cuestionado por los valores a los que pagó la expropiación de tierras en la zona de Divisadero Largo al grupo Vila.

Más recientemente, el Jury aplicó una sanción intermedia al fiscal Fabricio Sidoti. Lo suspendió cuatro meses en sus funciones por entender que no actuó debidamente en el caso de Ayelén Arroyo, la joven que denunció a su padre por abuso, hoy principal acusado de asesinarla.