La Suprema Corte de Justicia falló a favor de la implementación de un Ente Regulador del Transporte Público de Pasajeros que estaba contemplado en la Ley 7.412 que fue sancionada en el año 2005, pero pasó a través de los gobiernos sin aplicarse. El reclamo fue impulsado por la ONG Protectora. De implementarse, este organismo tendría autonomía del gobierno y se encargaría de fijar los cuadros tarifarios y determinar los recorridos de las unidades de transporte. 

Luego de que el Gobernador Alfredo Cornejo anunciara su proyecto para aumentar a 9 la cantidad de miembros de la Suprema Corte, los jueces Alejandro Pérez Hualde, Mario Adaro y Julio Gómez, "rivales" del mandatario e integrantes de la Sala Primera, le dieron al razón a la ONG defensora de los derechos de los consumidores comandada por José Luis Ramón y Mario Vadillo, recientemente elegidos como legisladores.

A la vez que se aprueba un ente de control del transporte y se emplaza al Ejecutivo para que en 60 días contados desde la notificación cumpla con las obligaciones impuestas, la sentencia rechazó el pedido de nulidad que la ONG hizo de las Resoluciones N° 2115/15 y 2116/15, las que autorizaron los aumentos de tarifas de transporte en diciembre de 2015, apenas asumió Cornejo. Esto significa que se dio el visto bueno a las audiencias públicas a través de las cuales se fijaron las subas del boleto.

De esta manera, la situación del transporte público mendocino tiene un nuevo capítulo, luego de que el gobierno provincial disolviera la Empresa Provincial de Transporte de Mendoza (EPTM) y la privatizara transformándola en la Sociedad de Transporte de Mendoza Sociedad Anónima, en 2016, con el argumento de que la compañía estatal “es sumamente ineficiente”. La EPTM manejaba el servicio de los troles pero hoy, colectivos privados alquilados realizan esos recorridos. Según la directora de la STM, Marcela Gazali, en diálogo con Radio Nihuil, los trolebuses volverán a funcionar en marzo de 2018 y 6 unidades no regresarán a las calles por su mal estado.

Para Ramón, sacar a los troles de circulación y otorgar a una empresa la concesión a 20 años de la Terminal de Ómnibus "obedece a una acción a favor de las empresas y no de los usuarios" y lo que vendría a hacer el Ente Regulador es "controlar" y frenar al gobierno de este tipo de políticas. "El Ente, en este caso, podría haber llamado a una Audiencia Pública", dijo el abogado a Unidiversidad.

Sin embargo, el reciente electo como diputado nacional, consideró que este fallo de la Corte no se relaciona con cuestiones políticas ya que esta regulación data desde 2005. Ese año, debió ser implementada la Ley N° 7.412 pero tanto el exgobernador Celso Jaque como Francisco "Paco" Pérez no la aplicaron. Es por esto que Protectora le reclamó, hace un año y medio ante la Justicia, al gobierno actual para que así lo hiciera.

De llevarse a cabo, este organismo tendría autonomía del gobierno provincial y se encargaría de fijar los cuadros tarifarios y determinar los recorridos de las unidades de transporte.

En las últimas semanas, la justicia convocó a las dos partes en litigio a una serie de audiencias de conciliación. Allí, el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, manifestó que la postura del oficialismo era "crear un ente único en el que estén los servicios que, por jurisdicción, corresponden a la provincia de Mendoza" y argumentó que poner en marcha el Ente de Transporte podría traer algunos contratiempos, además de señalar que el Ente se fijó hace más de una década por lo que quedaría "viejo". Frente a esto, Ramón sostuvo que "esa excusa es mentira" y que es usada "para entregar concesiones a manos privadas".