La Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en los proyectos mineros. La decisión del máximo tribunal puso fin a la disputa entre la Provincia, que defendió la constitucionalidad de la norma, y los empresarios mineros, que presentaron diez acciones de inconstitucionalidad, sobre las que falló la Corte.

El conflicto comenzó a gestarse en 2005, cuando vecinos de distintas localidades protestaron contra la instalación de proyectos mineros en sus departamentos. La norma fue aprobada en 2007.

Aquí un repaso de los 10 años de conflicto entre ambientalistas y empresarios mineros.