Por segunda vez, la monja Kosaka Kumiko se declaró inocente ante los funcionarios judiciales y les aseguró que no entiende por qué la acusan de cometer delitos tan aberrantes como el abuso sexual de niños y niñas en el Instituto Próvolo de Luján de Cuyo.

Kumiko fue trasladada desde el centro de detención de Agua de las Avispas, ubicado en Cacheuta, hasta la sede de los tribunales provinciales, donde arribó a las 10. Esta vez, cambió el hábito por un conjunto deportivo y no ocultó las esposas, como la primera vez que se presentó ante el fiscal.

 

La monja japonesa está imputada por ser partícipe primario de los delitos de abuso sexual y corrupción de menores, ya que tres testigos la señalaron como la persona que los sometía a castigos físicos y que facilitó los abusos que cometieron contra ellos los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho. Kumiko, de 42 años, amplió su declaración hoy (martes 9 de mayo) ante unos de los fiscales de Luján-Maipú, Hernán Ríos, ya que quien lidera la investigación por los abusos en el Próvolo, Gustavo Stroppiana, se tomó unos días de licencia.

De acuerdo al relato de los abogados querellantes, Sergio Salinas y Oscar Barrera, Kumiko negó todos los cargos en su contra y repitió que no entiende las razones que llevaron a los testigos a acusarla de delitos tan aberrantes como los abusos sexuales. Al mismo tiempo, negó los tres casos por los que quedó imputada hace unos días, cuando se presentó por primera vez ante la Justicia, luego de permanecer 30 días prófuga.

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Así lo determinó la Octava Cámara del Crimen. Advirtieron que el Estado tiene responsabilidad por no investigar una denuncia judicial de 2008.

Barrera comentó que, ante la lectura de las acusaciones, la religiosa repitió que “era imposible”. En ningún momento nombró a los otros cinco imputados en la causa, se mantuvo serena y contestó con tranquilidad a los requerimientos del fiscal.

Salinas explicó que Kumiko aseguró que tuvo tiempo, pero no los medios suficientes para leer las pruebas en su contra. El letrado juzgó que sus palabras eran una especie de artilugio legal para poder solicitar en el futuro la nulidad de todo el proceso, aduciendo que se le negó el derecho a la legítima defensa, por lo cual se le leyeron cada uno de los testimonios que la incriminan.

El defensor de la religiosa, Carlos Varela Álvarez, se negó a hablar con los periodistas, la misma postura que mantiene desde el día que asumió la defensa de la monja perteneciente a la Congregación Hijas de María Santísima del Huerto.

La investigación por los abusos en el Próvolo comenzó en 2016 y ya tiene seis imputados: los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, la religiosa Kosaka Kumiko y los exempleados del centro eductaivo José Luis Ojeda, José Bordón y Armando Gómez. Todos permanecen detenidos.