La muerte de la pequeña Luciana Rodríguez el 7 de enero de 2014, a causa de múltiples golpes, fue la comprobación de que el maltrato infantil sigue siendo una de las problemáticas sociales más acuciantes y mostró las falencias del sistema ideado para proteger a los niños y niñas y adolescentes. A fin de mes se iniciará el debate de la causa, en la que están imputados el padrastro de la nena, Jorge Orellano, y su madre, Evelin Rodríguez. Ambos arriesgan la pena de prisión perpetua.

La fiscal de Instrucción de Capital, Daniela Chaler (foto) –quien lideró la investigación–, confirmó a Unidiversidad que el 31 de agosto se iniciará el debate por la muerte de la pequeña, en la Séptima Cámara del Crimen, presidida por la jueza Susana García. 

Chaler explicó que tomó numerosas declaraciones a testigos y se realizaron pericias psicológicas y psiquiátricas a los imputados para determinar si fueron conscientes de sus actos. El resultado, dijo, fue que tenían plena conciencia de lo que hacían.

La fiscal comentó que justamente una de estas pericias fue lo que retrasó el inicio del debate, porque la defensa del padrastro de la pequeña adujo que el hombre sufrió de meningitis y que eso podría haberle causado problemas para entender la gravedad de sus actos. Sin embargo, esto quedó desestimado con nuevas pericias, según explicó.

El 31 de agosto estarán frente a los magistrados de la Séptima Cámara del Crimen el padrastro de la pequeña, imputado por homicidio agravado por alevosía, y su madre, imputada por homicidio agravado por el vínculo en omisión impropia, es decir que la fiscal consideró que, si bien no participó en las golpizas, no hizo nada para detenerlas. Ambos arriesgan una pena de prisión perpetua.
 

Una muerte evitable

El 7 de enero de 2014 Luciana Rodríguez fue trasladada a la clínica Santa María, en Capital, por su padrastro. Pese a los esfuerzos médicos, la pequeña murió y, según los resultados de la autopsia, la causa del fallecimiento fueron las múltiples lesiones que presentaba la nena.

Horas después de la muerte, su madre y su padrastro fueron detenidos e imputados por la doctora Chaler. Además, la fiscal especial Claudia Ríos abrió una investigación de oficio e imputó a seis trabajadores de la Dirección de Niñez y Adolescencia (Dinaf) que tuvieron intervención en el caso, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La razón fue que se comprobó que el sistema de protección recibió diez denuncias por los malos tratos que sufría la pequeña. La abuela de la nena y su tía denunciaron ante los medios de comunicación que la Dinaf restituyó a la pequeña a su hogar, cuando habían advertido sobre la violencia que padecía.

El caso mostró las falencias del sistema ideado para cuidar a los pequeños y la necesidad de rever sus prácticas. El mecanismo que puso en marcha la Dinaf sigue los postulados de la Ley Nacional de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (26061) y su cabeza es el Órgano Administrador Local (OAL), los servicios de protección de derechos ubicados en los departamentos y las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Ese sistema se basó en el nuevo paradigma que planteó la ley nacional: que los pequeños no pueden ser judicializados por razones sociales, económicas o problemáticas familiares, sino que es el Ejecutivo quien debe protegerlos y restituirles sus derechos, cuando los mismos fueron vulnerados. Es decir que estos casos ya no estarían más en manos del Poder Judicial, sino del Ejecutivo.

En el caso de Luciana Rodríguez, el sistema de protección actuó, pero no evitó su muerte. Frente a esta comprobación, el gobernador Francisco Pérez firmó en ese momento el decreto 105/14, en el que instó a todos los integrantes del sistema de protección a trabajar en forma articulada y a revisar sus prácticas. 

El resultado de esa revisión se plasmó en un Pacto por la Niñez, firmado por la mayoría de los integrantes del sistema de protección. Algunos de los puntos incluidos fueron: trabajar con un legajo único, ya que se confeccionaba uno por cada ministerio, con lo cual era imposible tener una visión completa del problema; pasar la línea 102 desde la órbita del Ministerio de Salud a Desarrollo Social, y reforzar el sistema de protección con personal especializado, además de extenderlo a toda la Provincia, ya que en ese momento no tenía presencia en San Carlos, Rivadavia, Junín y La Paz.

Los firmantes también se comprometieron a realizar un acuerdo con el Poder Legislativo para que debatiera y aprobara un proyecto que permitiera adecuar la Ley Provincial de Niñez (6354) a la nacional. El objetivo principal fue salvar zonas grises que existen entre las dos normas, especialmente en cuanto a la determinación clara de las responsabilidades que le competen a cada actor del sistema.

Luego de firmado este acuerdo, se conformó la Comisión Bicameral de Niñez, presidida por la justicialista Sonia Carmona. Los legisladores trabajaron en un proyecto de adecuación, basado en varias iniciativas ya presentadas, y organizaron rondas de consultas para que los especialistas hicieran sus aportes. Sin embargo, después de dos años de trabajo, el proyecto sigue sin ser tratado en el recinto.

La diputada Carmona reconoció a Unidiversidad que falta un acuerdo político para que el proyecto se trate y se apruebe. Dijo que está trabajando en ese sentido junto a la diputada radical Beatriz Varela, con la intención de aprobar la iniciativa antes de fin de año, es decir antes que asuma la nueva gestión.

Uno de los especialistas que colaboró en la redacción del proyecto fue el doctor Jorge Chahla, que desde hace treinta años trabaja por los derechos de la niñez. En ese momento, enumeró las claves para reforzar el sistema de protección de derechos: el seguimiento de los casos, porque si “no hay seguimiento, no hay ley ni programa que sea exitoso”, y la selección de los profesionales a través de concursos, ya que debe existir una motivación y un compromiso para resolver los casos.

El día que brindó sus aportes a los miembros de la comisión, Chahla aseguró que la muerte de Luciana Rodríguez fue un caso muy doloroso que mostró todas las falencias del sistema: hubo advertencias sobre el maltrato que sufría la pequeña, se hicieron intervenciones, se la sacó del núcleo familiar directo, luego se la restituyó, pero la nena murió a causa de los golpes. Por eso, recalcó que era necesario rever las prácticas y dejar en claro las responsabilidades de cada uno de los actores del sistema.

El 31 de agosto comenzará el debate en el que se juzgará al padrastro y a la madre de Luciana Rodríguez. Pero esa sólo es una parte de esta dolorosa historia; la otra es comprobar si se aceitaron los mecanismos que deben proteger a los niños, niñas y adolescentes, para que nunca más haya otra nena que sufra como Luciana.

También podés leer:

"Necesitamos contar con recursos para implementar la nueva legislacion provincial"

La deuda con los niños y las niñas

Ley de niñez: la deuda legislativa

Niñez: un proyecto que determina responsabilidades

Un pacto por la niñez