La situación laboral de las personas travestis y trans es precaria y la mayoría recurre a la prostitución como única posibilidad de subsistencia. La esperanza de vida de esta población es de 35 años y esto se debe principalmente a la falta de acceso al sistema de salud, que un trabajo formal debería respaldar.

Mucho se ha hablado de cupo y paridad de género entre hombres y mujeres en distintos ámbitos. Sin embargo, y en el panorama actual, los derechos de las personas trans siguen relegados y no hay una legislación que ampare su incorporación en trabajos formales en Mendoza y en el resto del país. Año a año, la demanda concreta de la inclusión laboral trans es bandera de lucha para el colectivo LGBTTTIQ+.

La realidad de las mujeres trans: sin trabajo, violentadas e ignoradas

Pese a los avances normativos en la última década, como la sanción de la Ley de Identidad de Género, la vida de las mujeres trans está marcada por la falta de oportunidades. No tienen acceso al mercado laboral y son pocas las que se pueden insertar en la educación formal.

A nivel nacional, existen proyectos de ley que contemplan la inserción laboral de personas trans. En julio de 2018, la diputada justicialista Mónica Macha presentó uno, avalado por más de cuarenta firmas de legisladoras y legisladores. La iniciativa establece un cupo mínimo del 1 % de los puestos de la administración pública nacional destinados a la población trans.

En noviembre del mismo año, la Liga LGBTIQ+ de las provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina presentaron el proyecto de ley “Lohana Berkins” de Inclusión Laboral Formal Trans y Travesti. Estaba encabezado por la diputada nacional del Frente para la Victoria Gabriela Estévez y lo acompañaban alrededor de sesenta firmas.

Julieta Antúnez, expresidenta y actual secretaria política y sindical de la Liga LGBTIQ+ de las provincias, apuntó: “Nosotras ya no hablamos de cupo porque la experiencia nos dice que los cupos se terminan transformando en techos. Ahora hablamos de inclusión laboral, donde marcamos un piso equivalente al 1,5 % de la planta que tiene el Estado Nacional para que se reserve para las compañeras y los compañeros trans”. 

Este proyecto instituye, además, “un sistema de becas de capacitación para quienes no reúnan las condiciones de idoneidad con el compromiso de contratación, establece incentivos impositivos a las empresas privadas que contraten personas trans y travestis y crea un programa de sensibilización sobre discriminación por identidad y/o expresión de género destinado a la administración pública y las empresas privadas”. Además, prevé la prohibición de discriminar por identidad o expresión de género en la Ley de Contrato de Trabajo.

Antúnez señaló la falta de voluntad política para su tratamiento durante 2019, pero ve con esperanza que en 2020 el tema ocupe la agenda política. Esperan, además, una reunión con representantes del nuevo Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. “En unos meses más, ya vamos a tener contacto físicamente para poder plantear esto y que haya una mayor visibilización de las demandas y necesidades que las compañeras y los compañeros trans tienen en el interior, que no es la misma realidad que se vive en Capital Federal y en Buenos Aires”, explicó.

Chubut, Río Negro y Chaco aprobaron leyes provinciales de cupo laboral trans en 2018, pero ninguna lo implementó definitivamente. Por su parte, Buenos Aires cuenta con esa ley sancionada en 2015 y, sin poder ser vetada ni derogada, alcanzó su reglamentación recién en diciembre de 2019.

Situación provincial

En Mendoza no prosperó ninguna de las iniciativas que se tomaron en la Legislatura para sancionar una ley de inclusión laboral trans. En 2015, el exdiputado del PJ Alejandro Viadana presentó un proyecto al respecto; en 2016 lo hizo Cecilia Soria por el FIT; en 2017, Víctor da Vila por el mismo frente; en 2018, la senadora Daniela García, del bloque de la UCR, y la diputada Cristina Pérez, del bloque justicialista. 

Inclusión laboral trans, una deuda pendiente de la democracia

Julieta Antúnez Ríos, referenta de la diversidad del PJ, explicó sobre la Campaña Nacional por la inclusión laboral trans en "Siempre es hoy", al cumplirse un año de la Ley de Cupo Laboral Trans.

Siguen vigentes estos últimos. El primero establece una modificación a la Ley 9015 sobre el régimen de incorporación en la administración pública provincial. Prevé que, de la totalidad de ingresantes por concurso para trabajar en el Estado, un mínimo del 0,5 % debe corresponder al cupo de personas trans, travestis y transexuales. Según dice su redacción, hasta el año 2017, solo cuatro personas trans trabajaban registradas en Mendoza. 

Otro proyecto aguarda en la legislatura provincial desde 2018, cuya autora es la diputada provincial Cristina Pérez. Sobre este aclaró Antúnez: “No ha perdido estado parlamentario, pero estamos esperando que tengan voluntad política de tratarlo”.

Sin embargo, en algunos municipios ha habido iniciativas con diversos resultados. En Las Heras se aprobó un cupo del 0,5 % en puestos de trabajo municipales y el proyecto fue presentado por la concejala de Libres del Sur Karina Ferraris. En Luján de Cuyo, la redacción estuvo a cargo de referentes trans y contempla el 1,5 % de los puestos, pero aún no se aprueba: “En este momento, el proyecto está frenado en Peticiones y Asuntos institucionales. El problema es que cuando pasan dos años sin tratarse, se puede archivar sin ningún tipo de justificación”, puntualizó la concejal lujanina Paloma Scalco, una de las firmantes. 

La funcionaria destacó que la situación de los departamentos es dispar. En La Paz está aprobado, en Maipú y en Junín fue rechazado, Godoy Cruz y San Martín aguardan el tratamiento y en algunas otras localidades está siendo elaborado.

Las miradas puestas en el censo

Son pocos los seguimientos e investigaciones que profundizan al respecto. Según el Indec, en su Primera Encuesta sobre Población Trans en La Matanza (2012), el 80 % no tiene cobertura médica, el 72 % de quienes trabajan de manera remunerada busca cambiar su fuente de ingresos y el 82 % reconoce una dificultad por su identidad trans para conseguir un nuevo trabajo. Según un informe de 2014 realizado por la Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, el 23 % de la población trans ejerció la prostitución y el 61 % la ejerce actualmente.  
 

Un censo inclusivo

Por primera vez, en el Censo que se hará el próximo año se preguntará no solo el sexo de cada persona, sino también la identidad de género autopercibida. Fue un pedido de organizaciones sociales para reconocer a las personas LGTB, especialmente las trans, a las que siempre consideraron "invisibilizadas".

El último censo, del año 2010, se realizó realizó previo a la sanción de la Ley 26743 de Identidad de Género (2012). Lo que se conoce sobre las realidades de las personas trans es limitado y las estadísticas provienen, mayoritariamente, de fundaciones y organizaciones sociales. “En ese Censo estaba todavía la reglamentación binaria varón/mujer y las personas trans estamos incluidas así: las trans femeninas, dentro del listado de varones; y los trans masculinos, dentro del listado de mujeres, porque se regía por el DNI”, puntualizó Julieta Antúnez.

El Censo 2020 constituye una oportunidad para generar un conocimiento exhaustivo y sistematizado acerca de la población trans a nivel nacional y local porque “sí va a contemplar por primera vez a las identidades disidentes”.