Hubo un día en el que Agostina (5)- nombre ficticio- se fue llorando del cumpleaños de su compañerito de la escuela. “Salite, vos no podés jugar acá. Tu papá es un ladrón y está en cana”, le gritó otra niña mientras la fila iba avanzando para ingresar a uno de los laberintos del pelotero.

El impacto de la frase en el corazón de la pequeña fue tan grande que a los días, no solo no quería volver a clase, sino que había dejado de jugar. Su decepción fue profunda: “La mamá le había dicho que su padre estaba trabajando lejos, pero por la zona, los vecinos y también en los negocios sabían que estaba preso en San Felipe”, comenta la docente de una escuela primaria al referirse a la estigmatización social que pesa sobre los niños y niñas cuyos padres, madres o familiares cercanos están cumpliendo una condena tras haber cometido un delito.

Es que ellos/as además, son el sector de la infancia más vulnerable tanto desde el punto de vista socio económico, como por el pasado vivido y las barreras que muchas veces se interponen en su desarrollo futuro. En su mayoría, viven en hogares pobres donde de pronto, el sostén (o uno de ellos) se aleja de la escena familiar. Pero esto no es todo. Además, una buena porción no cuenta con cobertura médica y muchas veces abandonan la escuela o ven interrumpido su ritmo cotidiano.  

Su niñez, de hecho, ha estado marcada por malos tratos, abusos, malos ejemplos y formas de crianza negativos, en contextos de violencia y abandono. A todo ello, se suma la estigmatización social por ser hijos e hijas de alguien que está en un privado de la libertad.

Un informe especial publicado recientemente por el Observatorio de la Deuda Social de la Infancia realizado por la Universidad Católica Argentina (UCA) analizó esta problemática. Entre las estadísticas surge que en el país, al menos 146 mil menores de 0 a 17 años en Argentina tiene a su padre, madre o familiar directo en la cárcel. En el Gran Mendoza, la cantidad de niños, niñas y adolescentes en esa situación se estima en al menos 8 mil, frente a una población carcelaria creciente año a año.

Mendoza: al menos 8 mil menores de 17 años tienen a su padre o madre en prisión

Son datos de un informe especial de la UCA. En el país son, como mínimo, 146 mil niños, niñas y adolescentes quienes viven esta situación. Presentan mayores dificultades para acceder a la educación y son la franja más vulnerable. Aquí, los ...

Sufrimiento que se propaga

Claudia Suárez es trabajadora social, especialista en criminología y está a cargo del área social de complejo penitenciario San Felipe. Su intervención, sobre todo es en materia vincular entre la persona que está presa y su familia.

Desde su experiencia, la profesional ayuda a “bajar a tierra” las estadísticas y les da humanidad. Explica que una de las primeras situaciones complejas que viven los menores cuyo padre está alojado allí es “el cimbronazo de la detención”, a lo que se suma el shock que implica la visita posterior a la cárcel.

“Uno de los puntos en los que insistimos desde las charlas, es que los padres de los niños y niñas sepan cómo manejar la información sobre la situación. Deben construir un relato que esté adecuado al niño o niña sin que haya mentiras de por medio, pero que al mismo tiempo sea lo más llevadero posible para el/la menor”, detalla la profesional.

Y es que el impacto en la vida cotidiana de la familia –describe Suárez- no sólo se siente desde el punto de vista vincular, sino que (incluso más que en el caso de sus pares menores que viven en la pobreza pero que no tienen a un progenitor preso) su realidad se vuelve aún más vulnerable.

Con demasiada información para procesar, muchas veces los niños y niñas empiezan a presentar crisis en sus emociones y la dinámica familiar presenta una mayor complejidad. Los problemas se multiplican: hay una mamá que ahora va a la cárcel a visitar al papá y para eso debe buscar la forma de pagar el pasaje de colectivo, por ejemplo.

Los niños y niñas además, alteran su ritmo de vida y faltan al colegio cuando toca el día de la visita. “La economía doméstica sufre un gran impacto porque además cuando la persona cumple su condena y sale de la cárcel no tiene muchas opciones de inserción laboral”, detalla la trabajadora social y destaca, desde una perspectiva macro, que la población penal ha crecido pero que además es heterogénea. En ese contexto, la clave, insiste, es encontrar formas de que el niño o niña no repitan la misma historia y desaprendan patrones.

Ocurre que muchas veces, a las situaciones violentas vividas en sus hogares y en su entorno, se suman otras vivencias también complejas: “Ver que se lleven preso al padre o a la madre es violento para ellos. Irse en un determinado horario una vez que cumplen la visita también. Se trata de hechos concatenados y emociones muy fuertes para los niños”, evalúa Suárez y asegura que por eso mismo “siempre es necesario trabajar con ellos y sus familias, de manera que las respuestas sean lo menos dañinas posibles”.

Contener desde la escuela

En la escuela primaria Pedro Molina Henríquez de San José, Guaymallén, las autoridades y docentes tienen muy en claro cómo abordar las problemáticas sociales y necesidades de toda índole que presenta la gran mayoría de los niños y niñas que allí asisten.

La directora, Patricia Clen, explica que cuando se presenta que al padre o madre de algún/a estudiante lo trasladaron a un contexto de encierro, se busca hablar y consensuar con la persona que está a cargo del niño o niña. Frente a esto, explica Clen, suele haber dos posturas: están quienes informan a la institución que hay uno de los progenitores en la cárcel y pautan el día de visita en el que se acuerda que el niño o niña falte al colegio y otros casos en los que el/la alumna/a no sabe que su padre está en la cárcel.

“Desde la escuela acompañamos el proceso y respetamos lo que decida la familia. Si ambos progenitores están presos se trabaja mucho con la abuela o tía que esté a cargo”, detalla la directora y aclara que el abordaje se realiza en coordinación con los organismos dedicados a la infancia.

Los docentes en la escuela Pedro Molina tienen un carisma especial, pues su compromiso con la educación y la sensibilidad para con las múltiples problemáticas de los menores es notorio. “Priorizamos mucho la comprensión, la escucha e incluso tenemos la hora afectiva, en la que hablamos de estos temas”, dice Clen y destaca la importancia del diálogo y la detección de las diferentes emociones por las que atraviesan los niños y niñas.

Priorizar el vínculo

A partir de una reforma a la Ley de Ejecución Penal (Nº 24.660), las mujeres que deben cumplir una condena y tienen hijos/as menores de cuatro años cuentan con autorización para que los niños/as estén con ellas una parte del día mientras están privadas de la libertad.

En Mendoza, el cupo límite para estos casos es de once lugares y la metodología consiste en alojar a las mujeres que deben cumplir su condena en una de las dependencias de la Dirección de Niñez, Infancia y Familia (Dinaf), de manera que los/las pequeños/as no vivencien el ambiente carcelario.

Además, los niños y niñas tienen un régimen para asistir a la guardería o el jardín todos los días y los fines de semana pueden salir a pasear con un familiar a cargo o visitar parientes.

Es el caso del pequeño de tres años que es hijo de Roxana, una de las internas de la Alcaidía de Mujeres. Lleva cuatro años alojada allí y aún le queda un largo camino por recorrer. Según confiesa a Unidiversidad, el proceso para vincularse con su pequeño (que nació en la institución) ha implicado el tener que explicarle mucho, porque “hay cosas que va asimilando y otras que no”.

De acuerdo al régimen establecido para priorizar los derechos del pequeño, los fines de semana queda bajo la guarda de su padre. Es el momento de visitar a primos, tíos y abuelos. “Es un niño muy sociable, pero también muy apegado a mí. Por eso, es fundamental poder compartir tiempo con él”, asegura Roxana.

Además del niño que vive con ella en la alcaidía, Roxana tiene otro hijo de ocho años al que hace cinco que no ve y además, cursa un embarazo de cinco meses. Sabe que el más grande está bien, que vive con su tía paterna y ha logrado estudiar. No pierde la esperanza de que una vez en libertad, exista alguna posibilidad de volver a establecer los lazos con su hijo más grande. “Mi sueño es poder volver a tener mi familia y progresar”, dice al proyectarse al futuro.

En los años que lleva presa, Roxana valora el poder haber aprendido a pintar en tela, producir artículos de marroquinería y crear objetos de mimbre. “También me gusta mucho la repostería. Tengo mucha esperanza en que voy a poder emprender algo una vez que salga”, expresa.