La Dirección de Hidráulica no tiene poder de policía legal ni real para frenar emprendimientos ubicados sobre los cauces, diques y sus zonas de influencia, que forman parte esencial del sistema de seguridad que tiene el Gran Mendoza para mitigar las consecuencias de un posible aluvión. Así lo aseguró a Unidiversidad el titular de esa repartición, David Cangialosi.

Frente a esta realidad, el funcionario evaluó como positiva la decisión del gobernador, Alfredo Cornejo, que decretó la emergencia ambiental del piedemonte y suspendió las autorizaciones para construir en la zona por 12 meses. Dijo que este período de tiempo, permitirá tener un código claro y común que determinará qué se puede hacer y dónde en esa zona de fragilidad ambiental.

Zonificarán el piedemonte, donde viven 10 mil familias

Es una de las conclusiones del informe del INA, que fue la base para que el gobernador Cornejo decretara el freno de obras en la zona. En ocho meses se sabrá dónde se puede construir y qué habitantes se deben trasladar.

Reglas claras

Hidráulica será una de las reparticiones que estará representada en el seno de la Comisión del Piedemonte, donde se elaborará la zonificación. La misma se delineará en base a las conclusiones de un estudio que realizó un equipo de profesionales del Instituto Nacional del Agua (INA).

El trabajo será coordinado por los integrantes de la Agencia de Ordenamiento Territorial, y de acuerdo a las declaraciones del secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, la intención es concretar el trabajo en agosto.

La urbanización barre la protección del piedemonte

Lo aseguró el investigador Jorge Bonilla durante el VI Taller de eventos hidrometeorológicos extremos, que se realizó en la UNCUYO. El sistema de alerta y el escudo de protección del Gran Mendoza.

Cangialosi explicó que el objetivo no es prohibir los emprendimientos, sino permitirlos en las zonas que sea posible hacerlos, pero con condicionamientos claros. Explicó que lo más importante es la sustentabilidad y la protección de los cauces, que son la descarga natural de agua. Dijo que los mismos son de dominio público, y que ningún particular debería afectarlos, sino cuidarlos como un bien social.

El funcionario comentó que la decisión del Gobernador puso el foco en los emprendimientos urbanos, pero explicó que a lo largo de la provincia hay fincas asentadas sobre cauces o cuyos dueños cambiaron el curso de los mismos, produciendo inconvenientes cuando hay una crecida de agua.

Dos diques, los puntos débiles del sistema de defensa aluvional

El director de Hidráulica, David Cangialosi, dijo que es necesario concretar obras para mejorar la seguridad del Maure y el Papagayos. La importancia del freno a las construcciones en el piedemonte.

Riesgo y mitigación de daños

Para Cangialosi el riesgo cero en materia aluvional, como respectos de otros fenómenos, no existe, sino que la idea es analizar esos riesgos naturales y sociales y generar mecanismos que mitiguen las consecuencias negativas.

El funcionario comentó el riesgo de un aluvión existe y es complejo, porque no se sabe con anticipación ni cuándo, ni de qué intensidad será el fenómeno. Explicó que los especialistas en la materia destacan tres fases en la gestión de un riesgo: pre desastre, durante el desastre y post desastre, pero que en el caso del aluvión se pasa de la etapa uno a la tres en un período de tiempo muy acotado, por lo que es esencial que estén a punto los sistemas de mitigación de daño, como en este caso son los diques y colectores.

Sostuvo que a partir de la decisión de Cornejo se puso la atención sobre el piedemonte y los 10 mil habitantes que lo habitan, pero recalcó que es necesario tener conciencia que el riesgo se traslada a toda el área metropolitana. La razón es simple, el agua escurre hacia abajo, y cada vez lo hace en forma más rápida, entre otras razones porque la urbanización impermeabiliza el terreno.

Aluviones: la clave es la prevención

Lo aseguró el investigador del Instituto del Agua, Jorge Bonilla. Dijo que la urbanización del piedemonte es un factor de peligrosidad.

Sin poder real

Cangialosi aseguró que Hidráulica no tiene poder de policía real ni legal para frenar emprendimientos, tanto en el piedemonte como en otras zonas de Mendoza donde existe afectación de los cauces.

El organismo, que se creó en 1967, perdió con los años poder. El presupuesto actual de la repartición es de 50 millones de pesos, que se destinan  a obras menores, ya que las de mayor envergadura se concretan con financiamiento nacional o internacional.  

La dirección tiene actualmente sólo 70 empleados, algunos de los cuales realizan monitoreos y recorridos permanentes, para que no se afecten los cauces naturales.

Cangialosi reconoció que existen muchas zonas legales grises, que permiten a algunos emprendedores avanzar con las obras en zonas que no son aptas para ese tipo de proyectos y cuya instalación genera consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad. Ese es el caso de quienes se instalan sobre cauces, cambian su curso o se asientan sobre zonas de alto riesgo, sin realizar las obras que los mitiguen.