El Procurador de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Alejandro Gullé, presentó un pedido de jury de enjuiciamiento a la fiscal Anabel Orozco, cuyo nombre se mediatizó luego de haber publicado fotos de sus vacaciones en Brasil cuando había solicitado licencia médica por una “lumbalgia aguda”. La magistrada debía reintegrarse hoy, martes 29, a su trabajo, pero tampoco lo hizo.

Anabel Orozco es la titular de la Segunda Fiscalía Correccional de la Primera Circunscripción Judicial. El pasado 23 de noviembre trascendieron a los medios de comunicación de la provincia algunas fotos publicadas por la letrada en su cuenta de Facebook, en las que se la ve vacacionando con amigas en Florianópolis, Brasil. Orozco había justificado su ausencia en el trabajo con un certificado médico, firmado por el traumatólogo Jorge Leiva, en el que se le diagnosticó “lumbalgia aguda” y se recomendó reposo por 10 días.

Ese primer certificado data del 8 de noviembre, pero hubo otro con fecha del 18. En éste se certificaba que la fiscal había sufrido una decaída respecto de su presunta patología en la columna. Gullé apuntó en su fundamentación por el pedido de enjuiciamiento que verificó a través de la Dirección Nacional de Migraciones que Orozco había salido del país el día 11 de noviembre y regresó el 20 del mismo mes. Es decir, en la fecha de la que data el segundo certificado médico, la magistrada se encontraba en Brasil.

Según una nota de Diario Los Andes, la fiscal debía reincorporarse hoy a su lugar de trabajo, pero en vez de eso presentó otro certificado médico, esta vez psiquiátrico, en el que se le receta licencia por estrés. Además, la magistrada solicitó la conformación de una junta médica para que verifique su incapacidad para retomar su labor en la fiscalía.
 

Los argumentos del Procurador

Según el escrito presentado por Alejandro Gullé, en el que se dirige a la presidencia del jury de enjuiciamiento, pide juicio político para Orozco por un “desorden de conducta” que representa un claro “comportamiento reñido con las normas de conducta ética que deben guiar el accionar de cualquier magistrado”. Además señala que el accionar de la fiscal “afecta el orden público” porque viola el artículo 169 de la Constitución provincial. Lo que Gullé señala con este enunciado es que, en términos cotidianos, el proceder de Orozco no es el idóneo para el cargo público que ocupa.

El próximo paso es que el jury de enjuiciamiento, conformado por miembros de las cámaras de diputados y de senadores y por los siete jueces de la SCJ, acepte o rechace el pedido del Procurador. Además, hay una investigación penal, que realizan la fiscal María de las Mercedes Moya y el fiscal adjunto Fernando Guzzo. Se acusa a Anabel Orozco por presunta comisión del delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública Provincial en concurso real.