Diego Miguel Seguí, representante de la asamblea Jáchal no se toca, compartió la visión del investigador del Conicet, Ricardo Villalba, quien consideró que la ciencia es el perejil de la causa en la que fue procesado por incumplir la Ley de Glaciares. Fue en lo único que coincidió. El letrado dijo que el científico fue “la mano ejecutora”, ya que dirigió la realización del inventario de los cuerpos de hielo, sin respetar la letra de la norma. Y fue más allá, aseguró que el proyecto del Ejecutivo que busca modificar la ley, está basado en el documento que elaboró el Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).

Seguí -junto a Enrique Viale- son querellantes por la asamblea de Jáchal en la causa que lidera el juez federal Sebastián Casanello, que investiga la responsabilidad de los funcionarios nacionales en los derrames producidos en el emprendimiento Veladero, localizado en San Juan y que opera la canadiense Barrick Gold. El magistrado procesó a 8 personas, entre ellas a ex funcionarios de Medio Ambiente y al investigador Villalba, por entender que este último excluyó de forma deliberada del Inventario Nacional de Glaciares los cuerpos de hielo de menos de una hectárea, incumpliendo la Ley de Glaciares.

 

Los querellantes cuestionaron en la causa la metodología con que se elaboró el Inventario, por entender que al dejar afuera los glaciares menores a una hectárea, no se incluyeron los que están en Veladero, lo que posibilitó los derrames de agua cianurada, ya que la ley prohíbe la actividad minera en estas zonas, justamente para proteger los glaciares. Villalba repitió que la decisión de incluir esos glaciares y no todos fue científica y que respetaron estándares internacionales. Sin embargo, Casanello les dio la razón a los querellantes.

Villalba: La ciencia es el perejil

Así lo aseguró el investigador principal del Conicet, quien fue procesado en una causa que iniciaron los integrantes de la asamblea Jáchal No Se Toca. Apoyo de sus colegas en el CCT Mendoza.

Dos causas

Luego de los derrames de cianuro, el primero de los cuales se produjo en 2015, se abrieron dos causas: una en San Juan, a cargo del juez Pablo Oritja y otra nacional, a cargo del juez federal, Sebastián Casanello.  Frente a este conflicto de competencias decidió la Corte Suprema: determinó que Oritja debía investigar la responsabilidad de los representantes de la empresa Barrick Gold y de los funcionarios sanjuaninos, y Casanello, sólo a las autoridades nacionales.

En la causa provincial, el juez Oritja sobreseyó a los representantes de la Barrick, nunca llamó ni siquiera a declarar a los funcionarios sanjuaninos y sólo imputó por envenenamiento de agua a siete obreros del más bajo rango. En cambio, en la causa federal, Casanello procesó a ocho exfuncionarios de Medio Ambiente y a Villalba, como exdirector del Ianigla. Además se prevé que llame a declarar al exsecretario de Minería, Jorge Mayoral y al actual ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman.

 

En relación a la causa sanjuanina fue que Seguí coincidió en que Villalba “es el eslabón más débil” de la cadena. Y subrayó que analizan la posibilidad de presentar una nueva denuncia en San Juan, para que se investigue a los responsables del derrame.

“En San Juan consagraron la impunidad a los funcionarios provinciales, a los del Ministerio de Minería, de la Dirección de la Policía Minera y del Departamento de Hidráulica, todos quedaron absolutamente impunes. El juez Oritja ni siguiera se atrevió a citarlos a declararla”, subrayó.

Hoy Veladero sigue funcionando. En cambio, Pascua Lama, que fue un proyecto binacional entre Argentina y Chile, se frenó, porque el país trasandino entendió que afectaría masas de hielo, según el relato del querellante.

Cuestionan cómo se hace el inventario de glaciares

El abogado de la Asamblea Jáchal No Se Toca, Diego Seguí, denunció que deja fuera a los glaciares que están en Veladero y Pascua Lama. Críticas al Ministerio de Ambiente y al Ianigla. La respuesta de los científicos.

Contra Villalba

Seguí aseguró estar conforme con el procesamiento que dictó Casanello contra el investigador mendocino y recalcó que la “conducta ilegal” de Villalba quedó consumada. Esto -dijo- porque se acreditó el incumplimiento de la ley, al haber presentado un Inventario, que no es lo manda la norma.

“El inventario es incompleto, está hecho bajo el patrón excluyente del documento, es decir las geoformas de menos de una hectárea no están, quizás ese haya sido -y lo dice en la causa-  el mayor error del Ianigla, porque con eso se acredita claramente el incumplimiento a la ley. Es decir, al haber presentado un inventario que no es el que la ley manda, la conducta ilegal quedó consumada”, explicó Seguí.

Seguí dijo que los científicos deben entender que el derecho también es una ciencia, y que uno de sus principios básicos es que todo lo que la ley no distingue, ningún funcionario  puede hacerlo. Y que existe una escala y jerarquía jurídica -Constitución, ley etc- y que no existe ningún fundamento científico que pueda subvertir ese orden.

Al ser consultado por los intereses que pudo tener Villalba, teniendo en cuenta que es uno de los impulsores del proyecto y luego de la ley que protege los glaciares, Seguí fue crítico. “No tengo elementos para creer que puede haber habido una ventaja económica por hacer esto. Creo que es genuflexión”, fueron las palabras del querellante.

Seguí insistió en que el proyecto que el Ejecutivo y la Cámara Minera impulsan para modificar la Ley de Glaciares, “sigue los lineamientos del documento del Ianigla” e incluso de uno de los primeros proyectos que presentó el entonces legislador, Daniel Filmus y que según el querellante elaboró junto a Villalba. “Fíjese que detalle importante, en realidad Villalba siempre tuvo en su cabeza esa idea y después elabora el documento violando la ley”.

Esta acusación de Seguí es la misma que le hizo Villalba durante el abrazo que hicieron los investigadores en el CCT Mendoza. Ese día, el exdirector del Ianigla lamentó que los integrantes de la asamblea de Jáchal terminen siendo funcionales a quienes cuestionan el Inventario, para luego modificar la Ley de Glaciares y permitir así que los proyectos mineros avancen sobre zonas que están protegidas.