El 9 de junio de 1956, el Movimiento de Recuperación Nacional, al mando de Valle y Tanco, encabezó un alzamiento cívico-militar contra la “Revolución Libertadora”. El objetivo fue defender la soberanía popular, doblegada por el gobierno militar instalado un año antes.

El 16 de septiembre de 1955, la autodenominada “Revolución Libertadora” derrocó la segunda presidencia de Juan Domingo Perón. En noviembre de ese mismo año, asumió la presidencia el general  Pedro Eugenio Aramburu. Durante su gobierno se persiguió a dirigentes peronistas, se intervino la CGT y mediante el decreto 4161 se prohibió todo tipo de mención asociada al peronismo, como canciones, distintivos, consignas, así como también incluía una lista de vocablos proscritos asociados al justicialismo.

A través de estas acciones, el gobierno de facto intentó desterrar al peronismo de la memoria colectiva. Se trató de “desperonizar” el país. Sin embargo, las persecuciones, las proscripciones y las prohibiciones indujeron a que una gran parte de los justicialistas se inclinara a la “resistencia” y así el peronismo fortaleciera su identidad. Este escenario dio lugar a la rebelión cívico-militar de 1956.

El Movimiento de Recuperación Nacional, encabezado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, lanzó una proclama al pueblo argentino en donde exponían los motivos de la asonada: “declaramos solemnemente que no nos guía otro propósito que el de restablecer la soberanía popular, esencia de nuestras instituciones democráticas, y arrancar la Nación del caos y la anarquía a que ha sido llevada por una minoría despótica encaramada y sostenida por el terror y la violencia en el poder”. Y agregaban: “conscientes de nuestra responsabilidad ante la historia, comprendemos que nuestra decisión es el único camino que nos queda para impedir el aniquilamiento de la República en una lucha estéril y sangrienta entre hermanos, cada día más inevitable e inminente”, según el texto publicado en la página web El Historiador.

La rebelión armada del 9 de junio estalló en varios puntos del país. En ella participaron tanto civiles como militares. Sin embargo, en pocas horas los intentos fueron sofocados, ya que el gobierno supo con anticipación lo que ocurriría. A pesar que el levantamiento fue reprimido y aplastado, el gobierno militar aplicó la ley marcial, la cual entró en vigencia aún antes de ser promulgada públicamente. Hubo muchos muertos. Civiles y militares fueron fusilados. No hubo juicio previo, ni derecho a defensa, sólo fusilamientos.

El 12 de junio de 1956 se entregó el general Valle para frenar la ola de represión ilegal. Fue fusilado esa misma noche por un pelotón cuyos nombres se ocultaron para garantizar a impunidad. El día después de su muerte se levantó la ley marcial. El presidente de facto Aramburu y su vice, Isaac Rojas, asumieron públicamente la responsabilidad de los fusilamientos, que consideraron indispensable para evitar reacciones similares.

Estos acontecimientos marcaron los inicios del terrorismo de Estado argentino. Años más tarde, en 1976, esta tendencia se instaló en nuestro país y dejó una profunda herida que sigue abierta hasta hoy.

“Operación Masacre”

El periodista y escritor Rodolfo Walsh investigó y denunció los fusilamientos de aquellos que habían participado en el levantamiento del 9 de junio de 1956 en una de las obras clásicas del periodismo de investigación argentino: “Operación Masacre”.

Walsh inició su investigación cuando escuchó la frase: “Hay un fusilado que vive”. Ese fusilado era Juan Carlos Livraga, uno de los sobrevivientes de los fusilamientos realizados en José León Suárez la noche del 9 de junio de 1956. Luego, el periodista, concluirá que dichos fusilamientos habían sido ilegales ya que se realizaron horas antes de la promulgación de la ley marcial.

En 1971 “Operación Masacre” fue llevada al cine por el director Jorge Cedrón.