Un grupo de gendarmes –al mando de autoridades judiciales– inició un rastrillaje que se extenderá por ocho días en el predio del Instituto Próvolo en busca de pruebas relacionas con la causa por los abusos que ya tiene 16 personas imputadas, dos sacerdotes y dos religiosas entre ellas. A las 8 en punto de hoy (martes 23 de enero) ingresaron autoridades judiciales, querellantes, defensores y un grupo de gendarmes al predio de 6 hectáreas del instituto, ubicado en la calle Boedo de Luján de Cuyo.

Los gendarmes ingresaron al mando de un camión de esa fuerza, que cuenta con todos los elementos necesarios para concretar estudios criminalísticos y forenses.

La media fue solicitada en reiteradas oportunidades por el fiscal que lidera la investigación, Gustavo Stroppiana, ya que siempre la consideró clave para recolectar pruebas que sirvan para pedir la elevación a juicio de la causa. Concretar la búsqueda le llevó algunos meses de averiguaciones, teniendo en cuenta la necesidad de contar con un georradar para detectar objetos que pudieran estar enterrados en el predio.

El fiscal fundamentó la medida en los dichos de los testigos de la causa, ya que algunos coincidieron en asegurar que vieron cómo autoridades del instituto enterraban objetos en el predio.

Con esa base, Stroppiana se contactó con Gendarmería, que es la fuerza que cuenta con el georradar necesario para el rastrillaje, además del personal especializado para concretar la medida.

Próvolo: de Verona a Mendoza, la ruta de la impunidad

Exalumnos de las sedes del Instituto Próvolo de la ciudad Italia, de La Plata y de Mendoza denunciaron abusos sexuales. En la provincia se abrió hace un año una investigación.

Inspección ocular y organización

Durante la medida, Stroppiana –que se tomó unos días de descanso– fue subrogado por la fiscal Virginia Rumbo, que comandó las tareas.

Oscar Barrera, uno de los abogados querellantes, explicó que lo primero que hicieron las autoridades judiciales, los gendarmes y los defensores fue concretar una inspección ocular de las zonas que fueron señaladas por los testigos como posibles lugares donde se enterraron objetos.

La inspección ocular les llevó tiempo, ya que incluyó distintas zonas del instituto, tanto las que dan a la calle Boedo como las que se ubican detrás de los primeros edificios. Barrera comentó que el paso siguiente a la inspección ocular fue organizar las tareas que los gendarmes realizarán durante cada uno de los ocho días que durará la medida.

La forma de trabajo de los gendarmes se repetirá durante todas las jornadas: primero utilizan el georradar en los sectores previamente delimitados; si detectan algo, demarcarán la zona y se notificará a un juez para que autorice la excavación, que se concretará con retroexcavadora.

Cada uno de los pasos se realizará con previa notificación a las partes, es decir, tanto a los defensores de los exalumnos que testificaron como a los de los imputados. Si se descubre algún objeto, entonces será necesario analizarlo.

Con esta medida, las autoridades judiciales intentan agotar todas las instancias en busca de pruebas que les permitan sustentar aún más la causa que se inició en noviembre de 2016 y que ya tiene a quince personas imputadas, entre ellas, los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho y las religiosas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez.

El resultado del rastrillaje es clave, sobre todo teniendo en cuenta que en mayo se vence el plazo procesal establecido para cerrar la investigación y solicitar la elevación a juicio de la primera causa, en la que están imputados los sacerdotes y tres empleados: Armando Gómez, José Bordón y una tercera persona cuyo nombre no se puede publicar por orden judicial.