El pasado 21 de septiembre, a cinco meses de los Panamá Papers, fueron lanzados los Bahamas Leaks, que se suman a los Swiss Leaks y las Filtraciones de Luxemburgo. Así, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) ubicó una nueva polémica en la agenda y brindó más datos a las investigaciones por evasión de impuestos y lavado de dinero. Todos estos datos e investigaciones, desenterradas y producidas por periodistas e investigadores de los cinco continentes, crean una base de datos abierta de aproximadamente 500 mil sociedades offshore constituidas en paraísos fiscales.

Tal como aclaran desde el ICIJ, aparecer en dichas listas no implica necesariamente ilegalidad o criminalidad, pero sí puede dar pistas útiles a fiscales en investigaciones judiciales para determinar movimientos de dinero sospechosos que señalen evasiones o lavado.

Los paraísos fiscales son Estados o territorios donde existe una legislación fiscal muy débil, y con impuestos inexistentes o muy bajos para determinadas actividades. Estas características permiten que se puedan establecer firmas sin dar muchas explicaciones acerca de la procedencia del dinero o su destino. Según el FMI, éstos acumulan un cuarto de la riqueza privada del mundo e influyen directamente sobre los niveles de pobreza de los países en desarrollo.

Además, los países considerados paraísos fiscales suelen limitar el tráfico de información financiera de las compañías radicadas en ellos ante autoridades de otros países que la requieran, por lo que suelen ser considerados agujeros negros en las investigaciones sobre las “rutas” que puede seguir el dinero proveniente de actividades ilegales o que busca evadir impuestos en su país de origen. Lo señalaba el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en el marco de la aparición del nombre del presidente de la Nación en los Panamá Papers: "Lo que hay que constatar en todos los casos es si se pagaron o no los impuestos y además el origen de los fondos de las cuentas que se descubrieron (…) para evitar el lavado del dinero".

Ahora, en los Bahamas Leaks, los Macri (Franco, Mauricio y su hermano Francisco) vuelven a figurar como responsables de una sociedad, Fleg Trading Ltd., establecida en 1998 y dada de baja en 2009, dato que se sumaría a la investigación del fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanello sobre las omisiones del presidente en su declaración jurada de bienes.

Leé también: Los Macri y su participación en los Bahamas Leaks.

Las filtraciones en números