Finalmente se conoció la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos por una cuestión de jurisprudencia en el juicio contra el Estado por la expropiación de YPF, realizada por el kirchnerismo en 2012. Y, como se esperaba, fue un fallo adverso para la Argentina.

El máximo tribunal del ese país no hizo lugar al certiorari interpuesto por los abogados que representan los intereses locales, tanto de la empresa como de Cambiemos, encabezados por el Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y por Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, director de YPF y uno de los principales nexos con el sector judicial del Gobierno. Ambos están en Nueva York en este momento siguiendo de cerca la decisión de la justicia de ese país.

 Ahora el caso vuelve a manos de Loretta Preska, quién podrá pedir medidas de prueba a las partes y decidir los términos y el alcance del juicio. Es lo que se conoce como discovery y que determina a partir de dónde se investiga y otras cuestiones procesales

De esta manera, la causa comenzará su proceso en uno de los tribunales del Distrito Sur de Manhattan a cargo de Loretta Preska, una jueza de primera instancia que anteriormente ya falló en contra de los intereses locales hace tres años.

Los abogados argentinos alegaron derechos soberanos y querían traer el juicio al país. Dicen que el Estado expropió porque es una de sus facultades y que, además, fue un tema que aprobó el Congreso. El estudio Burford Capital, al que muchos equiparan por su estilo con un "fondo buitre" y que representa a dos accionistas minoritarios de la petrolera al momento de la nacionalización, argumenta que como YPF cotiza en Wall Street corresponde reclamar en ese país. Reclama que el Estado debería haber realizado una oferta pública de adquisición (OPA) para extender el arreglo que cerró con el accionista mayoritario de entonces, Repsol, a los demás (Burford litiga en nombre de Eaton Park y de dos empresas españolas quebradas, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que desde antes de empezar la demanda ya no pertenecían al grupo homónimo local).

Hace pocos días, la causa tuvo otro revés no esperado para el país cuando el solicitor general de Donald Trump, Noel Francisco, fue consultado por la Corte y expresó –en una opinión no vinculante– que el caso tenía que seguir en EEUU. La autoridades locales descontaban de una opinión favorable a los intereses del país dada la cercanía personal entre Trump y Mauricio Macri. No pasó.

Cómo sigue el juicio

Ahora el caso vuelve a manos de Loretta Preska, quién tenía en stand by la causa hasta que la Corte Suprema decidiera la cuestión de jurisdicción. La jueza que reemplazó a Thomas Griesa y que también tiene otras causas contra el país (de holdouts, por ejemplo) podrá pedir medidas de prueba a las partes y decidir los términos y el alcance del juicio. Es lo que se conoce como discovery y que determina a partir de dónde se investiga y otras cuestiones procesales. Es el marco de la causa: un tema nada menor para las partes involucradas.

Antes, según confirmó Infobae, los abogados locales van a presentar otra medida cautelar e insistir con que fue una medida soberana y que todo debe tramitarse en Argentina. Una forma más de intentar dilatar la causa a la que Preska seguramente "no ha lugar".

Como sea, será un juicio largo, con vericuetos e idas y venidas. Hay mucho en juego y el Estado local (no YPF) podrían ser condenados a pagarle a Burford unos 3.000 millones de dólares.

Además, de Saravia Frías y Rodríguez Simón, los abogados externos de la petrolera son los del estudio Romero, Carranza, Rufino & Otero Monsegur, con Marcelo Rufino a la cabeza. En EEUU, en tanto, son varios los estudios del caso. El bufete neoyorquino Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom patrocina al país. Cravath, Swaine & Moore, en tanto, se encarga de YPF para temas generales, sobre todo la primera instancia; y otro de los estudios de la petrolera es Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que se enfocó en el recurso extraordinario ante la Corte que hoy terminó con resultado adverso.