Un daño enorme a las víctimas y a la credibilidad de la Iglesia Católica. Con esas palabras, el vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedectis, describió lo que causaron las denuncias por abuso en el Instituto Próvolo, que derivaron en una causa judicial en la que dos sacerdotes y una religiosa están imputados y detenidos. El religioso hizo una autocrítica, dijo que algunos mecanismos de la institución fallaron, que los traslados de los acusados son cosa del pasado y que no existe intención de ocultar información ni entorpecer el proceso, sino de colaborar con la Justicia.

De Benedectis recibió a Unidiversidad en un salón de la Parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás y respondió a todas las preguntas, pero se excusó de dar explicaciones detalladas sobre cómo actuaron las autoridades eclesiásticas de Verona, Italia, al enterarse de las denuncias e incluso sobre las normas que sigue el Vaticano en estos casos. Dijo que responde por lo que conoce y lo que sabe, y es que en Mendoza sólo quieren que se llegue a la verdad.

A lo largo de la entrevista, que duró veinte minutos, repitió que nunca se enteraron de las acusaciones que pesaban sobre el sacerdote Nicola Corradi y se preguntó por qué las personas que conocían esto (en Italia) no hicieron una denuncia ante la Justicia Argentina.

Pese a las críticas de los sobrevivientes de que la Iglesia no modificó sus prácticas aun cuando el Papa Francisco las condenó y habló de tolerancia cero, el vocero del Arzobispado aseguró que desde hace años se pusieron en marcha cambios, que continúan profundizando.

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Así lo determinó la Octava Cámara del Crimen. Advirtieron que el Estado tiene responsabilidad por no investigar una denuncia judicial de 2008.

¿Cuál es su análisis respecto de la reacción de la Iglesia mendocina desde que se conocieron las denuncias del Próvolo?

Primero fue un gran dolor, indignación por los hechos que se narran y un pedido de Justicia, por el bien de las víctimas, de las familias y también de la sociedad mendocina. Pasado el tiempo, seguimos con una tónica de colaborar con el esclarecimiento de los hechos, fue la primera palabra que el arzobispo (Carlos María Franzini) le dio al procurador general (Alejandro Gullé) y se ha mantenido así a lo largo de todos estos meses. Queremos que haya justicia, quiero reafirmar y subrayar que no hay ningún espíritu de ocultar, de entorpecer, queremos que esto se lleve a la luz y esté la Justicia actuando con toda la ley.

¿Cambió algo al interior de la Iglesia después de las denuncias?

La Iglesia en todo el mundo venía tomando medidas, ya el Papa Juan Pablo II puso el tema de los abusos como uno de los delitos más graves dentro de la Iglesia. Luego se fue puliendo con los Papas Benedicto y Francisco, lo de tolerancia cero es cierto. Y acá en Mendoza, en mayo del 2014 se dieron normas y criterios para prevenir el abuso de menores.

¿Cuáles son esas normas?

Es un libro que está disponible, que es público, cada sacerdote lo leyó y firmó amoldarse a esas normas para prevenir abusos.

Usted dijo que la Iglesia tomó medidas, pero en 2014 un informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas fue muy crítico y pidió al Vaticano que modifique sus prácticas respecto de este delito, especialmente el traslado de los sacerdotes acusados

Esa fue una praxis antigua que salió a la luz en la década del 2000 y que hizo una eclosión enorme, no queremos eso, queremos ser parte de las soluciones y no de ese problema tan serio. Sí, como digo, se venían tomando medidas a nivel mundial. Es cierto que de la gravedad de lo que nos hemos enterado acá siempre lo veíamos lejos, en Europa, en Estados Unidos, pero no acá. Y una vez que se conocieron los hechos se fueron tomando medidas para que nunca más pase esto: se les quitó la licencia ministerial a estos sacerdotes, se prohibió cualquier pastoral del instituto y en las instalaciones del Próvolo, se nombró un delegado episcopal para la vida religiosa, porque las congregaciones religiosas tienen su carril de jerarquías que es distinto al propio de la iglesia en Mendoza, las congregaciones tienen un superior y cualquier decisión sobre ellos la tiene que tomar la autoridad propia, no la puede tomar el arzobispo.

¿El arzobispo no tiene autoridad sobre ellos?

Tiene una vigilancia pastoral, que no es un poder de policía. Si le llega una denuncia, avisa a este superior de la congregación, pero no tiene incidencia directa sobre esos sacerdotes, sí lo tiene por ejemplo conmigo que soy del clero diocesano. En el caso del Próvolo se siguieron tomando medidas, cuando se traslada a un religioso el superior debe prestar una declaración jurada de que no tiene penas canónicas, ni civiles, es apto para trabajar con menores y adultos vulnerables y no tiene ninguna adicción a drogas o a sustancias que hagan daño. Se han tomado medidas y seguimos atentos a que nunca más pase esto.

Usted asegura que se toman medidas, pero desde la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos aseguraron que la Iglesia no cambió sus prácticas, que sigue en vigencia el secreto pontificio y los traslados de los acusados.

Que yo sepa acá los traslados no. Sinceramente desconozco toda esta praxis en el Vaticano, la desconozco. Sí lo que sé de acá, que es de lo que soy testigo, es que no queremos ocultar, no queremos trasladar, no queremos entorpecer de ninguna manera. Hemos sufrido mucho y seguimos sufriendo con esto.

Usted dice que desconoce las prácticas del Vaticano, pero la Iglesia es una sola y tiene normas que rigen en todo el mundo

Sí, pero lo que me dices tan puntual no lo conozco, no quiero descalificar las fuentes, pero hoy por hoy eso para mí no es así. El daño que provocó esto es enorme,  en primer lugar a las víctimas y también a la credibilidad de la Iglesia. Entonces sería impensable que no se ajusten las prácticas.

Pero las redes de sobrevivientes, específicamente Bárbara Blein en EEUU y Julieta Añazco en Argentina, siguen denunciando que las prácticas no cambiaron, que la Iglesia realiza las investigaciones dentro del derecho canónico, que no escuchan a las víctimas ni colabora con la Justicia.

Acá no, como te digo yo hablo de lo que sé. Lo que sé es que queremos colaborar y lamento que en el caso de los sacerdotes que vinieron a hacer la investigación canónica no se haya dicho que venían a esclarecer, a colaborar, no a ocultar, no a entorpecer de ninguna manera. Lo que pasa es que la investigación canónica tiene un respeto muy grande por las víctimas y por los acusados. Creo que acá se han ventilado un montón de cosas, que ojo, si son ciertas todas horribles, condenables, pero no sea que tengamos cosas que no son y después quién le quita a las víctimas y a los victimarios algo que se dio a luz y no se comprobó judicialmente, queremos que se compruebe judicialmente.

La investidura sacerdotal asegura la impunidad

Liliana Rodríguez, psicóloga de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, dijo a Unidiversidad que la Iglesia Católica refuerza esta situación con los traslados. Las secuelas de las víctimas.

Usted dice que los sacerdotes que vinieron de Córdoba quieren colaborar, pero cuando el fiscal les pidió información se ampararon en el derecho canónico y en el concordato que la Iglesia firmó con el Estado argentino, por eso el fiscal les aclaró que la Justicia ordinaria está por encima de las normas canónicas.

El espíritu de ellos es colaborar. Creo que también los modos con que se intervino en esto no sé si fueron los más felices para pedir colaboración. El espíritu eclesiástico es de colaborar y esclarecer.

¿A qué se refiere con los modos, al modo en que el fiscal les pidió la información?

Creo que sí, no he estado ahí, pero que se llame a alguien que viene con una misión específica, habiendo hablado ya con el Procurador general, se lo cita a declarar como si ya fuera culpable no sé de qué y que se le exija bajo apercibimiento de ley -pongámosle ese título- algo que naturalmente se está disponible a colaborar, creo que también tenemos todos que ser respetuosos en algo tan delicado. Que quede claro algo: queremos un esclarecimiento, que no se entorpezca la causa, que no se oculte nada y que se haga justicia, ese es el espíritu eclesial, por favor, nos están metiendo un mote que no es verdad. A mí me hicieron entrevistas de todos lados, cuando yo empezaba a ver las noticias digo por qué estas redes si sabían que acá había un pedófilo por qué no lo denunciaron ellos, por qué van al Papa, si acá hay Justicia Civil y acá hay justicia canónica.

Las víctimas de Verona sí hicieron las denuncias ante el obispo de Verona, ante el Papa y en la Justicia

Pero por qué no le hicieron acá, eso es lo que digo, si ellos sabían que acá había uno, yo lo desconocía, nosotros no sabíamos eso, si no hubiéramos actuado.

Pero si los mecanismos de la Iglesia para investigar fueran otros, si se hubiera escuchado a las víctimas, lo que pasó en Verona no hubiera pasado ni en La Plata, ni en Mendoza

Tal cual, comparto contigo, pero esa respuesta pidámosela a Verona, yo no la puedo dar.

Las redes de sobrevivientes justamente critican la metodología que tiene la Iglesia para investigar estos casos y los traslados de los sacerdotes acusados.

Es lo que no queremos nunca más.

Usted habló recién de la importancia de las víctimas, pero una de las críticas del Comité de Naciones Unidas fue justamente que el derecho canónico no escucha a las víctimas. ¿Cuál es su punto de vista?

Siempre va a haber una atención pastoral, de cuidado de la persona y de la dignidad de la persona y más si ha sido vulnerada en sus derechos y en su propia dignidad. Habría que ver, desconozco el camino canónico, jurídico, pero nunca puede faltar el pastoral, de cercanía y el bien de la persona, eso no puede faltar.

El Arzobispado accedió al expediente del caso Próvolo

Los abogados querellantes, Sergio Salinas y Oscar Barrera, denunciaron esta maniobra irregular. Presentaron escritos para que el fiscal Gustavo Stroppiana revea su decisión.

La autocrítica

El obispo y presidente de la Comisión de Ministerios de la Conferencia Episcopal Argentina, Sergio Buenanueva, dijo en una entrevista a Télam que uno de los grandes errores de la Iglesia fue proteger a los curas abusadores. ¿Coincide con estos dichos?

Creo que en el contexto en el que lo dijo monseñor Buenanueva era en el contexto de esa Iglesia del pasado, no del presente, esa Iglesia es la que no queremos que se repita de ninguna manera. Queremos ser parte de la solución, de la luz y no de esas prácticas que han hecho tanto dañó.

¿Hace alguna autocrítica respecto de cómo manejaron el tema de las acusaciones de abuso sexual?

Seguro, queremos revisar todo para que esto nunca más, algo falló que se produjo, nunca más que esto se produzca. Y lo decimos como un caso lamentable, como un dolor profundísimo.

¿Hay algún reclamo de los fieles de la Iglesia Católica de que se esclarezca este tema

Todos queremos que salga a la luz, todos queremos que sea una praxis transparente, clara y que estos delitos nunca más ocurran, son delitos.

¿La Iglesia mendocina nunca se enteró de las acusaciones contra Corradi?

Ninguna, ninguna, lamentablemente no conocimos nada.

Pero las víctimas de Verona mostraron documentos que acreditan que denunciaron ante el obispo de Verona y ante el Papa Francisco

Pero eso se manejó en aquel nivel, eso a Mendoza nunca llegó, hubiéramos actuado, como no, nunca llegó, nunca, nada, ni un rumor.

El Vaticano sabía de las denuncias en el Próvolo

El abogado Sergio Salinas, presentó en la Justicia una nota que la Asociación Italiana de Víctimas de Sacerdotes Pedófilos envió al Vaticano en 2014. Acusan a Corradi y a otros 14 curas.

¿La Iglesia tiene un sistema para alertar sobre estas acusaciones?

No, no tenemos. Los que sabían por qué no actuaron, si ellos tenían que en Mendoza, Argentina estaban estas personas, por qué no hicieron la denuncia acá en lo Civil, en lo Canónico, donde quisieran, pero acá, nunca lo hicieron.

Pero si las hicieron, en Italia y en Mendoza 

Y qué paso

En Mendoza, la Justicia archivó la causa sin tomar declaración al denunciante.

De eso nunca nos enteramos, no hubo ninguna denuncia en el Arzobispado, ninguna.

¿El Arzobispado tiene algún registro sobre la cantidad de sacerdotes o religiosas que fueron acusados de abuso en Mendoza?

Como registros no, pero casos que hemos tenido, específicamente en Mendoza como tal fue el padre Luis Sabarre, que fue sobreseído y después un caso que lamentablemente es un daño que se está haciendo de otro padre Squizziatto (Alejandro), que nunca fue investigado porque nunca fue acusado, cuando la Iglesia pidió ante una presentación en el Arzobispado que los padres hicieran la denuncia no la presentaron en la fiscalía y la fiscalía cerró el caso. Pero él nunca cometió ningún delito

La investigación canónica

¿Cuál son los pasos del proceso que iniciaron los sacerdotes enviados del Vaticano? 

Siguen con la investigación preliminar, así se llama, en una estrecha colaboración y con el mejor espíritu. Creo que se embarró la cancha mal, porque queremos llegar al esclarecimiento de los hechos y como bien dijo el padre Simón (Dante, uno de los sacerdotes) un solo caso en alguno de los sacerdotes ya justifica la expulsión del estado clerical.

¿Esa es la máxima pena en la investigación que hace la Iglesia?

Sí.

Pero, por ejemplo, Julio César Grassi fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual agravado y sigue siendo sacerdote.

Sí, son casos que yo creo que se demoró mucho, largo, mal, desconozco a pesar de que está en Argentina, desconozco los vericuetos internos, pero creo que fue una cosa muy larga y no sé cómo se manejó.

Luego de la llegada de los enviados del Vaticano, el Arzobispado de Mendoza a través de su representante legal, Héctor Cuervo, accedió al primer cuerpo del expediente del caso Próvolo. ¿Cuál fue el objetivo de acceder al expediente judicial?

De esclarecimiento de los hechos, porque no había otro modo, no tenemos poder de policía y tampoco teníamos ningún testimonio de las víctimas. Fue con autorización de la Procuración General y de la fiscalía, no es que fueron a robar el expediente ni mucho menos, pero va en la línea del esclarecimiento de los hechos, no para usurpar, sino en el esclarecimiento de los hechos que puede involucrar a un sacerdote en un delito.