A través del Decreto 721/2020, el Poder Ejecutivo estableció que personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan condiciones de idoneidad deberán ocupar un mínimo del 1 % de la totalidad de cargos y contratos del sector público nacional. El decreto firmado por el presidente, el jefe de Gabinete y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad se adelantó a los siete proyectos de ley similares que esperaban tratamiento en el Congreso. 

La medida podrá alcanzar a personas travestis y trans, sin importar si realizaron o no la rectificación registral del género y el cambio de nombre de pila e imagen en su DNI, según prevé la Ley 26743 de Identidad de Género. Además, estipula mecanismos para que las personas que lo necesiten puedan finalizar sus estudios y cumplir con la normativa vigente de formación educativa obligatoria en el empleo público. 

La ministra Elizabeth Gómez Alcorta celebró: “Se trata de un hecho histórico, teniendo en cuenta que la expectativa de vida hoy en nuestro país, en pleno siglo XXI, para las personas travestis y trans es de 40 años, a partir de una cadena de exclusiones, de discriminaciones y violencias que les atraviesa toda la vida. Como Estado, tenemos la obligación de generar las condiciones que garanticen el ejercicio pleno de derechos y también de igualdad de oportunidades”.

Inclusión laboral trans, una demanda pendiente

La situación laboral de las personas travestis y trans es precaria y la mayoría recurre a la prostitución como única posibilidad de subsistencia. La esperanza de vida de esta población es de 35 años y esto se debe principalmente a la falta de acceso al sistema de salud, que un trabajo formal debería respaldar.

Esta decisión llega después de muchos años de lucha de las personas travestis, transexuales y transgénero, cuya situación laboral es precaria y hace que la mayoría recurra a la prostitución como única posibilidad de subsistencia. La esperanza de vida de esta población es muy baja y esto se debe principalmente a la falta de acceso al sistema de salud, que un trabajo formal debería respaldar.

En este sentido, la subsecretaria de Políticas de Diversidad del MMGyD, Alba Rueda, afirmó: “Las trayectorias de vida de las personas travestis, transexuales y transgéneros están atravesadas por la estigmatización, la criminalización y la patologización sistemática, tanto de la sociedad como en las instituciones”.

Rueda remarcó la centralidad de “transformar el patrón estructural de desigualdad que perpetúa la exclusión”. Destacó entonces que el Decreto 721/2020 “es una medida fundamental que implementa nuestro gobierno y es acorde a la demanda social de las personas travestis y trans, puesto que es uno de los sectores más postergados de nuestra sociedad debido a sistemáticas prácticas discriminatorias”.

A partir de esta medida, todo el personal del Poder Ejecutivo Nacional, incluidas las autoridades, tendrán que capacitarse para que la inclusión laboral se haga en un marco de respeto a la identidad y expresión de género de las personas.

La realidad de las mujeres trans: sin trabajo, violentadas e ignoradas

Pese a los avances normativos en la última década, como la sanción de la Ley de Identidad de Género, la vida de las mujeres trans está marcada por la falta de oportunidades. No tienen acceso al mercado laboral y son pocas las que se pueden insertar en la educación formal.

La Unidad de Coordinación Interministerial creada para concretar esta política estará a cargo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) y será integrada por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación de la Jefatura de Gabinete, el Inadi y el Ministerio de Educación. El objetivo es garantizar el efectivo ingreso y permanencia en los trabajos de este sector de la población. Esta unidad deberá, entre otras funciones, elaborar el Plan de Implementación del Cupo Laboral Trans; garantizar el cumplimiento del cupo y los espacios de educación y formación para quienes lo requieran, sostener capacitaciones para prevenir comportamientos discriminatorios y habilitar espacios de coordinación con sindicatos del sector público. 

Mediante el decreto, el gobierno creó el Registro de Anotación Voluntaria de Personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero Aspirantes a Ingresar a Trabajar en el Sector Público Nacional. Esto no será un requisito para aspirar a un empleo en el sector público sino que allí se llevará cuenta de los perfiles de las personas inscriptas, los puestos vacantes, las ofertas de contratación disponibles y la cantidad de cargos cubiertos por travestis, transexuales y transgénero.