La comunidad de la escuela Virgen del Rosario, a la que asistía Johana Chacón y a las que asisten los hijos de Soledad Olivera, se convirtió en el motor del reclamo por la aparición con vida de ambas mujeres.

La vida de Johana y Soledad tienen muchos puntos en común: vivían en la localidad de Tres de Mayo, muy cerca una de la otra, ambas fueron vistas por última vez en ese espacio físico con once meses de diferencia y las dos tenían una situación de extrema vulnerabilidad social. Esa fue la razón por la que la directora de la escuela, Silvia Minoli, y todos sus docentes y trabajadores se convirtieron en su voz.

La vida de Johana estuvo signada por el abandono. Su mamá se fue a vivir a Tunuyán cuando era pequeña y los cinco hermanos quedaron a cargo de su padre, Bernardo Chacón. Como el hombre dijo no poder cuidarlos, un vecino, Luis Curallanca, los recibió en su casa, donde finalmente se quedaron a vivir.

En la finca vivían Johana, sus hermanos y Beatriz, que fue pareja de Mariano Luque, hijastro de Curallanca y hoy señalado por la Justicia como el hombre que mató a la adolescente de 13 años.

Cuando se inició la investigación por la desaparición de ambas mujeres, los hermanos de Johana y Beatriz volvieron a vivir con su padre. Pero poco después en la escuela advirtieron que fueron maltratados. Así intervino la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), que los albergó en uno de sus hogares, de los que poco después se fueron.

Minoli aseguró a Unidiversidad que la situación de los chicos sigue siendo de extrema vulnerabilidad porque deambulan de una casa a otra, sin tener un lugar fijo donde vivir.

Soledad Olivera también estaba en una situación de vulnerabilidad. Vivía con sus tres hijos y una de sus hermanas en el barrio Paraísos de Curi, muy cerca de la finca donde vivía Luque, quien fue absuelto por la privación ilegítima de la libertad de la mujer, pero que ahora se enfrentará a un nuevo juicio que ordenó realizar la Suprema Corte. 

Durante el juicio, Luque reconoció que tenía una relación con la joven y que era frecuente que ella le pidiera ayuda para comprar mercadería. Desde aquel 18 de noviembre de 2011, día en que sus hermanas la vieron por última vez, sus hijos están a cargo de ellas.

En ambos casos, la comunidad educativa se convirtió en la voz de la familia que no está y en la fuerza para reclamar respuestas a los poderes del Estado. Respuestas que siguen esperando.