Fue el lunes 16 a la tarde. Alfredo Cornejo se invistió de "jefe de las milicias", tal como dice la Constitución Provincial, y reunió a los jefes de la fuerza, flanqueado por el ministro Gianni Venier y el director Roberto Munives. Fueron unos 18 oficiales mayores uniformados, entre comisarios generales e inspectores, quienes se presentaron a las 18.00 de ese día en la Gobernación, citados por el mismo Cornejo.

Durante tres horas, Cornejo se abstrajo de los otros temas que lo mantienen ocupado y desmenuzó la vida interna policial o, mejor dicho, se metió en la pelea dentro de la Policía por el manejo de las porciones de poder. Una interna que nunca termina sino que se retroalimenta cuando esos sectores corporativos de la fuerza se sienten en riesgo de perder la posibilidad de decidir cuestiones cotidianas pero que, a la larga, son importantes para los unifirmados; por ejemplo, el otorgamiento de permisos y recargos para la tropa.

Cornejo cambió el discurso de contención y viró hacia la amonestación. Se entiende desde ese lugar la inquietud gubernamental. Si Cornejo deja crecer estos tironeos, peligra su propósito de ir contra la inseguridad –una de sus obsesiones– y para eso necesita cohesionado al aparato policial, de modo de dominar el problema.

¿Qué le dijo Cornejo a los responsables policiales del entramado territorial que se sostiene de las comisarías y seccionales? Concretamente, los conminó a no resistir las órdenes de traslado a distintos destinos. El problema es que varios jefes pretenden trasladarse con los policías que son de confianza, una actitud definidamente corporativa. Cornejo bajó línea ante esta resistencia manifiesta de los comisarios, ya que cada uno tiene entre cuatro y cinco oficiales fieles a sus designios.

Según fuentes cercanas a Seguridad, los cuestionamientos más duros de parte de los altos jefes departamentales y distritales apuntan a la dupla directiva compuesta por Munives y el comisario Tahán, actualmente a cargo de la Policía Vial. Los dos funcionarios pretenden romper las vinculaciones corporativas que muchas veces desmovilizan a la tropa. Mientras, los argumentos de la resistencia policial parten de que no pueden realizar sus propias estrategias de comandancia si no cuentan con su personal de confianza para concretar la tarea.

Cornejo ha sostenido a los policías de alto rango. Incluso les reforzó su poder territorial al conferirles la potestad de sancionar a los efectivos en faltas consideradas leves, que tienen que ver con lo disciplinario, pero se han encontrado con cuestionamientos concretos a esta medida de redistribución de los responsables.

Otro síntoma de esta actitud, que el Gobernador buscó desactivar con una cumbre a puertas cerradas en el cuarto piso de Casa de Gobierno, tiene un correlato concreto con la no aplicación de la emergencia nacional en seguridad que Mauricio Macri declaró ni bien asumió la Presidencia.

Señalan los confidentes que no se articulan operativos conjuntos o complementarios con las fuerzas federales (Gendarmería y Policía Federal) por la misma resistencia aludida por parte de la oficialidad mayor, que no quiere que especialmente los gendarmes se metan en sus tareas.

Estas acciones, disimuladas pero conocidas entre los policías, conspiran también contra la política que lleva adelanteen esta área el Gobernador, que esta semana buscará darle un nuevo impulso en el Senado cuando el martes 24 se trate la ley para endurecer el sistema de prisiones preventivas. El oficialismo logró sacar sin modificaciones de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) su proyecto. Es decir, de acuerdo con el texto, los imputados de cometer delitos contra la propiedad o la vida permanecerán presos durante el proceso de investigación y hasta el momento del juicio.

El jueves 5, Cornejo puso en funciones como director de Policías a Roberto Munives y en ese acto buscó afianzar su impronta arengando a los policías para que salgan a buscar a los delincuentes. Para eso, él buscará darles las herramientas legales para que los policías no se sintieran frustrados en sus esfuerzos. O sea, la mentada ley de prisiones preventivas. “Es imprescindible cambiar el Código Procesal Penal, para esas personas que la Policía los detiene y vuelven a salir. Es imprescindible que la justicia sea eficaz y eficiente en la penalización del delito. Es importante que el policía vea que vale la pena arriesgar su vida para detener a alguien”, acentuó su propósito Cornejo frente a los policías y, en especial, ante los altos oficiales que resisten a Munives.

El viernes 13, el gobernador recibió un guiño de la Nación cuando anunció que se reactivaría el proyecto de una cárcel federal en el mismo predio donde se encuentra el presidio de Almafuerte en Campo Cacheuta. Es decir que Cornejo comenzó la semana pasada lidiando con la actitud corporativa policial y la terminó con la expectativa abierta de tener más plazas penitenciarias disponibles en un futuro mediato.