Marisa Carrizo, la secretaria general del Sindicato de Prensa de Mendoza, aseguró que en caso de que el polémico artículo 7 de la reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal sea aprobado tal y como está redactado en el proyecto, el gremio analizará la situación para iniciar una acción judicial contra el Gobierno por inconstitucionalidad de la legislación que propuso. Por su parte, FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) difundió un comunicado oficial en el que manifestó su preocupación por el mismo ítem del proyecto. Representantes de esa organización se reunirán esta tarde con el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé.

Marisa Carrizo, la secretaria general del Sindicato de Prensa de Mendoza. Foto: Axel Lloret.

El conflicto por el artículo 7 del proyecto de ley trascendió el miércoles pasado (21 de septiembre), cuando los diputados del Frente para la Victoria (FpV) se opusieron a tratar dicha legislación en el recinto. El motivo de los legisladores del bloque peronista coincide con los de FOPEA y el Sindicato: el ítem implicaría legalizar un cepo periodístico. Dicho de otra manera, censura.

Por esta razón, el Sindicato de Prensa presentó una nota en la Legislatura esta mañana, cuyos destinatarios son los mismos diputados provinciales. Allí se expresa que la reforma de la ley avanza sobre “importantes derechos con reconocimiento constitucional” como son la publicidad de los actos de gobierno, el derecho a la información pública y el derecho a la libertad de prensa.

A su vez, agrega que la modificación que propone el artículo 7 obstaculiza el “desenvolvimiento de los periodistas en busca de la información directa y veraz de boca de los protagonistas de la investigación”. El escrito también dice que filtrar la información a través de una oficina de prensa de la Procuración General, es “aceptar un grado importante de censura en el derecho a expresar libremente la información por los medios de comunicación”.

Carrizo dialogó con el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Jorge Luis Albarracín en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura, donde le planteó que ese ítem de la reforma va en contra del pedido que ya ha hecho el sindicato anteriormente al Gobierno de que se haga una ley de acceso a la información. Otro de los argumentos de la secretaria general fue que con esa ley “Nisman no habría podido hablar nunca”. La gremialista se reunió también con Néstor Parés, el presidente de la Cámara de Diputados, quien insistió en la posición oficialista y manifestó su intención de avanzar con la aprobación de la reforma.

La ley tiene preferencia con o sin despacho en la Cámara Baja, por lo que se tratará sí o sí el próximo miércoles 28 en el recinto. El bloque de la UCR tiene mayoría, por lo que no faltará quórum para aprobar el proyecto. Carina Segovia, diputada del FpV, adelantó que la oposición “no acompañará la redacción del artículo 7”. No obstante, si se aprueba en Diputados, la reforma aún tendría que pasar por la Cámara de Senadores.

Los argumentos de FOPEA

Desde FOPEA objetaron que la reforma a la ley del Ministerio Público Fiscal “implicaría una grave restricción al trabajo de los periodistas y un virtual condicionamiento de la garantía constitucional de la publicidad de los actos de gobierno”. También agregaron, en el comunicado oficial de la organización, que “este ‘cepo judicial’ supone que toda información relacionada con la seguridad y con causas judiciales pasará por el ‘filtro’ de un control político, lo que seguramente ocasionará demoras y distorsiones indebidas al ejercicio del derecho de informar, con perjuicio directo para la ciudadanía”.

Uno de los periodistas asociados a FOPEA, Pablo Icardi, manifestó la sensación de que a través de esta reforma, se podría pensar que los funcionarios pretenden tapar información sobre casos de inseguridad. Todo quedaría a la voluntad del Procurador de la Corte, en este caso Alejandro Gullé, que fue elegido por el Gobernador, Alfredo Cornejo.

Por su parte, la posición de Gullé se conoció el viernes pasado (23 de septiembre) cuando el Procurador invitó a Cornejo a visitar las oficinas fiscales en el Palacio de Justicia. El diputado Albarracín, antes mencionado, aseguró que no hay intenciones de ocultamiento de información y que ésta será brindada a los periodistas al igual que se las dan los fiscales.

No obstante, es necesario considerar que la buena labor periodística implica buscar las información de una fuente primaria. En los casos policiales, la fuente de primera mano equivale al fiscal que investiga la causa. La oficina de prensa que pretende crear la nueva Ley de Ministerio Público implicaría la prohibición del acceso a los datos de primera mano, ya que ese ente sería una fuente secundaria. Por lo tanto, aunque no hubiese mala fe por parte de los funcionarios, se burocratizaría el acceso a la información generando así un mecanismo de “teléfono descompuesto” que, como argumentan tanto el sindicato como FOPEA, afectan directamente a la ciudadanía.

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