“Los medios locales, domesticados por la pauta publicitaria oficial-minera, sólo dan la palabra a los directivos de Barrick, quienes minimizan el hecho. Jamás un micrófono para los vecinos, para los ambientalistas, para los trabajadores. El pueblo de San Juan sigue siendo esclavo de la especulación internacional minera”. Esta fuertísima declaración pertenece a Eduardo Lloveras, abogado ambientalista y periodista de San Juan, quien se refirió al derrame de una solución cianurada en el valle de lixiviación en la mina Veladero.

Lloveras, quien dice no poder ejercer como periodista debido a las censuras que el gobierno de San Juan aplica a las posturas críticas sobre la megaminería, dijo que la Provincia ha sufrido una pérdida de soberanía debido a que las empresas mineras ocupan territorios a los que los ciudadanos no pueden acceder ni fotografiar. “Nos hacen sentir como extranjeros en nuestra propia provincia”, subrayó.

Indignado respecto de las formas en que los ciudadanos de la vecina provincia se enteraron de lo sucedido en la mina –supieron del derrame a través de un mensaje que circuló por WhatsApp y por las redes sociales–, acusó a la empresa de "cometer varias irregularidades", pero cargó las tintas contra el gobernador sanjuanino José Luis Gioja, a quien acusó de ser "el empleado del mes de la Barrick”, disparó ante la consulta de Unidiversidad.

“Barrick salió a desmentir contaminación por la ruptura de un caño, dijeron que esto se produjo por el frío o por los temblores. Esto no nos puede dejar tranquilos porque la provincia es una zona sísmica y el frío es algo común a esa altura”, detalló. “Además, la minera afirmó que no hay contaminación cuando todavía no se habían realizado las pruebas en el agua. Recién se hicieron el lunes y todavía no están los resultados”, argumentó.
 

Mendoza y la 7722

Lloveras se mostró esperanzado en que la Suprema Corte de Mendoza dictamine acerca de la constitucionalidad de la Ley 7722, que prohíbe el uso de ciertas sustancias contaminantes en la actividad minera. "Lo que sucede en San Juan es inaceptable. El gobierno sanjuanino, por obtener una mínima regalía, ha regalado la Provincia a las empresas mineras, las cuales apenas terminen su trabajo dejarán 'sopas tóxicas' por los químicos que utilizan para las extracciones. También dejarán a la gente sin trabajo. Les prometen, a través de publicidad engañosa, una panacea laboral y terminan mendigando una indemnización, cuya cifra se aleja de lo que es justo y legal”, opinó.