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22 DE JULIO DE 2024
Quieren modificar una ley para que el oficialismo mande en la Inspección General de Seguridad. La idea no cayó nada bien en la oposición.
Foto: archivo Prensa Gobierno de Mendoza.
La antológica pelea entre oficialismo y oposición se ha agravado en los últimos meses en el Senado de la provincia. Esto es porque, al no alcanzar las mayorías necesarias para debatir la aprobación o la demora de los proyectos, el peso de la oposición justicialista se reduce a complicar las iniciativas que signifiquen endeudamiento y a las pocas en las que puedan acordar con el FIT.
Pero esta vez el enojo de los senadores peronistas, con la presidenta de bloque, Patricia Fadel, a la cabeza, ha sido mayor. La ira se desató por el proyecto que envió el Ejecutivo para modificar el directorio de la Inspección General de Seguridad, el organismo que tiene como principal finalidad controlar a la policía local. Lo que pretende el Gobierno es que queden menos cargos, puntualmente tres: dos por las mayorías legislativas y uno por el Ejecutivo. Esto significa que el partido de gobierno tendrá dos directores y la oposición, uno. Actualmente, la primera y segunda minoría legislativas cuentan con un representante en la dirección de la Inspección.
El lunes 25, el PJ convocó a la Bicameral de Seguridad para discutir la iniciativa del Ejecutivo. El proyecto ya venía de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, desde donde salió con dos despachos firmados: uno en mayoría –el oficial– y otro en minoría, firmado por los legisladores peronistas que forman parte de esa comisión: María José Ubaldini, Mauricio Sat, Ana Sevilla y Juan Agulles. De todas maneras, esta es sólo una manera de marcar territorio del PJ frente a lo que consideran un avance negativo del Ejecutivo sobre los organismos con representación opositora, como la IGS.
En la mañana de este martes 26 se tratará la idea de Alfredo Cornejo en la Cámara que dirige la vicegobernadora Laura Montero y todo parece indicar que se vivirá una sesión polémica. Las discusiones se han tornado ásperas en esta Cámara porque la oposición no logra que se aprueben ni los pedidos de informe que elaboran para que el Ejecutivo proporcione datos de gestión, ni las citaciones a los funcionarios de Cornejo.
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