Para la UNCUYO, el proyecto del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial no dice nada, no respeta la ley ni el reglamento establecido, por lo que presentó una propuesta alternativa que –entre otros aspectos– determina cómo definir con un criterio uniforme para toda la provincia la zona urbana, la rural y la de interfaz, para poner freno al avance sobre suelos productivos. La coordinadora de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la UNCUYO, Andrea Juliana Lara, dejó en claro la postura institucional de la casa de estudios respecto del plan que está frenado en la Legislatura desde mediados de 2014.

Lara no utiliza eufemismos. Dijo que la Universidad, desde que se conoció el plan, dejó en claro y por escrito sus críticas. Y aclaró que su aprobación es una herramienta clave para tomar medidas concretas tendientes a ordenar el territorio. La profesora de Derecho Administrativo enumeró las falencias del proyecto oficial, que se pueden resumir en una sola: no establece criterios básicos que respeten los 18 municipios y que permitan poner un freno real a problemas cien veces diagnosticados, que son los que producen desequilibrio e inequidad.

La abogada subrayó la importancia de que existan criterios únicos que respeten todas las comunas y que esto se haga por ley. Dijo que, de lo contrario, manda la voluntad de los municipios, que hoy tienen una norma y mañana cambian el criterio y hacen una excepción de acuerdo a sus necesidades.

Lara explicó el fondo de problema. Recalcó que la planificación a 30 años que propone el plan no puede depender de quien está en forma circunstancial en el poder, simplemente porque planificar es limitar la arbitrariedad.

La representante de la UNCUYO en el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial (CPOT) subrayó que la casa de estudios no dinamitará un proceso institucional que costó años construir, sino que es respetuosa de las instituciones, por lo que entiende que las modificaciones al proyecto se deben hacer en el seno de la Legislatura. Recalcó que la UNCUYO no pretende que se incluyan sus propuestas con puntos y comas, porque entiende que eso sería un capricho, sino que se tome en cuenta su mirada académica y científica.

Veinte años de discusiones

Hace más de veinte años que las entidades profesionales, el sector científico y algunos estamentos del Ejecutivo advirtieron sobre la necesidad de ordenar el territorio y de poner reglas claras al crecimiento urbano. En 2009 esas ideas se plasmaron en la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (8051), una norma que no se parece a ninguna otra, porque para su plena vigencia se estableció la necesidad de que se aprobara por ley un Plan Provincial de Ordenamiento y planes municipales.

Aunque la ley fue aprobada, no significó cambios reales para frenar los problemas que fueron diagnosticados una y otra vez: la urbanización del piedemonte, el avance de la zona urbana sobre la rural, la concentración en la metrópolis en detrimento de otras áreas y especialmente en detrimento de los pobladores que eligieron el campo como su lugar de vida. Pese a esto, se concretaron los pasos previstos en la ley: la creación del Consejo Provincial de Ordenamiento, un órgano consultivo conformado por representantes de 65 organizaciones; la Agencia de Ordenamiento Territorial, encargado de velar por el cumplimiento de la ley y cuya directora fue puesta en funciones luego de que el Senado aprobara su pliego. El paso siguiente era aprobar el Plan de Ordenamiento provincial y luego los municipales, pero el proceso quedó estancado en la Legislatura.

El proyecto del plan recibió críticas del radicalismo –en ese momento oposición– y también de las Asambleas por el Agua Pura y del sector científico. Según explicó Lara, esa es la iniciativa que es necesario modificar, para que su aprobación signifique cambios reales.

¿Cuál es la postura institucional de la UNCUYO respecto del plan de ordenamiento que está en la Legislatura?

La posición del rector y del equipo que trabajó en todo el proceso de ordenamiento es que ese plan tendría que ser mejorado, por eso se hicieron propuestas de mejoras. El equipo de la Universidad trabajó en la etapa previa, de hecho el esqueleto del plan que se presentó responde a la concepción del equipo.

¿Se refiere al equipo que trabajó en el Proyecto de Investigación y Desarrollo (PIT) financiado por el Gobierno?

Sí, que elaboró un plan y también un reglamento del mismo, que fue revisado en su forma definitiva por el Consejo de Ordenamiento.

¿Cuál es la situación del proceso en este momento?

El proceso está muy parado desde el momento mismo en que el Ejecutivo elevó el plan a la Legislatura, no fue impulsado.

¿Faltó voluntad política?

Uno deduce que no había una voluntad férrea de impulsar ese plan, ni por el oficialismo ni por la oposición. Si no se movió nada, uno tiene que asumir que fue porque el tema no estaba en agenda, no interesaba. De todas maneras, el equipo del PIT fue a la Legislatura e hizo sus aportes y dio sus explicaciones en la Comisión de Ambiente, porque nosotros también entendemos que los legisladores a veces no comprenden algunos tecnicismos que son importantes para la ciencia.

La posición institucional de la UNCUYO cambió con la asunción de las nuevas autoridades, porque en la audiencia pública donde se presentó el documento preliminar del plan, el entonces vicerrector, José Rodríguez, valoró el proceso inédito que se realizó para elaborar el documento.

Lo que dijo la Universidad, a través en ese momento del vicerrector, fue que el plan se tenía que ajustar al reglamento; esto lo dijeron por escrito Somoza (Arturo, exrector) y Rodríguez en la sesión del CPOT, porque la verdad es que la ley dice que el plan se tiene que ajustar al reglamento que se elaboró y aprobó de modo muy participativo. Respecto de la audiencia pública, lo que surgió muy fuerte fue la necesidad de regular sobre barrios privados, porque ni la Ley de Ordenamiento ni ningún documento lo hizo, por eso la versión del plan que aporta la Universidad regula ese tema. Este ha sido más o menos el devenir. Es decir, acá la Universidad nunca asumió que todo estaba bien, porque además el documento final no se puso a consideración de la Universidad en el CPOT, se hizo una audiencia bastante sui generis donde se levantó la mano a libro cerrado.

Lara aseguró que el Plan de Ordenamiento debe fijar criterios claros que respeten todos los municipios.

En una entrevista que dio a Unidiversidad, la directora de la Agencia, Sonia Romero, dijo que el proyecto fue aprobado en el seno del Consejo.

Es cierto, fue aprobado, pero para nosotros fue una preocupación que todas las cosas importantes que había que poner en el plan se sacaron.

¿Cuáles son esos aspectos importantes que no están en el plan?

Te voy a dar el ejemplo típico. En la Provincia no hay un criterio único que defina lo que es urbano, rural y el área complementaria o interfaz. Eso es necesario que se haga por ley, porque eso implica avanzar sobre una atribución que hasta ahora han ejercido los municipios, porque nadie les ha puesto un límite. Justamente, la ley de ordenamiento viene a tratar de ordenar estas prácticas, porque si no definimos con un criterio uniforme esto, no hay forma de que haya ordenamiento.

¿Estos criterios deben estar en el plan provincial o en los planes municipales?

La ley dice que el plan provincial es el que ordena, porque si no seguimos con el mismo problema, los municipios hacen lo que quieren de acuerdo a sus necesidades. El plan tiene que dar esos criterios para que ordenemos, porque el diagnóstico es que hay una gran descoordinación y desarticulación en el territorio. Acá lo rural nunca ha sido importante, esa es la verdad. Lo importante siempre ha sido lo urbano y de hecho los problemas que se presentan en lo rural se presentan por el mal manejo de lo urbano, es decir, por el avance descontrolado. La Provincia nunca ha salido a ordenar el territorio y a partir de estas competencias muy puntuales de los municipios han crecido y han crecido desordenadamente. El gran problema que tenemos es la tensión entre lo urbano y lo rural, por eso hay que definir esa línea por ley, no por voluntad de los municipios, porque si no los municipios mañana cambian y ese es el problema que tenemos de las excepciones, los municipios sacan otra norma y cambian el criterio. Ahora, si de entrada lo que ocurre es que al plan, que quiere normalizar, uniformar y establecer criterios únicos, justamente le sacás todo eso y encima usás una metodología de definición de programas y proyectos que es acientífica, estamos en un problema, porque el plan no dice nada y el problema es que hemos generado un documento a 30 años que no dice nada, entonces esta es la posición de la Universidad.

¿Hoy, legalmente, sirve a los fines de ordenar el territorio que tengamos una ley?

No sirve de nada, porque estamos frente a una forma jurídica distinta. La ley de ordenamiento no es una ley en un sentido tradicional, que requiere un mero reglamento de ejecución operativo y nada más; para tener plena vigencia requiere de los planes, esto es lo novedoso de esa norma. Sin los planes, primero el provincial y después los municipales ajustados a esos criterios, es imposible ordenar el territorio. Ahora, vamos a dejar algo claro: nosotros queremos un plan que responda a ciertos conceptos, no queremos que diga el punto y la coma que nosotros estamos pensando, porque eso sería capricho. No es esa la posición de la Universidad, sino que para ser un plan de verdad tiene que ajustarse a la ley y al reglamento y responder a ciertos conceptos técnico-científicos.
 

Documento alternativo

¿La Universidad presentó su postura en el seno del Consejo?

No hubo tiempo, porque el Consejo se convocó con dos días y se votó a libro cerrado. Se juntaron varias cosas: primero, que en el Consejo no estuvo la versión final que elevó el Ejecutivo, se elevó una versión preliminar, se convocó con dos días de antelación, imposible analizar nada con seriedad. Y esperamos la instancia final de redacción, porque siempre se dijo que se iba a mejorar, pero cuando vimos la versión final del plan vimos que esas mejoras no estaban presentes, que no hay una referencia a los barrios privados. Ahora, igual, hay que decir que se avanzó mucho en este año y medio.

En la misma entrevista que dio a Unidiversidad, Romero aseguró que existía un error de concepto, ya que el PIT fue contratado para hacer una consultoría, pero que es atribución de la Agencia determinar qué información utilizaría.

Totalmente. El problema de eso, y lo digo como administrativista, es que uno puede apartarse de los consejos que le dan las personas a las que les paga para darle consejos –que este es otro problema de cómo gasta la plata la Provincia, paga para que le den un consejo y después no lo toma–; pero siempre es imprescindible fundamentar el apartamiento. Y lo que nosotros veíamos en el proceso de elaboración del plan es que no había una fundamentación del apartamiento, más que una fundamentación política. ¿Y cuál es la fundamentación política?. Si hacemos esto, los intendentes nos matan, entonces es justamente lo que hay que hacer. La Universidad no es responsable de la gobernabilidad, esa gobernabilidad la tiene que generar el gobierno que esté. La  Universidad tiene la obligación de decir la verdad, es decir: "Señores, no hay ordenamiento si los municipios no se ordenan, no hay ordenamiento si no hablamos de los barrios privados y de su avance, porque si no, ¿de qué estamos hablando?". Si este es uno de los principales problemas que tenemos, no el único.

La zona urbana avanza sobre tierras productivas. En este caso, un nuevo emprendimiento en Maipú.

Uno de los vocales de la Agencia, Vicente Abbate, opinó en el mismo artículo que en este tema existía una “caldera de vanidad”, ya que cada uno quiere imponer su criterio.

Creo que somos muy hipócritas. La responsabilidad de la Universidad es poner en foco lo que la ciencia dice. Ahora, si no estamos dispuestos a decir la verdad, a decir: "Miren, el problema son los intendentes, porque tenemos este sistema en donde se hace lo que se quiere", somos hipócritas. Yo los respeto mucho a Vicente y a Sonia Romero, pero está claro que acá lo que hay que ordenar es el comportamiento municipal y este es el verdadero desafío del ordenamiento territorial. Ahora, es lógico que todos digan: "Si los intendentes no nos apoyan esto no sale". A lo mejor sea cierto, pero nosotros creemos que a los intendentes se les puede enseñar a gestionar mejor el territorio. Repito: la Universidad no va a dinamitar ningún proceso, siempre vamos a aportar desde lo constructivo, pero sin dejar de decir lo que la Universidad tiene que decir.  Lo que la ley y el plan quieren establecer es un orden y ese orden es resistido, acá hay que vencer una inercia cultural enorme.
 

Avance urbano

En el tema del avance urbano sobre el sector rural suele ponerse el acento sobre el sector privado, no sobre los municipios.

El problema no es el privado, es el Estado. La Ley de Ordenamiento no está dirigida a los privados, está dirigida al Estado, por eso define al ordenamiento como un procedimiento político administrativo. Vos leés la ley y no vas a ver una palabra referida a los privados, son limitaciones al Estado que es el que tiene que actuar de determinada manera. Siempre se piensa en los desarrolladores, pero ellos actúan conforme a las reglas del juego, o a las no reglas del juego, que son reglas del juego también.

¿Actualmente existe un desbarajuste jurídico de las leyes vigentes respecto del ordenamiento?

Exacto, y nosotros decimos que hay dos frentes para atacar: por un lado, ordenar institucionalmente a través del plan provincial y de los planes municipales, pero por otro lado, ordenar las normas. De hecho, en nuestro plan proponemos que se cree una comisión dentro de la Agencia, que tiene que analizar al menos siete normas que para nosotros son troncales y hay que revisar a la luz del plan, entre ellas las leyes de Loteo, del Piedemonte, ordenanzas de Catastro y las normas municipales.