No es fácil narrar esta historia para sus mismos protagonistas. Beatriz Varela y su hijo Gabriel han tenido que esperar casi 11 años para que la Justicia argentina, en una resolución sin precedentes en este país, sentencie a la Iglesia católica por su responsabilidad en los actos de pedofilia cometidos por un cura de su diócesis contra el joven cuando este tenía 15 años.

La Cámara de Apelaciones del municipio de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, ha confirmado esta semana el fallo de un tribunal que en diciembre condenó al obispado de esa localidad a pagar 155.600 pesos más intereses (más de 23.000 euros) por gastos en tratamientos psicoterapéuticos y por el daño moral causado al chico y a su madre.

El delito ocurrió el 15 de agosto de 2002. Varela invitó a su casa al cura Rubén Pardo, vicario de una parroquia del lugar, para que instruyera a sus dos hijos varones sobre los preceptos católicos. Según adelantó la periodista Mariana Carvajal en el diario argentino Página12, el sacerdote, de unos 50 años, conversó con Gabriel en solitario y, llegada la cena, pidió a la mujer que permitiera al muchacho pasar la noche en la Casa de Formación, donde el religioso residía, para continuar con el diálogo y para que al día siguiente lo ayudara en la celebración de una misa.

Gabriel contó a la Justicia, tiempo después, que Pardo lo invitó a dormir junto a él, un gesto que el adolescente interpretó como una actitud paternal. Fue entonces cuando el sacerdote abusó sexualmente de él. "Sabía que me estaba violando, pero no podía pensar en qué podía hacer para evitarlo, porque tenía mucho miedo y estaba shockeado", expuso. Una vez que Pardo se durmió, Gabriel huyó despavorido a su casa y le confesó a su madre lo sucedido.

Varela se presentó de inmediato ante el que era el obispo de Quilmes en ese momento, Luis Stöckler. "En principio se mostró consternado, pero con el correr de los días no mostraba decisión de tomar alguna medida", explicó a este diario. El obispo "intentó minimizar el hecho, diciendo que yo tenía que ser misericordiosa con las personas que eligen el celibato por vocación porque tienen momentos de debilidad".

Pero la mujer le comunicó al obispo que si ella estaba allí era porque quería "verdad, justicia, y que a nadie más le ocurra". El prelado recurrió entonces a presionarla "por las pagas". "Yo trabajaba en una escuela del obispado", explica la mujer.

La madre de Gabriel acudió también a la curia metropolitana, residencia del exarzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio, más conocido hoy como el Papa Francisco, de donde la quisieron expulsar con personal de seguridad. En la Catedral, colindante con el edificio de la curia, se enteró de que el cura pedófilo había sido alojado en una casa de la vicaría del barrio de Flores, dependiente del Arzobispado de Buenos Aires, que presidía el que es hoy es el máximo pontífice y jefe de Estado del Vaticano. Varela se dirigió a continuación al tribunal eclesiástico, "cuyo presidente no quiso tomarme la denuncia", y en donde quince días después la entrevistaron cuatro curas "que me sometieron a un interrogatorio humillante, con preguntas lascivas y tendenciosas, poniéndome a mí en el lugar del victimario, cuando ellos tenían certeza de que el hecho había ocurrido porque el abusador había admitido el hecho a las 96 horas ante su obispo, que lo amonestó".

La mujer se arrepiente de la confianza que depositó en la Iglesia. "Los curas se capacitan para el manejo de masas, para la manipulación de mentes", añade. "Espero que la sociedad se conciencie de que creer en Dios no pasa por estar registrado en el libro de ninguna religión, y menos en una mantenida por el Estado". "Bergoglio estaba al tanto de esta denuncia", señala la mujer. "Nadie se instala en una vicaría sin la autorización del arzobispo. Ese es el compromiso de Bergoglio: de la boca para fuera", arremete. "Ante casos de pedofilia, la Iglesia actúa encubriendo, con hipocresía, con mentiras, con complicidad y sin compromiso ante Dios y la sociedad. Todos saben y todos callan, así que todos son cómplices. Y encima es una institución reverenciada por la sociedad. La Iglesia se le ríe en la cara, y así y todo esta es feliz porque un argentino ocupa un cetro", sentencia Varela.

Un nuevo caso relacionado

Cualquier atisbo de alegría que hubiera podido surgir con la llegada de la sentencia contra el Obispado de Quilmes se ha empañado ahora con una llamada que Varela recibió la semana pasada. "Hay dos sacerdotes que fueron trasladados a la Arquidiócesis de Córdoba [centro del país] cuando hice la denuncia", cuenta. "El viernes me llamó una madre desgarrada porque su hija de 4 años había sido violada por estos dos curas, que todavía trabajan en una escuela. Tenía fisuras anales, hay fotografías de ella y de otras compañeritas. Y otros niños están todavía en riesgo".

La madre de la niña abusada, que no ha querido por ahora que el caso trascienda con datos concretos, comenzó hace siete meses una causa penal contra los curas, pero los dos clérigos todavía trabajan en la escuela. "Esto es una red de pedofilia, porque la maestra no es ajena al hecho de que tres o cuatro nenas desaparecen del recreo y aparecen más tarde. Eso se llama encubrimiento", afirma Varela.

A diferencia de la madre de Córdoba, Varela sí ha decidido dar a conocer lo que han soportado. Stöckler [que sigue siendo obispo emérito de Quilmes] pretendía silenciarme, pero yo le dije: "Esto lo callo solo muerta". Mi hijo ya lo padeció. Por mi silencio no lo va a sufrir ningún otro niño", puntualiza. El proceso judicial por el que han pasado ella misma y su hijo no ha sido tampoco un trago fácil y, aunque agradece el fallo, siente que la Justicia se hizo esperar demasiado. "Cuando el sacerdote que abusó de mi hijo falleció [de Sida, en 2005], el expediente desapareció durante dos años. La causa corría el riesgo de prescribir, y mi hijo tuvo un intento de suicidio y estuvo internado un mes y medio en una clínica psiquiátrica", recuerda. "Con ningún dinero compensarán lo que hemos padecido".

Palabra de Gabriel

Su hijo Gabriel, que hoy tiene 25 años, también ha consentido la difusión de su caso. "El dictamen judicial sienta una jurisprudencia y puede ayudar a otras víctimas a que no se les haga tan engorrosa la búsqueda de una resolución", expone a Público. "Estamos hablando de una institución que tiene muchísimo poder".

Él lo sabe bien al haberlo sufrido en carne copia. "Tenía pesadillas, no me podía dormir. A veces sentía culpa por lo que había pasado, que es lo que buscaba la Iglesia diciéndole a mi mamá que ella había inducido eso o que yo había provocado a esta persona [Pardo] para que sucediera".

Uno de los momentos más difíciles llegó cuando el legajo penal se perdió. "Sentía que habíamos perdido, y que tantos años de lucha y desgaste eran en vano", admite Gabriel. Pero, con apoyo psicológico y la contención de su madre y hermanos, pudo al final salir adelante y darse cuenta de que nada de lo que había ocurrido era culpa suya, "que uno no puede manejar la perversión que tenga otra persona, y que uno es víctima". Pero el joven considera que no es bueno quedarse en ese papel. "Hay mucha gente que no denuncia porque tiene miedo o vergüenza al qué dirán por querellarse contra una persona con investidura. Por eso hay que actuar".

Gabriel ya no se considera católico y está intentando tramitar su apostasía. "Cualquier decisión que tome la Iglesia te representa como fiel de esa institución. Y la Constitución indica que el Estado tiene la obligación de subsidiar al credo que tenga mayoría. Con mi desafiliación, la institución perderá poder", concluye.