Una vez más, la Justicia y el Gobierno se encuentran enfrentados y envueltos en una polémica. Es que el juez Eduardo Martearena, argumentando que es inconstitucional, se negó a la condena de prisión perpetua decidida por el jurado popular en contra de tres imputados, acusados de asesinar al cuidacoches Leonardo Lucero en Godoy Cruz, caso conocido como el de la "valija fúnebre". El fiscal Fernando Guzzo adelantó que apelará en la Suprema Corte. El gobernador Alfredo Cornejo dijo que están analizando si le inician un jury de enjuiciamiento. Además, declaró que el magistrado "se burló" del juicio por jurado.

Abel Yáñez, Rafael Yáñez y Mariano Gutiérrez fueron declarados culpables por los miembros del jurado por el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, delito que solo tiene la máxima sentencia. Sin embargo, el juez que presidió el debate se negó a esa condena al considerarla inconstitucional por no cumplir con la función de resocialización que deben tener las penas.

Martearena dispuso que en cinco días hábiles, es decir, el jueves de la semana que viene, se realice la audiencia de cesura de la pena. Aquí el magistrado mantendrá su postura y pedirá a las partes alegar para pedir una nueva condena, o sea, ser juzgados como si fuera un homicido simple, para recibir condenas de entre 8 y 25 años.

Apelarán a la Corte

Los fiscales se reservaron el recurso de casación para ir a la Suprema Corte de Justicia para que sea esta la que tenga la última palabra. Mientras tanto, pidieron la prórroga de la prisión preventiva de los acusados, que vence a fines de agosto, ya que al no estar firme el fallo, podrían reclamar la libertad tras haber pasado más de dos años detenidos.

El jefe de los fiscales, Fernando Guzzo, indicó: “No hay ningún motivo válido para que, frente a un homicidio sancionado por la voluntad popular, no pueda aplicarse esa pena. Es un apartamiento de la ley. La declaración de culpabilidad del pueblo se hace en función de homicidio agravado y ese homicidio agravado prevé la prisión perpetua. Vamos a volver a solicitar la prisión perpetua. En conclusión, lo que el juez disponga como pena será su responsabilidad, no la nuestra”.

El enojo de Cornejo

El gobernador Alfredo Cornejo, por su parte, se mostró muy enojado con el juez Martearena. En diálogo con Radio Nihuil, afirmó: "Él se está burlado del juicio por jurado, se burla de la población que quiere penas más duras para delitos graves. De alguna forma, se está burlando de nosotros. Él tiene un criterio y hoy se lo ha impuesto a la provincia, cuando en realidad hasta la Corte nacional dice que la prisión perpetua es constitucional".

Sobre el fallo, el mandatario remarcó: "Mataron a un trapito por una deuda de drogas entre ellos, uno de ellos lo confiesa. Además, lo quemaron y lo tiraron en un predio en el oeste de la Ciudad. Según el Código Penal, correspondía la prisión perpetua, pero el juez Martearena interpretó que la prisión perpetua es inconstitucional porque son más de 35 años, para él eso es mucho tiempo, no se va a resocializar en la cárcel y va a salir viejo". 

El precandidato a diputado nacional, a su vez, dijo que hay un grupo de jueces que "no aceptan el juicio por jurado". "Son jueces aristocráticos que no quieren que participe el pueblo en decisiones de este tipo. Este juez nunca ha dictado una prisión perpetua; la mayoría de las sentencias que dictó han sido absoluciones, sobreseimientos o faltas de mérito", sostuvo. A la vez, Cornejo declaró: "Ellos son los que creen que la falta de inclusión y la desigualdad son las que hacen que estas personas cometan delitos, por lo tanto, no tienen que tener penas severas. Nosotros hemos cambiado esa legislación en Mendoza. Hemos aplicado un criterio de mano más dura, que es el que está incipientemente dando algunos resultados".

Analizan pedir un juicio político

El Gobernador afirmó que junto a su equipo de técnicos jurídicos están estudiando si le inician un Jury a Martearena. "No me gusta pedir juicios políticos por interpretaciones jurídicas, lo hacemos cuando hay incumplimiento de los deberes de funcionario público. Preferiría que se resolviera en la Corte, no obstante lo vamos a analizar”.

El hecho

En julio de 2017 se halló un cadáver calcinado en el oeste de Godoy Cruz; días después, se constató que era el de Leandro Lucero. Luego de investigar, se determinó que al joven lo habían golpeado en la cabeza y luego lo quemaron. Por el hecho fueron detenidos José Rafael Yáñez, Mariano Alan Gutiérrez y Abel Yáñez.