Fue causa y efecto. El crecimiento de la población penitenciaria que se registró en 2016, y sigue en ascenso, generó hacinamiento y redujo las posibilidades de acceder a la educación y al trabajo de los 4600 (mil personas más que las plazas con que cuenta el sistema) internos alojados en alguna de las 13 unidades de detención mendocinas.

El hacinamiento es el factor que desencadena la mayoría de los problemas y produce fallas en el sistema, porque no alcanzan ni los recursos humanos ni los materiales para atender a los internos. Ese fue el análisis de los dos jueces de Ejecución Penal con competencia en toda la provincia, Sebastián Sarmiento y Mariana Gardey, y del procurador de las Personas Privadas de la Libertad, Fabricio Imparado.

Los tres coincidieron en las razones que produjeron un incremento de 500 internos en 2016 y de 300 en lo que va de 2017: las modificaciones legislativas respecto de la prisión preventiva y los delitos relacionados con la violencia de género. Advirtieron que el problema se profundizará porque el crecimiento de la cantidad de internos va a un ritmo más acelerado que el necesario para construir una cárcel. Por eso impulsaron la necesidad de poner en marcha medidas alternativas a la detención, con un criterio de racionalidad.

Radiografía del sistema

De los 4600 internos, sólo 3000 están condenados. El resto son procesados. En los primeros se centra el trabajo de los jueces Sarmiento y Gardey, ya que cada uno monitorea a 1500 detenidos, esto es, que cumplan sus obligaciones y que se respeten sus derechos, y evalúan su situación para aprobar o descartar una libertad condicional, por ejemplo.

Sarmiento, que fue director de Almafuerte y del Servicio Penitenciario, consideró que las reformas legislativas se aprobaron sin hacer una evaluación del impacto carcelario que tendrían. Explicó que, tras las rejas, las consecuencias se sintieron de inmediato: deterioro de las condiciones de vida y eliminación de incentivos que tenían los internos para estudiar, participar de un programa o mejorar su conducta.

El juez dijo que desde 2004 –y siempre luego de un delito grave con despliegue mediático– se aprobaron leyes regresivas que recortaron los derechos de todos los internos, cuando no todos son iguales. Dijo que el promedio de las condenas en Mendoza va de dos a tres años y que las más altas son poco relevantes en el total. Esto –aseguró– muestra que esos detenidos van a salir en libertad, entonces la tarea es disminuir los efectos negativos del encierro para que no vuelvan a delinquir, nunca profundizarlos.

Sarmiento destacó que Alfredo Cornejo fue el primer gobernador que puso el tema de la cárcel en la agenda pública, pero consideró que si los anuncios no van de la mano de la inversión y de una discusión de fondo, no implicarán cambios sustantivos.

El juez consideró positivas algunas modificaciones, como la participación de las víctimas en el proceso y el trabajo de los internos. Sin embargo, señaló que el cupo no guarda relación con la cantidad de detenidos, ya que, por ejemplo, en Boulogne Sur Mer sólo la mitad tiene acceso a actividades formales, debido a que los magistrados consideran las tareas de limpieza (fajina) como una obligación de los presos y no como una herramienta que puedan utilizar a futuro.

La titular del Juzgado de Ejecución Penal N.º 2, Mariana Gardey, por su parte, señaló que la situación se replica en Almafuerte, que tiene exceso de población y alta tasa de encierro, y los cupos para trabajo y estudio son reducidos, con el agravante de que están alojados los presos con perfiles más complejos y que hay 40 que no pueden convivir con el resto de la población, lo que reduce aún más las plazas. Pese a esto, resaltó que el Ejecutivo está realizando esfuerzos para incrementarlas.

Frente a esta problemática, la también profesora de la UNCUYO planteó que la tendencia mundial es construir pequeñas cárceles que permitan dividir a los internos por tipo de delito y avance de la condena para mejorar la administración de los recursos.

Imparado, que conduce un organismo extrapoder encargado de prevenir problemáticas en las cárceles, dijo que los reclamos de los internos están relacionados con la atención de la salud, las condiciones de detención –el más común es que no tienen colchón–, con la falta de cupos para estudiar o trabajar y con pedidos de cambio de pabellón por violencia. Frente a esto, realiza recomendaciones al Ejecutivo, pero también puede presentar un Habeas corpus y una denuncia, aunque la base de su labor es el diálogo con las autoridades.

El procurador, que realiza recorridas por los penales y entrevistas con los internos, explicó que el problema central es que el sistema tiene una capacidad muy inferior a la cantidad de detenidos, lo que genera hacinamiento, el causante de una cadena de inconvenientes: deterioro de las condiciones de detención, violencia y escasez de cupos para estudiar o trabajar.

De las 5187 personas detenidas en Mendoza, 4694 están alojadas en alguna de las 13 unidades del Servicio Penitenciario. Foto: Axel Lloret