Durante tres días, el comisionado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para Argentina, Luis Vargas Silva, visitó Mendoza y evaluó nuevamente el plan de acción para resolver el hacinamiento en las prisiones mendocinas, frente a las expectativas del Gobierno provincial de que se levante una medida cautelar impuesta en 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los casos de los penales Almafuerte y San Felipe.

Para conocer la realidad carcelaria de la provincia en profundidad, Vargas Silva estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Gianni Venier; el director del Servicio Penitenciario provincial, Eduardo Orellana, y abogados peticionarios de organizaciones de derechos humanos. Durante su recorrido, tuvo la posibilidad no solo de ingresar e introducirse en distintos módulos y pabellones de los penales, sino también de entrevistar personalmente a los internos.

Todo lo recaudado por Vargas Silva estará compilado en las evaluaciones que hace la Comisión. Sin embargo, adelantó que se lleva "una magnífica impresión". "Primero, por el trabajo que realizan los abogados peticionarios, ciudadanos ejemplares en mi criterio y, segundo, por el empeño y trabajo que realiza el Gobierno para construir centros penitenciarios que atiendan la sobrepoblación existente”.

Además, el comisionado destacó el trabajo que realizan las autoridades de todo el sistema carcelario de la provincia. Remarcó también que el levantamiento de la medida cautelar dependerá del cumplimiento de lo que se trabajó y de lo que se ordenó en esa medida cautelar. “Yo adelantaría que Mendoza puede convertirse en un paradigma de lo que debe ser la atención a la población carcelaria, y cuando hablo de paradigma no es solamente para Argentina, sino para todos los países de América. Es posible que se pueda convertir en eso y creo que sobre ello vamos a trabajar de manera mancomunada, para que lo podamos convertir en el arquetipo a mostrar”, finalizó el representante de la CIDH.

Sin embargo, debemos recordar que la situación de las personas privadas de su libertad en las cárceles mendocinas ha motivado también acciones internacionales, entre otras, la recordada presencia de Amnesty International, el Grupo de Detención Arbitraria de ONU y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, según los datos establecidos por la Asociación Civil Xumek, la población carcelaria en Mendoza es de más de 4000 personas, de las cuales algo menos de la mitad se encuentran alojadas en calidad de procesadas, es decir, sin condena.

En este sentido, Unidiversidad dialogó de la situación con  Mercedes Duberti, de la asociación Xumek: “Ante la visita de Luis Vargas Silva, nace el petitorio de Carlos Varela Álvarez, abogado del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, por las condiciones en las cuales viven las personas privadas de la libertad y el contexto de hacinamiento, algo que desde Xumek venimos denunciando desde hace tiempo”.

“Me parece muy positiva la visita del comisionado, esperemos que haya avances sustanciales. Lo que se mejore en estas dos cárceles, sin duda, va a servir para que se extienda al resto de los complejos de la provincia y para que se adopte un protocolo a seguir por los próximos gobiernos”, consideró la referente de Xumek.

Los antecedentes

No es la primera vez que la provincia es escenario de inspecciones por parte de la CIDH.

El primer antecedente se remonta a 2003, cuando una delegación observó lo que sucedía y plasmó en su informe la situación de hacinamiento y las malas condiciones de seguridad, salud, nutrición, vestimenta y sanitarias en general. Luego se firmó un acta con una solución amistosa, de acuerdo con una serie de acciones para dar respuesta al problema de las cárceles que ponía en riesgo la vida de los internos.

En ese momento, el organismo requirió que el Estado argentino, para el caso de Mendoza, adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de todas las personas en los complejos penitenciarios Almafuerte y San Felipe. Entre las directivas, solicitó fortalecer al equipo de guardias y ofrecer capacitaciones constantes al personal que trabaje en esos establecimientos. También requirió que asegurara las condiciones de higiene en los centros penitenciarios y proporcionara los tratamientos médicos adecuados para las personas privadas de libertad, según las patologías que presenten.

En tanto, en mayo de 2015 hubo otra audiencia en la que se revisaron las implicancias del mecanismo de prisión preventiva, cambio que fue introducido por Cornejo y que tuvo duros cuestionamientos desde los organismos de derechos humanos.