Tras conocerse las declaraciones juradas de sus funcionarios, se oyeron los rezongos del Gobernador dedicados al peronismo –porque se ve obligado a responder por un decreto de Paco Pérez– y también contra los medios –por fijar la atención “en lo anecdótico” al observar los valores de las propiedades–. Pero también Alfredo Cornejo aceptó que pudo ser un error incluir las tasaciones fiscales de los bienes personales en las declaraciones juradas, al tiempo que admitió que deberían reflotar un proyecto relegado de ética pública presentado por el actual intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar.

Mientras tanto, el peronista Jorge Tanús presentó su propia iniciativa directamente convirtiendo el decreto de Paco Pérez, vigente desde fines de la anterior gestión, en un proyecto de ley que suma a los jueces. El mismo Tanús dijo anoche en Señal U que los avalúos no se actualizan desde hace 20 años. “Hay un atraso de 4 o 5 veces de la valuación real”, advirtió.

Lo refleja el diario UNO en su tapa impresa y lo despliega en dos páginas bajo el título. “Millonaria pérdida por no actualizar los avalúos fiscales”. Es decir, los actuales oficialistas y opositores se pasaron facturas por sus respectivos pasados. Por un lado, Cornejo revive una idea estancada en la Legislatura y que ahora parece querer reimpulsar, y Tanús se desgarra por una situación que los dos gobiernos peronistas consecutivos podrían haber cambiado.
 

Los números de Laura

Llama la atención la nota de Vox que descubre las grandes diferencias que la vicegobernadora Laura Montero expone en sus DD.JJ. tanto para la Provincia como para la Nación. Es un caso de laboratorio presentado por el periodista Pablo Icardi.

“Por ejemplo. El inmueble que Montero declaró en Mendoza a un valor simbólico de $0,70, en Buenos Aires también lo declaró, pero con una tasación de $ 115 323. Sigue siendo un valor bajo, pero más realista. Ese bien es una casa ubicada en San Rafael de 261 metros cuadrados. La vicegobernadora lo adquirió mucho antes de ser funcionaria pública: lo sumó a su patrimonio el 23 de septiembre de 1987. Pero las incongruencias siguen. Montero también declara ante Fiscalía de Estado una casa tasada en $ 5764, pero en la DD.JJ. presentada en la Nación, el mismo inmueble fue tasado en $ 331 544. También se trata de una casa de idénticas proporciones a la anterior, pero comprada dos años antes. Las diferencias en la tasación son una incógnita, pero a nivel provincial el oficialismo explicó que los valores que figuran en la documentación de Fiscalía de Estado tienen que ver con la moneda en las que fueron comprados: australes. La única coincidencia entre ambas declaraciones juradas se da en la vivienda principal que la Vicegobernadora declara, ubicada en Chacras de Coria y tasada en $ 900 mil. Incluso a nivel nacional no declaró dos inmuebles que sí figuran en la DDJJ provincial y que fueron comprados en 1999 y 1987. Ambos parecen también subvaluados: uno figura con $ 25 mil y otro, por $ 0,01. Incluso en su última declaración jurada como Senadora no menciona la camioneta Ford que sí declara en Mendoza y que compró en 2011. A nivel nacional, las declaraciones juradas tienen más detalles y no están exceptuados los montos de dinero. Por eso los funcionarios deben declarar las cuentas que tienen y su evolución. En 2014, por ejemplo, Laura Montero tuvo una “ganancia” de casi un millón de pesos en su patrimonio. Al inicio del año declaraba bienes, depósitos y dinero por $1 896 117,27. Y al final del año el balance arrojaba bienes, depósitos y dinero por $ 2 647 377,53”.

El centenario no se da por enterado pero prende la luz

Llama la atención que el diario Los Andes no incluya en su tapa de papel el caso, aunque contiene en su cuerpo principal una crónica de Horacio Meilán que consigna: "Cornejo quiere impulsar una ley de ética pública".

Dicho sea de paso, el centenario prefiere llevar un caso central y apunta a una revisión de la perfomance financiera de la eléctrica Edemsa, por la cual se evalúa la continuidad de la concesión. "Edemsa: Gobierno evalúa su pasivo como causa de rescisión" es el título que registra esta situación y la fuente es el mismo Ejecutivo que se abstuvo de votar el último balance, con un déficit superior a los $ 1000 millones. “Aún no acuerda cómo cancelar su deuda con Cammesa”, remarca la bajada de la nota.