Bajo el eufemismo de "Proceso de Reorganización Nacional", el 24 de marzo de 1976 comenzó la etapa más oscura de la historia argentina reciente, cuando los militares tomaron el poder y desde allí desplegaron el más cruel terrorismo de Estado conocido por estas tierras. Para poder ejercer este plan sistemático de tortura y desaparición de personas, era necesario tener un organismo específico que se dedicara a la inteligencia, capaz de identificar y ubicar a quienes debían ser eliminados. Así nace el Departamento de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Mendoza, conocido por su código D2, el brazo informativo policial puesto al servicio de la represión.

Muchos de quienes se desempeñaban en él conocían los movimientos de militantes políticos, sindicales y estudiantiles mucho antes del golpe de Estado y, por ende, mucho antes de la creación del organismo. A fines de 1975, el gobierno de María Estela Martínez de Perón había sufrido un deterioro institucional y político que generó la disputa entre diversos sectores militares y paramilitares de la sociedad. Fue el caldo de cultivo para muchos grupos de tareas, como la Triple A o el local Comando Pío XII.

El D2, que el sábado 12 de septiembre de 2015 fue convertido en un espacio para la Memoria, funcionaba en el entrepiso del interior del Palacio Policial, ubicado entre las calles Belgrano y Virgen del Carmen de Cuyo de la ciudad de Mendoza. El lugar fue escenario de la tortura, violación, desaparición y muerte de unas 300 personas, según consta en los registros.

El funcionamiento fue similar en casi todos los casos: “Una vez sacados de sus casas en operativos casi siempre clandestinos, los detenidos eran encapuchados, golpeados, desorientados y luego trasladados al edificio del Palacio Policial”, según se describe en la Guía de Archivos y Fondos Documentales del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. A quien llegaba allí le esperaban sesiones de torturas sistemáticas, con golpes, picana eléctrica y violaciones. Siempre había un médico para revisar al torturado y evaluar su resistencia física. Este fue uno de los sellos del D2.

Los testimonios de quienes sobrevivieron tras su paso por esas instalaciones dan cuenta de la violencia ejercida en esas celdas, algunas de ellas con ventanas a la calle, una calle que permanecía impávida –o ignorante– frente a lo que allí sucedía.

El D2 funcionó hasta 1998 aunque, claro está, ya no como centro de detención, sino como una dependencia de inteligencia de la Policía. En una recorrida por los calabozos se descubrieron cientos de legajos con partes policiales, recortes periodísticos y otros documentos. También se encontraron libros con información sobre presos políticos y detenidos-desaparecidos.

Con el hallazgo se convocó a través de la prensa a quienes quisieran recuperar su legajo. El resto de los expedientes quedaron bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Hubo un fuerte debate entre quienes creían que los archivos debían ser incinerados, en una suerte de quema purificadora, y quienes sostenían que debían preservarse como otro testimonio de la aberración. Salvados del fuego por los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales, en 2002 los expedientes fueron puestos bajo la custodia de la Universidad Nacional de Cuyo, institución que aún los conserva.
 

El traspaso

Símbolo del salvajismo, de la brutalidad, del horror y de la perversidad, el D2 se reconvertirá en el primer espacio de la memoria de Mendoza. El anuncio del pase del ex-D2 de manos del Gobierno a la órbita de organizaciones vinculadas con los derechos humanos se produjo en 2014. El 24 de marzo de ese año, en los actos por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el gobernador Francisco Pérez prometió que para la misma fecha pero de 2015 el edificio sería entregado como acto de reparación.

Sin embargo, eso no sucedió, lo que desató el 16 de marzo la renuncia en masa de funcionarios de La Cámpora que desempeñaban en el gabinete de Pérez tareas vinculadas con los derechos humanos. La salida de Juan Manuel González de la Subsecretaría de Derechos Humanos fue cubierta con el ex preso político Daniel Tagarelli. Recién asumido, el funcionario advirtió que en 90 días quedarían terminadas las obras para mudar a quienes aún trabajaban en el lugar.

Finalmente, el traspaso se realizará este sábado 12 de septiembre, como parte de un foro de ex presos políticos que se desarrolla en nuestra provincia.
 

Producción periodística: Juan Stagnoli