La Iglesia Católica, a través del Arzobispado de Mendoza, accedió al expediente de la investigación por las denuncias de abusos en el Instituto Antonio Próvolo. Así lo confirmaron los abogados querellantes en la causa, Sergio Salinas y Oscar Barrera, quienes presentaron un escrito para que la Justicia revea esta decisión.

Los letrados aseguraron que el Arzobispado de Mendoza, por intermedio de su abogado Héctor Cuervo, accedió al primer cuerpo del expediente donde está plasmada parte de la investigación por las denuncias de abuso en el Instituto ubicado en Luján de Cuyo que lleva adelante la Justicia mendocina desde noviembre de 2016.

Los letrados explicaron que, desde el inicio de la investigación, la Iglesia Católica solicitó acceso al expediente. Este pedido lo realizaron de manera formal los dos representantes del tribunal eclesiástico de Córdoba, Dante Simón y Juan Martínez, que llegaron a Mendoza para iniciar una investigación interna por los abusos en el Próvolo, en el marco del derecho canónico.

Los representantes de la Iglesia fueron recibidos en marzo por el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé, y por el fiscal que lidera la investigación, Gustavo Stroppiana. A ambos les hicieron tres pedidos: acceder al expediente, ingresar al Próvolo y reunirse con los dos sacerdotes detenidos, Nicola Corradi y Horacio Corbacho. Las dos primeras peticiones les fueron denegadas y la tercera la concretaron luego de hablar con las autoridades del Servicio Penitenciario.

Pese a la primera negativa de acceder al expediente, la Arquidiócesis de Mendoza insistió. Por intermedio del letrado Horacio Cuervo,  repitieron la solicitud y esta vez la respuesta fue positiva, por lo que accedieron al primer cuerpo de la investigación, donde constan la declaración de un testigo de identidad reservada, 11 testimoniales de los denunciantes, tres informes que realizaron los profesionales del Cuerpo Médico Forense sobre los sacerdotes acusados, las imputaciones de todos los detenidos y las pruebas que existían hasta este momento.

\La Iglesia sólo busca preparar su defensa\

Carlos Lombardi, de la Red de Sobrevivientes de Abuso, aseguró que el tribunal eclesiástico que estuvo en Mendoza por la causa Próvolo sólo quiere dar una imagen de colaboración con la Justicia.

Reclamo de la querella 

Dos días después, los abogados querellantes se enteraron de la novedad y presentaron sendos escritos –técnicamente, una oposición– para que el fiscal revea la medida. Su fundamento central es que los representantes de la Iglesia no tienen interés legítimo alguno en la presente causa, al tiempo que resaltaron que la decisión atenta contra los tratados internacionales a los que adhirió el país (y que tienen rango constitucional), en especial las convenciones internacionales sobre los Derechos del Niño y de las Personas con Discapacidad.

Barrera aseguró que las investigaciones que la Iglesia Católica realiza en los casos de abuso tienen el amparo del secreto eclesiástico, que nunca se escucha a las víctimas y que las conclusiones del proceso sólo se comunican a la Congregación para la Doctrina de la Fe, sin colaborar en ningún caso con la Justicia ordinaria.

El abogado querellante subrayó que, por muchos años y en todo el mundo, estas investigaciones internas de la Iglesia Católica sólo sirvieron para tapar los hechos, para invisibilizar a las víctimas y para encubrir a los sacerdotes acusados. Dijo que un ejemplo perfecto de este mecanismo es justamente el caso del Próvolo, ya que el cura Nicola Corradi fue denunciado en la sede del instituto en Verona, Italia; desde ahí fue trasladado a la sede de La Plata y, cuando se repitieron las acusaciones, lo volvieron a trasladar a Mendoza.

Salinas, abogado de la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos Xumek y representante de las víctimas, también alegó en su escrito que es necesario tener en cuenta las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (ONU) hizo  a la Iglesia Católica por su actuación frente a las denuncias de pedofilia cometida por sacerdotes.

En ese documento, el organismo internacional critica al Vaticano por adoptar “políticas y prácticas que llevaron a la continuación de abusos a menores y a la impunidad de los responsables”. Además, le advirtió que no había tomado las medidas necesarias para “proteger a los menores”.