La senadora Noelia Barbeito, las legisladoras del FIT Macarena Escudero, Cecilia Soria, Mailé Rodriguez y Melisa Prado y las concejalas electas Jésica Bustos y Micaela Blanco Minoli se presentaron ante la ministra de Salud, Elisabeth Crescitelli, para que la provincia adhiera al protocolo del aborto no punible del Ministerio de Salud de la Nación.

Barbeito llevó la voz cantante en este acto político que coincide con la jornada de debate por el anteproyecto del nuevo Código Penal. “Presentamos este pedido al Ministerio para que cumplan con lo que se habían comprometido: la adhesión al protocolo denominado ‘Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles’ del Ministerio de Salud de la Nación, elaborado en 2010 y actualizado en 2015. Es una necesidad urgente para que las mujeres que son víctimas de una violación tengan el derecho a interrumpir su embarazo de forma legal y segura en un hospital, y no ser judicializadas o depender de la objeción de conciencia del médico. A pesar de estar legislado en el código penal desde 1921, las trabas para poder acceder al aborto no punible son enormes”, dijo Barbeito.

Piden que Mendoza adhiera al protocolo legal del aborto

Establece que para aquellas mujeres que han sido violadas o su salud está en riesgo, la interrupción del embarazo no se considera un delito y puede acceder con sólo presentar una declaración jurada. La senadora Noelia Barbeito (FIT) encabezó la ...

Hoy al mediodía, Alfredo Cornejo tendrá una audiencia especial con la comisión de análisis de la reforma penal que sesionará en el Hotel Intercontinental. Ante el reclamo de las parlamentarias de izquierda y en medio de una andanada de críticas que el mismo mandatario lanzó contra el Poder judicial, él mismo advirtió que daría una primicia para los periodistas que lo escuchaban. 

“En el viejo Código (Penal) se trata de manera impropia a cómo se dan los abortos en general. Está desactualizado en un montón de temas, entre ellos, en el aborto no punible”, dijo el Gobernador.

Remarcó entonces que propondrá que en la nueva ley se modifique la calificación “para que las mujeres no sean penalizadas”. La afirmación de Cornejo parece estar en sentido contrario a la realidad que marca que aún la Provincia no tiene un protocolo de aplicación de la interrupción del embarazo, algo que establece un fallo de la Corte de la Nación.

Dijo el jefe de Estado provincial: “Estamos trabajando hace mucho tiempo sobre una cosa que sea consensuada, armónica, que no tenga conflictividad”. Queda en evidencia la incomodidad que genera esta medida entre los sectores de la salud pública involucrados, sin contar con la manifiesta resistencia de la Iglesia Católica y los grupos provida. Se infiere, entonces, que Cornejo ve más viable a largo plazo que el Código Penal de la Argentina contenga las condiciones fehacientes para la despenalización del aborto de modo reglamentado.